Día Internacional de los Derechos Humanos. Libertad a los presos políticos, juicio y castigo a los represores, no a la militarización del Wallmapu

El gobierno de Gabriel Boric hizo campaña electoral y asumió su mandato hablando de la prisión política de la revuelta. Conocidas son las fotos de personeros de gobierno, como la propia vocera Camila Vallejo, con pancartas exigiendo la libertad de los presos políticos, antes de que asumiesen sus cargos.

Ese discurso parece haberse olvidado, ya que al día de hoy niegan la existencia de prisión política, el Estado de Chile se mantiene como querellante en las causas de la revuelta, decenas de presos políticos continúan encerrados en las cárceles del país y se mantienen abiertos procesos judiciales en contra de tantos otros más.

Pareciera que Chile es un emblema de la impunidad. Como si fuera una paradoja, este 10 de diciembre es el aniversario de la muerte del dictador Augusto Pinochet, quien falleció con 300 causas pendientes de crímenes de lesa humanidad. Actualmente, esta tónica se repite y en el gobierno de Boric con la impunidad de los responsables políticos y materiales de los criminales de lesiones, mutilaciones, abusos, torturas, ejecuciones y muertes durante las manifestaciones de la rebelión de Octubre. Un ejemplo de ello es el general de Carabineros Ricardo Yáñez, quien durante el 2019 tuvo el cargo de Director Nacional de Orden y Seguridad, puesto en el que entregaba los balances semanales de quienes infringían el toque de queda.

Pero eso no es todo. Este gobierno ha gobernado con la agenda de la derecha, lo que se ha visto reflejado duramente en el territorio mapuche, donde han mantenido la militarización del Wallmapu, extendiendo permanentemente el Estado de Excepción y encarcelando a dirigentes mapuche como el caso del vocero de la CAM, Héctor Llaitul, para quien fiscalía pide 25 años de prisión por sus dichos, en una clara operación política en contra de dicha organización.

Al mismo tiempo la represión no ha cesado contra luchas obreras como contra los trabajadores de ENAP o contra los liceos de estudiantes secundarios, donde hemos visto brutales imágenes de entrada de carabineros a establecimientos educativos como el Liceo Manuel Barros Borgoño o el Instituto Nacional.

Por otra parte, los responsables políticos y materiales de la represión y las violaciones a los Derechos Humanos durante la revuelta se mantienen en una abrumante mayoría en absoluta libertad. Significativo es el caso del propio Sebastián Piñera, a quien Gabriel Boric lo “amenazó” de estar avisado porque sería perseguido judicialmente por su responsabilidad política en las masivas violaciones a los Derechos Humanos durante la rebelión, cuestión que el actual Presidente parece haber olvidado, ya que ha sido invitado a actividades de Estado como la inauguración de la estatua del golpista Patricio Aylwin.

La política del gobierno de Boric hacia la reparación de los derechos humanos durante la rebelión y hacia las víctimas de la represión de la dictadura es completamente insuficiente. En primera instancia busca sostener la confianza en la instituciones del Estado con un discurso "participativo" mientras que , la decisión por "juicio, castigo y verdad" no pasa ni por las víctimas ni tampoco por la voz de las organizaciones históricas de derechos humanos.

La impunidad ha sido siempre el sostén de las injusticias posteriores, como ocurrió durante la transición pactada, que permitió que el dictador Pinochet se mantuviese al mando del Ejército de Chile y luego fuese senador de la República, mientras las familias buscaban a sus familiares detenidos desaparecidos, lo que facilitó la profundización del modelo neoliberal en el país y el saqueo.

Por eso la situación actual de los Derechos Humanos en Chile es preocupante. Es claro que no podemos confiar en este gobierno, que parece gobernar para la derecha y los poderosos, a la hora de luchar por justicia, verdad, reparación y castigo a los responsables.

En este día tan significativo el llamado es a buscar la más amplia coordinación de organismos de Derechos Humanos, históricos como nuevos, organizaciones de izquierda, familiares de presos políticos y asesinados por las fuerzas represivas, para luchar por las demandas básicas que enfrenten la impunidad y la injusticia en estos casos de violaciones a los DD.HH.

Por eso, este 10 de diciembre, mantenemos en alto las banderas por la libertad de los presos políticos de la revuelta, el retiro de las querellas de parte del Estado y el indulto presidencial individual a cada uno de los presos políticos, así como la exigencia de la libertad a los presos políticos mapuche que al día de hoy mantienen una huelga de hambre que agrava sus malas condiciones de salud, enfrentan un trato vejatorio, discriminatorio y racista de parte del Estado de Chile. A su vez, es necesario luchar por poner fin al criminal Estado de Excepción en territorio mapuche y a la brutal represión del Estado contra las comunidades,

Exigimos que haya juicio y castigo a los responsables políticos de las violaciones a los derechos humanos durante la rebelión popular, partiendo por el mismo Piñera, los ex ministros del Interior Andrés Chadwick, Gonzalo Blumel y Víctor Pérez, y el ex intendente Felipe Guevara, entre otros, así como contra los cabecillas de Carabineros en aquel momento como Ricardo Yañez o Mario Rozas, y también a los responsables materiales miembros de las Fuerzas Armadas y policiales que salieron a reprimir al pueblo, generando prisión política, asesinatos, torturas, mutilaciones y traumas oculares.

A la vez que nos sumamos a las demandas históricas de verdad, justicia y reparación por las familias y las víctimas de la dictadura militar de Pinochet, exigiendo que las Fuerzas Armadas y en particular el Ejército rompa con sus pactos de silencio para saber dónde están los detenidos desaparecidos y que paguen los culpables.

¡No a la impunidad!
¡Juicio y castigo!
¡Toda la verdad, toda la justicia!