Hace 44 años, el 24 de enero de 1977, a las 22:30 horas de la noche se personaron en un despacho de abogados laboralistas en la calle Atocha tres pistoleros de Fuerza Nueva y dispararon a bocajarro contra todas las personas que se encontraban en ese lugar. Como consecuencia de los disparos murieron los abogados Enrique Valdelvira Ibáñez, Luis Javier Benavides Orgaz y Francisco Sauquillo, pero también el estudiante de derecho Serafín Holgado y al administrativo ángel Rodríguez Leal. Además, fueron gravemente heridos Miguel Sarabia Gil, Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell, Luis Ramos Pardo y Lola González.
Sábado 23 de enero de 2021
Compañeros de los abogados asesinados portan el féretro de una de las víctimas de la matanza. El 26 de enero de 1977, dos días después del atentado, se celebró el funeral, que estuvo acompañado por una masiva manifestación.
Es importante recordar estos hechos, no sólo rendir homenaje a los que su lucha en defensa de los trabajadores les llevo a sacrificar sus vidas, sino porque este hecho luctuoso tuvo importantes consecuencias en el proceso de crisis que se vivía en España desde la muerte de Franco, tanto por parte de la clase dominante en su planes de mantener su régimen como por parte de la principal organización de la clase trabajadora en ese momento, el Partido Comunista de España (PCE).
El asesinato de los abogados laboralistas provoca un punto de inflexión en el momento político. El contexto social previo a la matanza, era una movilización ascendente de la clase obrera, en Guipúzcoa y Vizcaya hubo más de 250.000 huelguistas por la amnistía de los presos políticos, huelgas en el Transporte de Madrid y en la enseñanza, y el 22 de noviembre, la clandestina Coordinadora Sindical (formada por CCOO, UGT y USO) convoca una huelga general seguida por 2.000.000 huelguistas, la mayor movilización obrera desde la III República.
Todo ello mientras las Cortes franquistas aprobaban una ley para la reforma política, en la cual se adopta un plan en el que asumen como única opción convocar elecciones con partidos políticos legalizados, para evitar el colapso del Régimen, ratificando ese plan mediante la convocatoria de un referéndum para legitimar esa reforma controlada del régimen. Su obsesión era canalizar el descontento social para que no fraguase en un estallido revolucionario. Pero este proyecto no era unánime dentro de la clase dominante, sectores del franquismo no aceptan la reforma, consideran que el sistema puede resistir el embate obrero conservando el régimen fascista, preparando para ello fuerzas de choque.
El aparato represivo, el ejército, la Guardia Civil y la policía, junto con Falange y otros grupos fascistas surgidos, como Fuerza Nueva, organizan bandas de matones y pistoleros para enfrentarse a las movilizaciones y atacar a sus participantes, aunque se encubren con distintos nombres (Batallón Vasco Español, Guerrilleros de Cristo Rey, etc.), todos encubren una participación directa del Estado en los mismos, que les proporcionan armas e impunidad en sus acciones. El día antes de la matanza de Atocha, el 23 de enero, un fascista argentino asesina de un disparo en la espalda al estudiante Arturo Ruiz en una manifestación pro amnistía. Al día siguiente, en una protesta contra este joven asesinado, la policía asesina a María Luz Nájera, también estudiante. Ese mismo día a la noche, es cuando los pistoleros perpetran la matanza de Atocha.
Cuando se hace pública la noticia del asesinato de los abogados, se desencadena la movilización obrera. La noticia del asesinato de los abogados hace estallar la indignación en los barrios obreros de Madrid. En sus las tapias aparecen pintadas llamando a la huelga general firmadas por el PCE y CCOO. Pero esta respuesta desencadenada por los trabajadores y militantes de base de esas organizaciones se contrapone con la posición de los dirigentes, que llaman a “no responder a la provocación”. Esto es, no responder con la principal arma de que disponen los trabajadores, la huelga. Aun así, la cifra de huelguistas alcanza la cifra de 300.000, por paros espontáneos. La fuerza de los trabajadores y trabajadoras movilizadas se visualiza en la manifestación del entierro de los abogados, con varios cientos de miles. Pero en este evento también la dirección del PCE impone su posición: organiza un fuerte servicio de orden que encuadra la manifestación y obliga a que la misma se desarrolle en silencio y sin pancartas reivindicativas.
