Como consecuencia de la represión estatal ya son 21 las muertes en cárceles y comisarías desde que el Gobierno decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio. La pandemia empeoró las ya inhumanas condiciones de detención de las miles de personas encerradas en las cárceles y comisarías del país.
Miércoles 5 de agosto de 2020 13:47
La represión en las calles con decenas de casos de gatillo fácil, torturas y detenciones, repercute con fuerza dentro de las cárceles y comisarías.
Desde que empezó la cuarentena ya son 21 las muertes de las que el Estado es responsable.
Florencia Magalí Morales, quien fue encontrada muerta en una celda de la Comisaría N° 25 de la Localidad de Santa Rosa del Conlara de San Luis, Magalí Saraco tenía 26 años y estaba detenida en la Unidad Penitenciaria N° 40 de Lomas de Zamora, Federico Rey de 30 años en la Unidad Penal 23 de Florencio Varela, José Mario Candia de 22 años en la Unidad Penal 1 de Corrientes, Marcelo Montenegro y Jorge Yapura estaban presos en la Unidad Penal 1 de Jujuy, son algunas de veintiún víctimas de la violencia estatal hacia las personas privadas de su libertad.
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De acuerdo a datos de un informe elaborado por el Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia (CELIV), la mayoría de las personas detenidas cumple prisión por delitos menores, como robo y narcomenudeo.
El informe reveló, entre otros aspectos, que desde 2013 a 2019 la población carcelaria aumentó un 55%; que el 42% de ellos cursó estudios hasta la primaria; que el 39% son reincidentes y que el 72% de quienes ingresaron a la cárcel en los últimos 16 meses lo hicieron por delitos patrimoniales o vinculados a drogas, lo que confirma el dicho popular de que las cárceles están llenas de pobres.
Las comisarías
La sobrepoblación que desde hace años existe en las cárceles, además de hacer insoportables las condiciones de detención, que empeoran en pleno pico de contagios de Covid-19, tienen como una de sus consecuencias que las comisarías sean convertidas en lugares de detención, donde por meses y hasta años personas privadas de su libertad permanecen allí hacinadas.
Para abril de este año habían 4 mil personas detenidas sólo en dependencias policiales bonaerenses. En junio, esa cifra llegó 5.100 y actualmente, ronda las 5.300 personas. El hacinamiento en esos lugares en algunos casos supera el 300%, alcanzando un pico histórico.
Las cárceles
Los datos que se conocen respecto a la situación sanitaria en las cárceles ante la pandemia son escasos. La poca o nula información oficial muestra datos que parecen extremadamente bajos teniendo en cuenta las condiciones estructurales de las cárceles del país.
En la provincia de Buenos Aires el hacinamiento supera el 120% y la falta de higiene, las muertes por enfermedades prevenibles, la suciedad, las ratas, la falta de atención médica y acceso a medicamentos y elementos básicos de higiene hacen que el ingreso del virus se transforme en una bomba de tiempo que pone en riesgo la vida de miles de personas, encerradas sin condena en un 60 % de los casos.
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En abril de este año más de 1200 presos bonaerenses han iniciado huelgas de hambre, ante el peligro del ingreso del virus que provocaría un contagio masivo. En una de esas protestas fue asesinado por el Servicio Penitenciario bonaerense Federico Rey de 30 años, detenido en la Unidad 23 de Florencio Varela.
Por este crimen sólo fue removida la cúpula, pero ningún funcionario responsable por este crimen se ha pronunciado al respecto, ni el gobernador Axel Kicillof ni el Ministro de Justicia bonaerense Julio Alak emitieron sonido ante este crimen de Estado.
Haciendo un recorrido por 2019 puede verse que las protestas de las y los presos a partir de la pandemia tienen larga data sin ser resueltas y esa responsabilidad les cabe a todos los Gobiernos desde Vidal a Kicillof y todos sus antecesores tanto en la provincia como a nivel nacional.
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La desaparición de Facundo Astudillo Castro y la maldita bonaerense
Ante la desaparición de Facundo Astudillo Castro, la policía bonaerense (la misma que tortura en las comisarías) y funcionarios judiciales vuelven a estar en la mira. Este martes la familia del joven junto a sus abogados Leandro Aparicio y Luciano Peretto, presentaron un escrito pidiendo la imputación de quince personas y la detención de cuatro de ellas, entre funcionarios y policías bonaerenses.
Cristina, la mamá de Facundo señaló que, pese a que se digan preocupados, "nadie me ha llamado después de la última comunicación con el presidente", y apuntó a la responsabilidad del intentente Bevilacqua de Villarino, del Gobernador Axel Kicillof y del Presidente ante los casos de desapariciones en los últimos meses, y exige que cese el encubrimiento de la fuerza policial y salga a la luz qué pasó con Facundo: "Tengo la certeza de que los policías de Mayor Buratovich y Teniente Origone fueron los desaparecedores de mi hijo".
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