Anticapitalistas lanza una campaña para pedir un referéndum sobre vivienda y eléctricas. La CRT saluda la iniciativa y propone impulsar de forma unitaria consultas en todo el Estado, como se hizo en 2018 sobre la monarquía, como parte de una campaña para lograr que se realice un referéndum oficial como el que se acaba de realizar en Berlín. ¿A quién expropiar? ¿cómo hacerlo?
Miércoles 6 de octubre de 2021
Activistas por la vivienda celebran el histórico resultado del referéndum en Berlín por la expropiación de 240 mil viviendas de grandes tenedores / EFE
Este miércoles Anticapitalistas ha hecho pública una campaña y un manifiesto con el título “Decidamos”, con la que pretenden exigir al gobierno central la celebración de un referéndum sobre las viviendas vacías y las empresas eléctricas.
Ante la escalada histórica del precio de la luz, que acumula una subida de un 35% en el último año, y de los alquileres, que han subido más de un 50% en el último lustro, Anticapitalistas se pregunta “¿qué hay más trascendente ahora que regular el mercado eléctrico y el mercado de la vivienda?”, y propone someter a votación el apoyo o rechazo a “que las viviendas en manos de fondos buitres pasen a ser públicas” y “si las eléctricas deben pasar a ser propiedad social”.
Ponemos en marcha una campaña en todo el Estado para exigir que el Gobierno convoque un referéndum y que sea la ciudadanía quien decida de manera democrática sobre lo que nos afecta de forma directa en la vida cotidiana: el acceso a la vivienda y la electricidad. #DecidamosTodo pic.twitter.com/UzvVrN5iaZ
— Anticapitalistas #QuePaguenLosRicos (@anticapi) October 1, 2021
La campaña se ha lanzado con una propuesta a activistas y organizaciones a participar.
Lucía Nistal de la CRT: “Hagamos como en Berlín”
La idea de una consulta sobre dos de los problemas sociales más acuciantes de los últimos años ha sido también planteada por otras voces en las últimas semanas. El referéndum celebrado en Berlín el pasado 26S, en el que participaron más de un millón de personas y donde un 56,4% se pronunciaron a favor de que 240 mil pisos pasaran a ser de propiedad pública, ha sido sin duda una fuente de inspiración.
Lucía Nistal, portavoz de la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras (CRT), así lo planteaba en un video publicado esta semana en el que decía “hagamos como en Berlín” y proponía “impulsar consultas aquí sobre aquello que el gobierno, supuestamente “progresista”, no quiere ni oír hablar” y “preguntarnos ¿nacionalizamos las eléctricas bajo gestión de trabajadores y usuarios o dejamos que sigan haciendo lo que quieran? ¿expropiamos las viviendas de los especuladores o dejamos que sigan especulando con nuestro derecho a la vivienda?”.
Tras conocer la propuesta de Anticapitalistas, Nistal ha declarado: “me parece muy buena la idea de pelear y exigir un referéndum sobre ambas cosas” y ha recordado que “hace unos años logramos que las consulta sobre la monarquía se extendieran por decenas de barrios y universidades. Solo en las facultades participaron más de 10 mil estudiantes.”
Nistal, quien fuera la portavoz del movimiento de los referéndum universitarios desde la Plataforma Referéndum UAM, también ha planteado que “sería muy bueno poder debatir junto a las organizaciones que luchan por la vivienda, movimientos sociales y de la izquierda el contenido de las preguntas de una posible consulta para repetir la experiencia de las consultas sobre la monarquía, organizando unitariamente referéndum en todo el Estado”.
Ni un ápice de confianza en el gobierno “progresista”
Fortalecer la organización y movilización social es clave para un objetivo tan importante como enfrentar a las eléctricas o los grandes especuladores inmobiliarios. La consulta berlinesa no fue ninguna concesión del gobierno municipal de Berlín, sino que fue el resultado de una larga lucha del movimiento de inquilinos de la ciudad, que ahora tienen que luchar para imponerlos, ante un Senado que quiere dejarlo en el cajón y unos sindicatos que han mirado a otro lado.
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En este sentido, Nistal se ha mostrado crítica con algunas de las partes del manifiesto “Decidamos”: “me chirría la confianza en el gobierno ‘progresista’ que mantiene el manifiesto de Anticapitalista. No podemos ni esperar que lo conceda, ni que si lo logramos imponer respete el resultado. El Gobierno ‘progresista’ es también el gobierno de las eléctricas y los especuladores, eso lo tenemos que decir bien alto y no sembrar ninguna ilusión en que se trata de un ‘pobre’ gobierno que no puede actuar porque no le dejan.
Por ejemplo, las políticas en materia de vivienda o transición ecológica, no es que hayan sido ‘insuficientes’, como plantea Anticapitalistas. El Gobierno del PSOE y Unidas Podemos ha blindado las rentas de los grandes tenedores -como en el decreto sobre la moratoria parcial de los desahucios- y su gran proyecto, los Fondos Europeos, son un regalo de al menos 70 mil millones a las grandes empresas contaminantes”.
Hacía referencia a preguntas retóricas como “¿Por qué el gobierno iba a temer más a una consulta ciudadana que a los chantajes permanentes de las grandes compañías eléctricas y de los fondos buitres que arrasan nuestros barrios?” o “¿qué gobierno progresista sería capaz de no asumir un firme mandato popular?”
No cabe duda de que el PSOE, y Unidas Podemos subordinado a este partido, es uno de los grandes defensores del oligopolio eléctrico y del ladrillo. Alentar cualquier otra ilusión no puede sino debilitar la necesidad de prepararse para una lucha que, como en Berlín, sólo podrá obtener sus objetivos mediante una movilización independiente de este gobierno y los partidos que lo conforman.