El enorme malestar de la clase trabajadora no se traduce en un movimiento de fuerza contra las actuaciones de las bandas fascistas y por la obtención de la libertad sindical, pues los sindicatos siguen siendo clandestinos en esos momentos, ni por la obtención de la legalización de las organizaciones antifranquistas; y ello es así gracias a la política adoptada por el PCE, que no cuestiona el proceso de reforma política que impulsaba el gobierno de Suárez.
Una cuestión queda clara: el PCE es capaz de contener la movilización espontánea de amplios sectores obreros, así como de imponerles una movilización controlada y sometida a límites establecidos desde arriba, que no excedan del apoyo a los planes “reformistas” del Régimen; de forma que dicha movilización quede encuadrada en los márgenes de la presión, sin cuestionar al gobierno de Suárez. Amplios sectores de la burguesía se dan cuenta entonces que el apoyo del PCE es imprescindible para la victoria del plan de reforma del régimen, e inevitablemente se convencen de la necesidad de su legalización, aun siendo conscientes de posibles resistencias de los sectores legados al Estado y al ejército.
Es así que el PCE reconduce la situación, del asesinato de los abogados a la legalización del partido. Ante esa situación la dirección del PCE mueve ficha, entra a negociar con el Gobierno Suárez, y como concesiones a su legalización como partido acepta no cuestionar la monarquía de Juan Carlos I y la unidad de España, simbolizada por la bandera roja y gualda, renunciando en la práctica a plantear la república como forma de estado y el derecho a la autodeterminación de los pueblos como respuesta a la articulación del Estado.
El 9 de abril de 1977, aprovechando las vacaciones de Semana Santa, se legaliza el PCE, de forma que podrá participar en primeras elecciones democráticas previstas para el mes de junio. Esta decisión del gobierno provocó la dimisión del Ministro de Interior, Manuel Fraga -que fundará el partido del que surgirá más tarde el PP- y el ministro de Marina, el Almirante Pita de Vega. En la comparecencia a la prensa del secretariado general del PCE, Santiago Carrillo, hay colgada en la sala una bandera roja y gualda, y el Comité Central del partido, reunido precisamente el 14 de abril de 1977, decide que “en todos los actos organizados por el PCE, ondeará, junto con la bandera del Partido, la bandera nacional”. Los militantes del PCE que acuden a los actos de celebración de la legalización con banderas republicanas son duramente reprimidos por el servicio de orden del partido, bajo la acusación de “elementos provocadores”.
Homenajear a los abogados asesinados no puede impedir hacer un balance crítico de la “Transición democrática”. Recordar a los abogados laboralistas asesinados por el fascismo durante la transición y manifestar el rechazo, no puede impedir que se interpreten los hechos que ocurrieron como un elemento que forzó la legalización del PCE dentro de un plan general de estabilización y reforma controlada del Régimen franquista. Un plan que tuvo como contrapartidas que el PCE apoyara la Transición y defendiese al gobierno de Suárez, encargado de aplicarlo, renunciando a las reivindicaciones de la República y de la autodeterminación de los pueblos, que fueron básicas durante la Guerra civil.
Con todas esas concesiones el PCE ansiaba alcanzar posiciones institucionales como las que, en aquellos momentos disponían el PC de Italia o el de Francia, de forma que, en un momento dado, consiguieran acceder a la institución más alta del Estado español: el gobierno. Por ello, cuando los ministros de Unidas-Podemos, y especialmente los miembros del PCE y de IU, hacen declaraciones pidiendo la moralización de la monarquía actual y la penalización de los comportamientos del rey emérito, y manifestando ser partidarios de la República, pero de forma platónica, esto es, dejando la concreción de esta forma del Estado para un futuro lejano e indeterminado, en realidad lo que están haciendo es mantener la misma actitud que tuvieron en el momento tan sensible como fue inmediatamente después de la matanza de Atocha. Con la diferencia respecto a la actualidad que en aquel momento la monarquía española era débil y prescindible en los planes de reforma del régimen tardo franquista. Y que afortunadamente el PCE ya no es lo que era y las masas explotadas de todo el Estado más temprano que tarde terminará de hacer su experiencia con el neorreformismo, dando lugar a una recomposición revolucionaria de la clase trabajadora.
