El semanario Proceso dio cuenta en su número 2191 de un nuevo caso de violaciones a los derechos humanos perpetradas por elementos de las Fuerzas Armadas. En esta ocasión fueron cuatro militares que secuestraron, torturaron y ejecutaron a siete personas en Zacatecas, en 2015.
La Izquierda Diario México @LaIzqDiarioMX
Lunes 29 de octubre de 2018
El semanario Proceso dio cuenta en su número 2191 de un nuevo caso de violaciones a los derechos humanos perpetradas por elementos de las Fuerzas Armadas en julio de 2015 en el municipio de Calera, en Zacatecas.
Según describen, la sentencia fue emitida el 13 de octubre luego de tres años de juicio, en una sala de oralidad del Centro de Justicia Penal Federal. Ésta declaró culpables a cuatro militares por delitos contra la administración de la justicia, desaparición forzada y el homicidio de un hombre, dos mujeres y cuatro menores de edad.
Con distintos criterios, las penas impuestas por cada una de las siete personas ejecutadas fueron de 22 a 30 años. Aplicando el artículo 25 del Código Penal Federal, el juez de Distrito evitó exceder la pena de 60 años, toda vez que la suma de las sentencias individuales fue de más de 200 años para cada uno de los militares involucrados.
Esta sentencia, sin embargo, genera distintos cuestionamientos. El principal salta a la vista al hacer un recuento de las acusaciones que pesan sobre los militares y las declaraciones de la Secretaría de la Defensa Nacional y es que en ningún momento dejó de darse por hecho que las víctimas tenían nexos con el crimen organizado y que el operativo y las ejecuciones se dieron en el marco de un acto de "justicia por propia mano" y no de una flagrante ejecución extrajudicial.
Así, a pesar de la condena, este caso tiene más similitudes con masacres como la de Tlatlaya, toda vez que la criminalización, el principio de "presunción de culpabilidad" y la ausencia de garantías individuales fueron elementos determinantes para el juicio, la sentencia y, sobre todo, en sus implicaciones para una realidad en donde las denuncias por violaciones a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas se cuentan por cientos.
La impunidad en los innumerables crímenes en los que se ha comprobado la participación del Ejército (Ayotzinapa fue uno de los de mayor impacto) es el principal antecedente en estos casos.
Es claro que para la administración federal saliente es importante enviar un mensaje de "resultados" contra la impunidad y es aún más importante para la administración entrante no arrastrar a su sexenio el costo por los miles de muertos, desaparecidos y víctimas de la violencia que, en su momento, impusieron la consigna de "¡Fue el Ejército!" junto a la de "¡Fue el Estado!".
La historia reciente nos ha enseñado que las investigaciones no serán independientes mientras los responsables tengan parte en su diseño y desarrollo. Quienes claman por justicia y quienes día con día sobreviven a la violencia en México no viven en casas blancas, ni son parte de esa lista de hombres que no tiene que migrar o viajar hasta cinco horas para trabajar, ni paga con la vida de sus hijos una guerra de la que, sin embargo, sí se beneficia.
Esta diferencia se expresa en que mientras la consigna de verdad y justicia y juicio y castigo a los responsables sigue irreductible para víctimas y familiares, partidos como Morena propongan una "reconciliación" y busquen, como partido gobernante, armonizar la coexistencia de instituciones como el Ejército con cifras históricas de violencia y sobrada evidencia de su responsabilidad en ella.
