Crisis sanitaria. 612 nuevos contagios y cerca del 87% de ocupación de camas UTI en Bahía Blanca

Fuente de imagen: Municipio Bahía Blanca

Sin medidas de fondo ante esta crítica (y anunciada) situación, parece cada vez más lejano el reciente anuncio del intendente Héctor Gay sobre el visto bueno que dio el Gobierno de Kicillof al pedido del municipio para volver a fase 3 el próximo lunes 31, levantando restricciones y volviendo a las clases presenciales (con la condición de que la ocupación de camas no supere el 80%).

Recordemos el reciente cierre de la guardia del Hospital Municipal por su saturación durante 48 hs en las que sólo recibirían "códigos rojos" (situaciones de riesgo de vida). Esto se suma a los numerosos comunicados de trabajadores de la salud expresando preocupación y solicitando a las autoridades medidas urgentes.

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En los hospitales de la ciudad la situación es crítica, con %86,8 de ocupación, de las 76 camas UTI disponibles quedan disponibles sólo 10. Pero la intención de los Gobiernos parece ser navegar la crisis sin tomar definiciones que puedan torcer el rumbo.

No hay anuncios para reforzar con personal y recursos al sistema sanitario, mejorar las condiciones de trabajo de la agotada primera línea, ni aumentar fuertemente los testeos para poder detectar y aislar casos asintomáticos y contactos. Tampoco existen ayudas económicas reales, como un IFE de $40 mil pesos para que las y los trabajadores desocupados y precarios puedan resguardarse, ni a pequeños comerciantes que no pueden sostenerse ante esta situación. Esto claramente es utilizado en el discurso de sectores como "Bahía despierta", coordinada con"Médicos por la verdad", que realizan convocatorias contra las restricciones con un perfil liberal, de derecha y negacionista de la pandemia.

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Parece que el rumbo elegido ante la crisis apunta a resguardar a las grandes cadenas comerciales y empresas locales y multinacionales. Y no tocar un peso de las ganancias del Puerto, que tanto en 2020 como en 2021 tuvo también números récord en sus operaciones, contrastando tanta abundancia con la crítica situación sanitaria, habitacional y socioeconómica de la región. Sería urgente establecer un impuesto de emergencia sobre la ganancia de las grandes empresas del Puerto y el Polo: los recursos existen pero la gerencia estatal defiende intereses contrarios a los de las mayorías trabajadoras.

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