MUNICIPALIZACIÓN DE LAS CONTRATAS. Zaragoza en Común: sobre pactos y municipalización

“Zaragoza en Común” (ZeC), que agrupa a IU, Podemos, Equo, Puyalón, Piratas de Aragón, Demos+, Somos e independientes, vio sus primeros inicios con el nombre de Ganemos Zaragoza. Conformado por activistas de los movimientos sociales y partidos de izquierda, es vista con ilusión por miles de jóvenes y trabajadores como una posible solución de los principales problemas sociales, laborales, de educación, sanidad o en relación a los desahucios. Esta ilusión se plasmó en las muestras de apoyo popular que se produjeron el día 13 de junio en la investidura del nuevo consistorio.

¿Pacto con la casta política?

Las pasadas elecciones municipales del 24M, el Partido Popular obtuvo 10 ediles, seguido por ZeC con 9, el Partido Socialista con 6, Ciudadanos con 4 y 2 la Chunta Aragonesista.

En distintas asambleas, los integrantes de ZeC decidieron pactar con el PSOE y CHA y asumir la alcaldía. Pero este pacto de investidura deja abierta la posibilidad de un pacto de gobierno, como así dijo recientemente el nuevo alcalde Pedro Santiesteve en una entrevista al Heraldo de Aragón. Respondiendo a la pregunta “¿Le gustaría que PSOE y CHA entraran en su Gobierno?” respondía “Habrá que hablarlo en las próximas semanas. Estamos abiertos siempre que nuestro programa se respete”. Sí ya de por sí el programa presentado por ZeC es muy limitado, con algunas reformas políticas regeneracionistas y reformas sociales respetuosas con la propiedad privada y los grandes intereses capitalistas, un posible pacto con el PSOE y CHA lo moderaría aún más todavía. Y es que no hay que perder de vista que estamos hablando de dos de los principales partidos de la casta de “izquierda” de la ciudad.

El PSOE, que ha gobernado esta ciudad durante las últimas legislaturas con el apoyo de CHA y de Izquierda Unida, ha sido el campeón de la especulación urbanística y de casos de corrupción como el caso PLAZA. Ha sido durante años el garante de proteger los grandes intereses especulativos de los “grandes de Zaragoza”, junto a CHA –que ocupó la Gerencia de Urbanismo en el momento más álgido de la burbuja inmobiliaria –. Estas fuerzas políticas han fomentado una situación catastrófica para miles de familias que se han quedado sin viviendas por desahucios, cuando en Aragón existen 100.000 viviendas vacías y una parte considerable de ellas están en propiedad de bancos como Ibercaja.

Desde este punto de vista es insuficiente la propuesta de ZeC de creación de un parque público con 5000 viviendas, sin plantearse avanzar en la expropiación de las viviendas en manos de los bancos con un alquiler social que no represente más de un tercio del salario.

Tanto el PSOE como CHA han sido los “protectores” y “padres” de la EXPO, el gran proyecto especulativo de los últimos tiempos. El PSOE no ha dudado tampoco en llevar adelante los recortes sociales en Zaragoza y mantener y fomentar la privatización de servicios públicos, externalizando y subcontratando servicios públicos y garantizando “contratos privilegiados” con las grandes empresas que hipotecan a la ciudad de Zaragoza.

No le han faltado políticas contra la juventud. PSOE y CHA han sido los padres de la UAPO –unidad policial de antidisturbios-, con mandos de la ex-UVE, un unidad de la local que también fundada por los socialistas en los 80 con mandos de la político social franquista y que tuvo que ser disuelta por el asesinato de un chaval de 16 años. La UAPO representa la persecución a la juventud sobre todo en sus lugares de ocio. Son conocidas sus redadas y operaciones en zonas de bares, contra jóvenes en los parques... Y han sido una pieza clave para que cada vez la juventud encontremos más difícil poder divertirnos sin estar preocupados porque venga la policía a multarnos, cachearnos o algo peor.

Santiesteve, en la entrevista a la que nos referíamos anteriormente, comentaba que no tiene sentido la UAPO porque ya existe la Policía Nacional, y que ZEC pretenden que “la organización policial girará hacia un modelo de gestión más horizontal, de intermediación y prevención”. No deja claro si disolverá la UAPO. Si se elimina, será un paso adelante, fruto de la victoria de los movimientos sociales que han estado pidiendo su disolución inmediata durante los últimos años. Pero no queda claro que sería de sus miembros, sobre los que pesan muchas acusaciones de malos tratos y palizas a jóvenes. ¿Van a cambiar de uniforme y unidad y ya está? Todo apunta a que esa policía “más horizontal y democrática” no pretende siquiera algo tan elemental como el juicio y castigo a los matones que llevan años amargando la noche a cientos de jóvenes.

Dado el historial que tienen el PSOE y CHA ¿Por qué pactar con estos partidos para la legislatura? Entre sectores de la izquierda zaragozana tiene peso el argumento de que, para echar al PP de los gobiernos, no queda otra que pactar con el “ala izquierda de la casta”. El problema es que este planteamiento ata de entrada a los llamados “gobiernos del cambio” a un cambiar algo para que lo fundamental continúe” y hasta las limitadas reformas que proponían en su programa pueden quedar en “agua de borrajas”.

