Los familiares de Ignacio Seijas, Fernando Leguizamón y Alan Maidana expresaron su solidaridad con las familias que luchan por tierra y vivienda en Guernica y otros puntos del conurbano.
Viernes 25 de septiembre de 2020 13:19
Desde el inicio de la cuarentena a la fecha fueron asesinados más de 100 personas con el gatillo fácil policial y las torturas seguidas de muerte en comisarías. También sufrimos la desaparición seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro. Todos jóvenes, todos hijos del pueblo trabajador.
Fotografía: Romina Vermelha - Enfoque Rojo
Estos crímenes del Estado fueron producto de los poderes especiales que le otorgaron los gobiernos nacionales, provinciales y municipales a las fuerzas de seguridad durante la cuarentena, que además fueron alentadas por las permanentes arengas pro mano dura de Berni y la derecha opositora. El nuevo Plan de Seguridad lanzado por Alberto Fernández y Kicillof, con un reforzamiento inédito en efectivos y equipamiento de la policía bonaerense, amenaza con profundizar este flagelo.
Ignacio Seijas, Alan Maidana, Fernando Leguizamón, todos de la Zona Sur del Conurbano, son parte de esos pibes que sufrieron el gatillo fácil durante la cuarentena. Sus familiares y amigos en medio del dolor tuvieron que salir a luchar por justicia y contra la brutalidad policial.
Como parte de esta pelea comenzaron a participar de los Encuentros de trabajadores promovidos por el Movimiento de Agrupaciones Clasistas, de Encuentros y Plenarios estudiantiles y convergieron en la Jornada Nacional de Lucha del último 17 de septiembre con todos los agraviados durante esta cuarentena. Allí también convergieron con las familias que luchan por tierra y vivienda en Guernica y otros puntos del conurbano.
Fotografía: Romina Vermelha - Enfoque Rojo
Ese encuentro en la calle, en la lucha, les permitió ver el rostro de esas 2500 familias que hoy luchan en Guernica por tierra y vivienda y que se replican en decenas de miles en distintos puntos del conurbano. También les permitió entender que esas mismas fuerzas represivas que hirieron o mataron a sus familiares también son utilizadas por el gobierno para reprimir a los trabajadores y los sectores populares cuando salen a reclamar sus legítimos derechos.
Ante la situación que se vive en estos días en la toma de Guernica, con la postergación del desalojo, que de todas maneras se realizaría el 1 de octubre, y los intentos del gobierno de desgastar y dividir la lucha, los familiares de Ignacio, Fernando y Alan expresaron su postura solidaria.
Marina es la mamá de Ignacio Seijas, de 17 años, que el 20 de junio perdió un ojo por los balazos recibidos por policías que entraron, por equivocación, a allanar su casa en Villa Albertina. En relación a las amenazas de desalojo y al hostigamiento que pesa sobre las tomas de tierras, sostuvo: “Apoyo a las familias de Guernica.
Para mi deberían enviar ayuda a esas familias en lugar de policías para reprimirlos”.
Walter es un obrero de Cresta Roja que viene luchando hace años junto a sus compañeros en defensa de su fuente laboral. Es el tío de Fernando Leguizamón de 31 años, y con cinco hijos, que el 22 de junio fue acribillado en Quilmes por el policía bonaerense Rodrigo Valdez.
Fotografía: Romina Vermelha - Enfoque Rojo
Acerca de las familias que luchan por tierra y vivienda Walter planteó: “Repudiamos la represión que le quieren hacer sufrir a la gente de Guernica por la toma de tierras Consideramos que es un derecho tener una vivienda digna. Desde ya nuestro apoyo. No al desalojo de las familias de Guernica”.
Mariana es la mamá de Alan Maidana, que tenía 19 años cuando el 24 de mayo el efectivo de la policía federal Germán Bentos lo mató por la espalda cuando volvía a su casa de Berazategui, después de ver a su novia.
En medio del dolor ante los cuatro meses del crimen de Alan, Mariana dijo respecto a la toma de Guernica “Apoyo a las tomas y repudio a la represión que pueden llegar a sufrir. Que se pueda resolver Son familias que realmente necesitan un lugar para vivir.
Los familiares de víctimas del gatillo fácil hoy estamos unidos con los trabajadores y estudiantes que toman como propia la lucha por tierra y vivienda en el camino de dar una salida obrera y popular a la crisis.
En este marco, y como sostuve en distintas entrevistas que me realizaron durante la semana, no podemos aceptar que se criminalice a familias que se quedaron sin trabajo en la pandemia y que por lo tanto no pudieron afrontar el pago de un alquiler, ni de comida para sus hijos. Estamos hablando de un derecho humano básico que tiene rango constitucional. Desde el 20 de julio vienen exigiendo una vivienda digna y lo único que se han encontrado hasta ahora son las amenazas de la Intendenta Blanca Cantero del Frente de Todos y de la Justicia así como los permanentes aprietes de la policía bonaerense. No puede ser que se inviertan 37 mil millones de pesos para fortalecer a la policía asesina de tantos pibes con el gatillo fácil y no se disponga ese dinero para construir viviendas y crear fuentes de trabajo. Tampoco puede ser que en la Legislatura bonaerense se vote una ley contra los desalojos y no se incluyan las tomas de tierras. El gobierno provincial de Kicillof promete “Censos” para los ocupantes, intenta dividir la lucha, pero no de una salida concreta. En realidad, la única salida que dio el gobierno provincial hasta ahora a esta problemática fue la represión como vimos en Victoria y González Catán.
Es necesario pelear para que se declaren de utilidad pública los terrenos y sean expropiados por el Estado como parte de un plan de urbanización y vivienda. Este plan se puede financiar con el impuesto a las grandes fortunas La propuesta presentada por el Frente de Izquierda permitiría recaudar por lo menos seis veces más que el proyecto oficial propone que parte de lo recaudado sea destinado a la construcción de 100 mil viviendas.
Al mismo tiempo que nos solidarizamos con las familias y exigimos una urgente solución al gobierno, llamamos a todos los sindicatos, centros de estudiantes, organizaciones sociales, organismos de derechos humanos a pronunciarse y movilizarse para evitar que se ahogue con la represión el justo reclamo de tierra y vivienda.
Carla Lacorte
Carla Lacorte nació el 4 de enero de 1971 en la Ciudad de Buenos Aires. Su padre Miguel Angel murió fusilado en el Estadio Nacional de Chile en septiembre de 1973 tras ser detenido mientras resistía el golpe de Pinochet en el Cordón Industrial de Vicuña Mackenna. Junto a su madre, que escapaba de la represión del Proceso, se radicó en Quilmes. A la salida de la dictadura tuvo una activa participación en el centro de estudiantes del Colegio Nacional de esa ciudad. Integra el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos y milita en el PTS desde el año 2000. Estudiaba Ciencias (…)