Es una obviedad que la historia no se repite. Tan cierto como que expone algunos patrones comunes. Estos días de Javier Milei muestran algunas similitudes con los que atravesó Mauricio Macri en diciembre de 2017. En aquellas jornadas, a pesar del triunfo que obtuvo el macrismo con la aprobación del cambio en la fórmula de movilidad jubilatoria, el expresidente enterró su sueño de reformismo permanente al empantanarse en el Congreso su intento de lograr una amplia contrarreforma laboral y otra tributaria. El gobierno de Milei aún no se vio obligado a deponer, de conjunto, su proyecto de reformas antiobreras. El desplume de la Ley Ómnibus (LO) corrió por cuenta de intereses corporativos de sectores empresariales y de los gobernadores. Pero muchos de los ataques contra las mayorías populares siguen en pie.

El miércoles 27 de diciembre de 2023, el gobierno presentó la LO. El mamotreto contenía 664 artículos que pretendían derogar o modificar más de 300 leyes. En la negociación la LO se fue desplumando. El viernes 27 de enero, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que el oficialismo retiraba el capítulo fiscal: el blanqueo de capitales para evasores de impuestos y fugadores de capitales, afuera; la moratoria impositiva y laboral, afuera; las modificaciones en el impuesto a los bienes personales en beneficio de los más ricos del país, afuera; retenciones, afuera; cambios en la fórmula de movilidad jubilatoria, afuera.

Parecía un gobierno caprichoso que incluso dejaba afuera algunos puntos que los diputados dialoguistas y los gobernadores apoyan: Miguel Ángel Pichetto había afirmado que un blanqueo y una moratoria no se le niega a nadie. Sin embargo, este y otros temas fueron sacados de la LO antes o después del anuncio de Caputo. Las negociaciones posteriores condujeron a que la votación en general de la LO, realizada este viernes 2 de febrero, fuera (si los cálculos no salen mal, porque ni el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Ménem, sabe bien qué votaron) sobre 363 artículos: es decir, 301 artículos menos en comparación con la redacción original.

La votación en particular, que comenzará el martes 6 de febrero, es muy probable que resulte en un deshilachado mayor de la LO. O incluso que incorpore beneficios para las provincias en términos de coparticipar el Impuesto PAIS o de saquear el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES (es decir, de los jubilados).

Los gobernadores actuaron en defensa de los ingresos provinciales, pero también de las grandes exportadoras de cereales y oleaginosas (Bunge, Cargill, etc.), negociando para que no les suban los aranceles de exportación, justo en un año donde van a vender mucho. El agronegocios gana por partida doble: ya había sido beneficiado por la devaluación que implementó el ministro de Economía, Luis Caputo, y que le permitió aumentar sus ingresos un 118 % en un solo acto. Se trata de la mejor “paritaria” de la era Milei. Otro tanto ocurre con los grandes industriales exportadores, que también evitaron pagar más retenciones por sus ventas externas y fueron beneficiados por la devaluación.

El Milei prepotente, que insulta a todos, que no negocia con nadie, que acusa a sus eventuales aliados políticos de extorsionadores, que habla de valijas de dinero que presuntamente recibieron quienes votaron su ley, en la negociación por la LO aparece como un “León” domesticado por la casta política que defiende los intereses del gran capital. Parafraseando a “Etiqueta Negra” de Los Redondos, si su nariz crece de tamaño, Milei promete más.

La élite económica del país comparte los objetivos que tiene el libertariano detrás de la declaración de guerra a la clase trabajadora, por eso la Asociación Empresaria Argentina (AEA) consideró que la aprobación de la LO “representa un paso muy importante". Pero, esa misma clase empresarial no parece dispuesta a hacer el más mínimo “sacrificio” para el ordenamiento económico que busca su gobierno, como se verifica en el rechazo del agronegocios a una suba moderada de retenciones o en el lobby de los ingenios azucareros.

Con el paro de mediodía del 24 de enero los especialistas en cualquier cosa calcularon lo que se “perdía” por el parate en la producción. Confesión de que los empresarios no son héroes, como afirmó Milei en Davos, sino que viven de la explotación, del no pago del trabajo ajeno. Si las trabajadoras y trabajadores no están, el mundo no se mueve. El paro, a pesar de los límites impuestos por la cúpula de la CGT, hay que contabilizarlo como una de las impugnaciones políticas a la LO y al DNU. El paro fue convocado por una CGT más proclive a la procrastinación que el propio expresidente, Alberto Fernández. La cúpula burocrática se “despabiló” (al punto que abrió una cuenta de Instagram cuya primera publicación es del 23 de diciembre de 2023) porque el DNU toca pilares fundamentales de los derechos laborales, pero también les quita poder económico.

La masiva movilización del 24 de enero también mostró que la clase trabajadora tiene músculo y reflejo para la defensa de sus intereses colectivos. Se mostró falso aquello de que “no daba la relación de fuerzas”. Es el mantra que elaboró prolijamente el peronismo para que se instale como sentido común la miseria de lo posible, el ajuste menor frente a uno mayor, lo implacable de los hechos consumados.