¿A quién expropiar?
Anticapitalistas enmarca su propuesta en el artículo 92.2 de la Constitución y la Ley de Referéndum 2/1980, dos textos legales que habilitan al Ejecutivo a “convocar un referéndum consultivo sobre decisiones de especial trascendencia”. Sin quitarle a este respaldo jurídico ni un ápice de validez legal -recordarlo sirve de hecho para desnudar la nula voluntad del gobierno “progresista” a hacerlo-, el techo de la reivindicación no puede ser el actual marco legal y constitucional.
Tras la pregunta “¿Estás de acuerdo con que el gobierno ponga en marcha la legislación necesaria para asumir la propiedad social de las grandes empresas eléctricas y de las viviendas vacías de bancos y fondos de inversión a través de las siguientes medidas?”, se desgranan cuatro medidas: expropiación de viviendas vacías, gestión de las mismas para garantizar el derecho a la vivienda, prohibición de reprivatizarlas y socialización de las grandes empresas energéticas.
En ellas se limita la posible “socialización de las viviendas” a las que estén “en manos de grandes empresas privadas (Banca y Fondos de Inversión)” que “no cumplan con la función social de la vivienda”. La propuesta dejaría por fuera a aquellos pisos en manos de grandes tenedores individuales -que no son empresas- y que es justamente uno de los puntos que Anticapitalistas critica a la ley de alquileres del Gobierno. Para hacernos una idea, de 3 millones de viviendas en alquiler en el Estado español, solo 150 mil son propiedad de esas grandes empresas.
Por otro lado, quedaría por fuera precisamente todo este parque inmobiliario en activo -aquel que sí está habitado- de estos Fondos de Inversión y la Banca. Un punto que quedaría muy por detrás de la reivindicación de una buena parte del movimiento de la vivienda que defiende la expropiación del conjunto de las viviendas en manos de estos especuladores como base para la creación de un parque de alquiler público suficiente.
Para poder impulsar un fuerte movimiento unitario, es necesario un debate amplio y democrático tanto sobre el contenido de las preguntas de una posible consulta como sobre las medidas que pueden dar una salida de fondo a la crisis energética y habitacional.
Por una expropiación sin indemnización, para que esta crisis la paguen de verdad los capitalistas
¿Cómo se debería hacer la “socialización” de viviendas y empresas eléctricas? Como fundamento para esta propuesta, Anticapitalistas menciona el artículo 128 de la Constitución, que reconoce que “mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general”. Pero olvida que el artículo 33 de la misma Carta Magna exige que toda medida de este tipo debe realizarse “mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes”.
La cuestión de si se debe indemnizar o no a esos grandes tenedores o a los propietarios y grandes accionistas de las eléctricas no es menor. Una expropiación o intervención a golpe de desembolso de millones de dinero público sería inaceptable, otro trasvase de dinero público a las arcas de estos capitalistas mucho mayor que las ayudas de 250 euros al alquiler juvenil. De hecho “expropiaciones” así no serían las primeras, solo el SAREB se quedó con casi 80 mil inmuebles de la Banca a un coste/indemnización de 35 mil millones. Pagar a precio de indemnización las viviendas vacías de estos especuladores puede volver a ser un gran negocio. Pagar a las eléctricas el precio que determinen los mercados o los tribunales a su servicio puede ser el atraco final.
Para evitar estas trampas, o que el discurso de “nacionalización” sea la cobertura de nuevos rescates como vimos en la crisis de 2008, toda propuesta de socialización, expropiación o nacionalización de viviendas o las grandes empresas eléctricas debe dejar claro que debe ser “sin indemnización”. Esta es la única manera de que realmente, la crisis la paguen los capitalistas.
Exijamos un referéndum haciéndolo: retomemos el ejemplo de las consultas populares y universitarias
La realización de un referéndum sobre estas dos graves crisis sociales daría un gran espaldarazo a la lucha por estas reivindicaciones. “Si sumamos a miles o decenas de miles, al grito por la expropiación de los especuladores y las eléctricas, podemos poner en pie un gran movimiento que incluso imponga a los sindicatos que salgan de la pasividad y tomen estas reivindicaciones en sus manos para llevarlas a los centros de trabajo”, asegura Nistal.
Otros ejemplos recientes demuestran la potencialidad de esta política. Los mismos referendum sobre la monarquía, que en 2018 ayudaron a meter en agenda el cuestionamiento a una Corona a la que hasta Podemos había jurado lealtad. O yendo algo más lejos, las consultas por el derecho a decidir que en 2010 comenzaron a extenderse por pueblos y ciudades de Catalunya y que fueron los primeros pasos del movimiento democrático catalán que acabó estallando en 2012 y llegó a realizar el referéndum del 1 de octubre.
En este sentido la iniciativa de Anticapitalistas puede ser una buena oportunidad para abrir la discusión y conformar un amplio frente que promueva consultas por todo el Estado, como parte de una campaña el camino de lograr que se realice un referéndum oficial como el que se acaba de realizar en Berlín.
Que se abra el debate público sobre el contenido de las preguntas y cuáles deberían ser los pasos a seguir para que todos los barrios, facultades y centros de trabajo se llenen de urnas para decidir sobre la vivienda y las eléctricas.
Sin duda un movimiento así incomodará al Gobierno “progresista” y sus amigotes, como Miguel Carmona, de los grandes consejos de administración. Pero nada se ha cambiado en la historia sin “incomodar” a los poderosos. De eso se trata.
