El pasado 04 de febrero se cumplieron 20 años de uno de los casos más atroces que remeció a Argentina. El brutal hecho que develó la complicidad de las instituciones que perpetúan y mantienen la impunidad.
Domingo 28 de febrero de 2021
Natalia tenía 15 años cuando el 4 de febrero de 2001, mientras regresaba a su hogar en la localidad de Miramar, ciudad costera situada en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. La joven fue abordada y secuestrada por efectivos de la Policía Bonaerense que la obligaron mediante golpes a subir a una camioneta perteneciente a esa fuerza, quienes la torturaron, violaron y asesinaron.
Estuvo desaparecida cuatro días, durante los que su familia, amigos y toda la comunidad la buscó desesperadamente, junto a la misma policía responsable de lo sucedido, aún sin tener conocimiento de su participación. En ese momento fue esa misma fuerza represiva la que se encargó de difundir y armar pistas falsas para desviar la atención, métodos muy comunes de la policía, incluso lo hemos podido ver en Chile con montajes y pruebas falsas.
El 8 de febrero su cuerpo fue encontrado por un joven que paseaba por el lugar, el que se suponía que “ya había sido rastrillado” por el personal judicial y policial que participaba de la búsqueda.
Entre septiembre y octubre de 2002 se llevó a cabo un primer juicio, que incluyó 110 testigos y un colosal trabajo pericial, el Tribunal en lo Criminal N°2 de Mar del Plata condenó a dos sargentos y un cabo por el asesinato de Natalia.
El Tribunal Oral condenó a los policías Oscar Echenique, Ricardo Anselmini y Ricardo Suárez a reclusión perpetua - 25 años de cárcel –, como coautores de los delitos de "privación ilegítima de la libertad agravada, abuso sexual agravado y homicidio triplemente calificado por ensañamiento, alevosía y en concurso de dos o más personas". También se condenó a Gustavo “el Gallo” Fernández a 25 años como entregador de Natalia, aunque esa pena luego fue reducida a 10 años.
En el cuerpo de Natalia se encontraron cinco restos de ADN distintos. Tres correspondían a los policías que fueron condenados en este primer juicio. Otro de los ADN correspondía al policía Ricardo Panadero, que en esta instancia judicial fue sobreseído. Y un quinto ADN que aún no se pudo identificar a quién pertenece.
El mismo tribunal ordenó en 2002 continuar con la investigación de por lo menos dos hombres más. Uno de ellos es el expolicía Ricardo Panadero, quien fue parcialmente identificado a partir de las muestras de semen tomadas en las pericias. No obstante, posteriormente fue absuelto.
“A partir de los informes que surgen por este último pedido de prisión domiciliaria, la familia toma conocimiento que en un oficio del 2014 del Juzgado de Ejecución Penal Nº 1 de Mar del Plata se indica que los condenados en el año 2022, al cumplir 20 años de condena, se encuentran habilitados a acceder a la libertad condicional (dos condenados en junio de 2022 y otro en septiembre de ese mismo año). La condena es por reclusión perpetua con accesoria, lo cual implica condena hasta el 2027. Es por ello, que este punto es de máxima preocupación para la familia.”
Recordar el caso de Natalia es volver a repasar la pelea incansable de su familia, amigos y todos quienes se manifestaron exigiendo justicia, convirtiendo su nombre en un símbolo de lucha.
Son miles de mujeres y niñas que son asesinadas en manos de femicidas, en todo el mundo y día a día. La respuesta ante esto no solo han sido movilizaciones y organización, como ocurrió en Chile con el caso de Antonia Barra, pero también ha aumentado la búsqueda de justicia por medio de medidas punitivas y confianza en los sistemas judiciales de los distintos países y sus gobiernos. Sistemas judiciales patriarcales que culpabilizan a las víctimas y naturalizan las agresiones sexuales, la violencia hacia las mujeres y los femicidios.
Por eso en mira de lo que será un nuevo 8 de marzo nuestra pelea debe ser de conjunto contra el sistema patriarcal y capitalista. Acompañando el legítimo reclamo de justicia para las víctimas de femicidios, o agresiones de carácter sexual, al igual que exigir al Estado el cumplimiento de políticas de atención integral a las víctimas de violencia antes de que se transformen en víctimas fatales, denunciar constantemente la revictimización provocada por los propios agentes del Estado al momento de dar testimonios, continuar exigiendo la legislación de derechos de carácter fundamental de los que aún somos privadas millones de mujeres en estas democracias capitalistas, son una lucha legítima por mejorar la vida de millones de mujeres.
Pero debemos ir más allá, el movimiento de mujeres ha demostrado su fuerza, redoblada a partir de la rebelión de octubre, con masivas movilizaciones en todo el país. No podemos quedarnos en el marco judicial, debemos enfrentar al sistema patriarcal y quienes lo sostienen.
