Ayer a través de una carta pública de YPF respondía al fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó dar a conocer las clausulas secretas del “Acuerdo de Proyecto de Inversión” suscripto con la petrolera norteamericana Chevron, en un plazo de 30 días y reivindicó los beneficios del acuerdo.
Guadalupe Bravo Economista | @GuadaaBravo
Miércoles 11 de noviembre de 2015
El polémico acuerdo de YPF SA con la petrolera Norteamérica Chevron, que contempla la explotación de recursos no convencionales de gas y petróleo, en la formación de Vaca Muerta (Neuquén), y tiene múltiples cláusulas secretas, está de nuevo en cuestión.
Esta vez fue la Corte Suprema de Justicia, la institución que decidió dar luz verde al pedido iniciado por el senador Héctor Giustiniani luego de que YPF SA se negara a brindarle la información relacionada a prácticas medio ambientales que había solicitado; y ordenó a la “nacionalizada” YPF que dirige el camporista Miguel Galluccio, dar a conocer las cláusulas secretas del acuerdo.
Recordemos que lo que se presentó como una estatización de YPF en 2012 a través de la ley 26.741, fue en los hechos una “recompra” parcial del 51% del paquete accionario, antes en manos de la Repsol.
Los argumentos del fallo de la Corte
La decisión, firmada por los ministros Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda, señala que “la libertad de información es un derecho humano fundamental y que abarca el derecho a juntar, trasmitir y publicar noticias y contempla la protección del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado, que tiene por objeto asegurar que toda persona pueda conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan”.
También destaca que la empresa “desempeña importantes y trascendentes actividades en las que se encuentra comprometido el interés público, por lo que no puede admitirse, en el marco de los principios de una sociedad democrática, que se niegue a brindar información que hace a la transparencia y a la publicidad de su gestión”.
El Tribunal aclaró que YPF SA es la obligada por la normativa a garantizar el acceso a la información, por lo que no correspondía dar intervención en el juicio a Chevron Corporation, lo que generó el voto en disidencia de Elena Highton de Nolasco, quien declaró la nulidad de las actuaciones por considerar que si correspondía dar intervención a Chevron.
Los soldados de Chevron
El acuerdo YPF –Chevron se da sobre la base del decreto 929 firmado en julio de 2013, que estableció un “Régimen de promoción de inversión para la explotación de hidrocarburos”. El mismo aseguraba a las firmas que invirtieran por más de 1.000 millones de dólares que gozarían en 5 años “del derecho a comercializar libremente en el mercado externo el 20% de la producción de hidrocarburos” sin pagar derechos de exportación. Además, otorga la libre disponibilidad del 100% de las divisas provenientes de dicha exportación. Si no pudieran exportar por necesidad de abastecer al mercado interno, no perderán los beneficios prometidos: tienen el derecho de obtener por el 20% exportable el precio equivalente al de exportación sin ningún derecho de exportación. Aunque a cambio recibirán pesos, están expresamente a salvo del cepo cambiario para convertir a dólares el equivalente a ese 20% exportable.
En una escandalosa sesión de la Legislatura neuquina, con el repudio del diputado Raúl Godoy del FIT en el recinto, y represión en las puertas, se aprobó esta ley. Desde el gobierno de Cristina Kirchner, los soldados de Chevron iniciaron causas por “perturbación del ejercicio de funciones públicas y daño calificado” a los manifestantes que se pronunciaron es día contra la ley de entrega del petróleo a una multinacional norteamericana.
A dos años de aquella votación, Raúl Godoy decía "ratificamos la denuncia que hicimos hace dos años, hoy Neuquén vive una profunda polarización social, donde las petroleras hacen millonarios negocios mientras para los trabajadores y el pueblo de Neuquén lo único que crece es el costo de vida. Incluso con la caída del precio del petróleo a nivel internacional el costo lo pagan los trabajadores petroleros con despidos, suspensiones y liquidación de sus conquistas laborales, mientras las multinacionales siguen ganando".
Godoy agregó que "esta entrega de los recursos naturales va acompañada de la contaminación ambiental, agravada por la utilización del fracking como método de extracción de los hidrocarburos, y del desplazamiento y avasallamiento de los derechos del pueblo mapuche, como se ve hoy con el Lof Campo Maripe.”
Nicolás del Caño presentó en 2014 un proyecto de ley para renacionalizar el petróleo y el gas bajo control de los trabajadores, el único proyecto de ley alternativo al del gobierno que se presentó en el Congreso, y hoy nos seguimos manifestando en contra de aquel acuerdo.
Guadalupe Bravo
Nacida en Trenque Lauquen, Provincia de Buenos Aires en 1985. Es economista, recibida en la UBA. Miembro del Partido de los Trabajadores Socialistas desde 2004. Coedita la sección de Economía de La Izquierda Diario.