Municipalización de las contratas del ayuntamiento

Uno de los puntos del programa de ZEC que más ilusión ha generado ha sido la promesa de municipalización de las contratas del Ayuntamiento. El número de contratas contratadas por el consistorio es todavía una incógnita. Hasta el punto de que el nuevo gobierno ha encargado una auditoria para saber exactamente cual el es volumen de externalización de servicios. Que no se sepa con certeza es una muestra más de hasta donde ha llegado esta práctica en las últimas décadas. Según el artículo, "análisis de la situación de las contratas del Ayuntamiento de Zaragoza", de la Gaceta Semanal de CCOO llamada “Trabajo Sindical” Número 65 del 25 de septiembre del 2014 se estima que pueden ser 120 empresas en las trabajan unas 4.500 personas. Esto supone entre el 25 del presupuesto del Ayuntamiento, es decir una cuarta parte. Son empresas que dan servicio en sectores tan diversos como el transporte, seguridad, jardines, limpieza, trabajos sociales en los barrios más deprimidos, equipamientos deportivos o culturales. Una gestión que fue privatizada por la vieja casta política y que supone miles de millones para grandes empresas en detrimento de mayores servicios sociales y económicos.

Según Jose Luis Muro, delegado de CGT en FCC Parques y Jardines, en muchas de estas contratas el beneficio industrial es el 15% y en otras del 6%, con altos gastos de empresa cuyas que llegan al 13% -lo que aumenta el beneficio empresarial-, con elevados sueldos de los directivos. A todo esto hay que sumarle el pago del IVA, por lo que se genera un coste extra del 40% de los contratos para las arcas municipales. Si el importe dedicado a las contratas es de 200 millones en los últimos presupuestos estamos hablando de un beneficio aproximado de unos 80 millones de euros para las empresas. ¿Cómo se ha llegado a esta situación? De la mano de partidos como el PSOE o el PP fundamentalmente.

La pregunta entonces es ¿cómo acabar con esta injusta situación de privatización de servicios? Y la respuesta la tienen los propios trabajadores y trabajadoras de las contratas que proponen su municipalización desde hace tiempo. Muchos de ellos creen que la llegada del nuevo gobierno puede abrir la oportunidad de que esta reivindicación de empiece a hacer efectiva. Para Jose Luis de FCC “en principio se ve voluntad política de intentar cambiar las cosas, de intentar garantizar el empleo y las condiciones de los trabajadores de las contratas, así como trabajar hacia el objetivo de la remunicipalización de los servicios externalizados”. Ya han transmitido al nuevo gobierno algunas demandas urgentes que podrían llevarse a cabo con bastante inmediatez como introducir clausulas sociales en los pliegos de condiciones que garanticen el empleo y las condiciones laborales de las plantillas, una auditoria de las grandes contratas o que se refuerce y cambie la inspección municipal, incluyendo la reestructuración de las áreas y sus responsables porque “es hora de romper la estrecha relación que mantienen algunos responsables con las grandes multinacionales, es decir una restructuración que signifique un cambio real, tanto en las estructuras como en las relaciones.”

En un sentido similar se pronuncia Javier Anadón, miembro del Comité de Empresa de AUZSA (transportes urbanos) por el CUT. Explica que en su opinión “la alternativa debe pasar indudablemente por la “gestión directa” de los servicios municipales, creando empresas públicas o facilitando la creación de cooperativas de trabajadores allí donde se pueda. Una gestión directa con participación vecinal, de trabajadores y de colectivos sociales”. Y también considera que “ZeC, el equipo de Gobierno actual en Zaragoza, es receptivo de estas reivindicaciones y esperamos que juntos podamos conseguir esta reivindicación que conseguiría que la gestión de los servicios públicos dejara de ser un negocio para la empresa privada”.

En el tema de la municipalización, como en otros muchos, las expectativas que despierta en nuevo equipo de gobierno en muchos luchadores sociales son muy grandes. Sin embargo, la línea de búsqueda de acuerdo con la vieja “casta progre” de la ciudad para gobernar y la estrategia de actuar dentro de lo jurídicamente posible, marca límites importantes a poder llevarse adelante una municipalización como la que se viene peleando.

De la mano de quienes han favorecido esos negocios millonarios (PSOE y CHA), va a ser de hecho casi imposible. Incluso, en el extraordinario caso de acepten un programa así, sólo lo harían imponiendo grandes indemnizaciones a los empresarios que se han estado beneficiando o que se haga a costa de los trabajadores. Por ello sorprende que Alberto Cubero, Concejal de Servicios Públicos y Régimen Interior y del Observatorio de las Contratas, haya puesto de ejemplo de esta política a la ciudad de León, gobernada por el Partido Popular. En León, se municipalizó el servicio de limpieza, pero a costa de la reducción del salario de los trabajadores entre un 20 y un 23%.

Uno de los argumentos que se esgrime por miembros de ZeC sobre este tema, es que hay que esperar a la finalización de los contratos para que “legalmente” se pueda municipalizar, sino el consistorio tendría que indemnizar a las empresas. En primer lugar hay que decir que los trabajadores/as no son responsables de los pactos realizados por la vieja casta política que hizo tratos con los grandes capitalistas, privatizando servicios básicos y necesarios.

Después de tantos años donde estas empresas han obtenido abultados beneficios, incumpliendo condiciones de trabajo y con políticas antisindicales, sería totalmente injusto de cara a los trabajadores que encima se indemnizase a la patronal. Y en segundo lugar, hay empresas cuyos contratos con el ayuntamiento ya expiraron hace meses, como es Ozanam o la contrata de Sacyr, dedicada a la ayuda a domicilio ¿Por qué no se puede decretar su inmediata municipalización?

La inmediata municipalización de las contratas es una necesidad, sin esperar a que se vayan acabando los contratos con todas empresas en servicio. Y debe hacerse sin indemnización a los capitalistas, manteniendo a todos trabajadores en funciones y mejorando sus condiciones de trabajo, en la perspectiva de establecer el control de todos estos servicios por parte de los propios trabajadores junto con las Asociaciones de Vecinos.