Cristina Fernández firmó ayer un decreto que pone fin a la detracción por parte de Nación del 15 % de los fondos coparticipables para fondear a Anses, que se realizaba desde 1992. Preocupación y sorpresa en el entorno de Macri. El impacto sobre las jubilaciones.
Esteban Mercatante @EMercatante
Martes 1ro de diciembre de 2015 12:29
Según pudo conocerse en el Boletín Oficial de hoy, Cristina Fernández firmó ayer el decreto 2635/2015, que pone fin a la detracción por parte de Nación del 15 % de los fondos coparticipables para fondear a ANSES, que se realizaba desde 1992. El decreto se conoce una semana después del fallo de que la Corte Suprema diera a conocer un fallo en favor de las provincias de Santa Fe, Córdoba y San Luis, en una demanda que estas presentaron en 2006 contra el gobierno nacional, declarando incostitucional esta detracción de fondos coparticipables. Ahora Cristina no sólo decidió acatar el fallo de la Corte, sino que le devuelve los fondos al resto de las provincias.
El impacto fiscal de la medida no es para nada menor. Según el decreto “la masa de recursos brutos coparticipables por parte de la ANSES proyectada para el año 2015, asciende a la suma de $ 98.182 millones sobre un total de $ 638.664 millones, representando un 15 % de los recursos totales del organismo, poniéndose de manifiesto con lo expuesto la magnitud de la incidencia de los ingresos involucrado”. Como proporción de la recaudación total por parte del Estado Nacional representa un 7 %.
El decreto fue recibido con sorpresa e inquietud por parte de los designados funcionarios de la administración entrante. El futuro ministro de Trabajo, Jorge Triaca, quien calificó la decisión de la Presidenta como “un golpe muy fuerte” para los recursos que administra la ANSES. Triaca cuestionó a Cristina por su decisión: “Es una de las tantas cosas que ha hecho el Gobierno en el momento de irse para dejar más complejidad a los que vienen. Tenemos que ver cómo es la determinación del fallo, más allá de lo que haya firmado la Presidenta. Nos dejan un escenario complejo y lleno de pequeñas grandes trampas”.
Este decreto recorta una de las armas con las que Macri apuntaba a contar en la negociación que está obligado a encarar con los gobernadores peronistas para lograr el funcionamiento aceitado del parlamento, donde deberá lidiar en la cámara alta con una mayoría peronista. Si el fallo de la Corte Suprema de la semana pasada había sido un guiño a las provincias, que limitaba las cartas con las que contaría la administración entrante en la mesa de negociación, el decreto publicado hoy refuerza aún más la posición de los gobernadores.
La primera víctima serán los haberes jubilatorios
En términos fiscales, Macri ya había anticipado dos resoluciones que anticipaban un recorte de los ingresos fiscales. La elevación del Mínimo no imponible de Ganancias, hasta un monto probablemente ubicado en $ 30 mil, y la disminución de retenciones para la soja, así como su directa eliminación para el maíz y el trigo. Todo esto hacía prever que el próximo gobierno aplicará recortes fiscales, que podrían ir más allá del anticipo de disminuir fuertemente los subsidios económicos.
Con la resolución tomada por Cristina, la primera consecuencia recaerá sobre el monto de los haberes jubilatorios. Esto es algo que dice el mismo decreto, cuando se refiere a las implicancias del fallo de la Corte del martes 24/11 sosteniendo que “está llamado a producir un drástico cambio en el reparto de la coparticipación y una brusca disminución de los ingresos para la seguridad social, afectando incluso los índices de movilidad jubilatoria, la asistencia a las cajas de regímenes no transferidos, condicionando de ese modo a la totalidad del sistema provisional de reparto y a las prestaciones de la seguridad social”. Según la Ley de Movilidad Jubilatoria, la actualización de los haberes que se realiza cada seis meses, depende tanto de la evolución de los precios como de la variación de los ingresos del ente previsional. Como estos registrarán una severa disminución a partir de lo resuelto en el decreto, podemos esperar que en la primera actualización del año próximo la “movilidad” de las jubilaciones sea elevada. Para este ajuste, el gobierno de Macri no tendrá que hacer ningún cambio ni tomar ninguna resolución especial, sino limitarse a cumplir la ley que se aprobó durante el mandato de Cristina Fernández.
La primera víctima de la incipiente batalla por el reparto de la torta fiscal, serán entonces las jubilaciones.