De remate

A pesar de los pasos hacia atrás del gobierno, en términos económicos, en la LO todavía perduran capítulos centrales para el saqueo sobre las mayorías trabajadoras, sobre las jubiladas y jubilados y sobre el ambiente que intenta La Libertad Avanza. El saqueo a las mayorías es lo que contiene en esencia la LO. No tiene nada a favor de los de abajo.

Entre otros, perdura el capítulo de vuelta a los noventa con las privatizaciones. En la redacción original, se sometían a privatización 41 empresas. En las primeras instancias de la negociación quedó afuera YPF. Además, 3 empresas pasaron a ser sometidas a privatización parcial “debiendo el Estado Nacional mantener la participación mayoritaria”. Se trata del Banco de la Nación Argentina, Nucleoeléctrica Argentina y la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (ARSAT). No obstante, una parte del capital accionario de estas empresas podría pasar a manos del capital financiero en el casino de los “mercados”.

Fue llamativo el señalamiento del diputado de Unión por la Patria, Carlos Heller, durante el debate del día miércoles 31 de enero. Dijo que “sacar a YPF es casi una cargada, porque YPF ya es una empresa privada; es una sociedad anónima con mayoría estatal. Lo que hicieron con YPF es lo que están proponiendo para el Banco Nación, Nucleoeléctrica y ARSAT, es decir, pasarlas a un régimen privado”. Es llamativo porque resulta un señalamiento caro el relato soberanista del kirchnerismo con relación a YPF, aunque la empresa tenga, hace tiempo, entre sus accionistas a fondos especulativos imperialistas.

Para dejar tranquilas a las almas republicanas, la redacción de la LO también incorporó controles parlamentarios a través de una “Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones” creada por el artículo 14 de la Ley N.° 23696 de la Reforma del Estado menemista. Finalmente, para la votación en general, el oficialismo bajó del listado de privatizables al Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), a la Casa de la Moneda y algunas empresas localizadas en las provincias: como la minera YMAD de Catamarca y la Fábrica Argentina de Aviones de Córdoba. La votación en particular podría arrojar nuevos cambios en el listado de empresas privatizables. Como sea, la mayoría de los bloques colaboracionistas están dispuestos a allanar el camino a las privatizaciones que sueña el presidente libertariano.

Las privatizaciones son un botín apreciado por el capital financiero internacional. De hecho, el Financial Times señala que el economista en jefe de Allianz dijo: "Me ha sorprendido lo positivos que son algunos banqueros respecto a las ’teorías económicas’ de Milei [...] Me pregunto si no se trata de puros intereses creados: el olor de una gran ola de privatizaciones que se avecina y sus mandatos de banca de inversión". Si avanza el plan de Milei, Argentina no será más libre. Por el contrario, será más dependiente de las potencias imperialistas que buscan avanzar más que en la actualidad (de las 500 grandes empresas del país, cerca de 75 % de la facturación corresponde a empresas extranjeras) en el control de sectores estratégicos. La reunión virtual de Milei con Larry Fink, el CEO del fondo buitre denominado BlackRock, tal vez tenga que ver con estas intenciones.

Sobre el endeudamiento público, la LO propone dos cambios centrales. Por un lado, busca derogar el Artículo 1° de la Ley 27.612 (Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública) impulsada por el exministro de Economía, Martín Guzmán: allí se establece que cada Ley de Presupuesto General debe definir un porcentaje máximo para la emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación extranjera respecto al monto total de emisiones de deuda autorizadas para un determinado ejercicio anual. En caso de superar el porcentaje máximo, el Ejecutivo ya no tendrá que recurrir a pedir autorización al Congreso.

Es claro que el Congreso no es ninguna salvaguarda para los intereses de las mayorías: allí se aprobaron todos los presupuestos de ajuste, el pago a los fondos buitre e incluso el endeudamiento que pactó Guzmán con el FMI (con una mayoría de votos del extinto Juntos por el Cambio). Sin embargo, con los cambios propuestos en la LO se busca dejarle las manos más libres al ministro de Economía, Luis Caputo, uno de los responsables del megaendeudamiento durante el macrismo, el impulsor del bono a cien años y denunciado en 2018 por Milei por la ejecución del préstamo con el FMI. En aquel entonces, el actual presidente afirmó que "Caputo se fumó 15 mil millones de dólares de las reservas irresponsablemente y nos dejó este desastre de las Leliqs. Uno de los grandes desastres del Banco Central lo hizo Caputo en dos o tres meses”. Ahora, las fuerzas del cielo le indicaron que podía hacer mejor su tarea.

Por otro lado, la LO, al reformar el artículo 65 de la Ley 24.156 (Administración Financiera y Sistemas de Control) intenta remover el criterio que existe en la actualidad que establece que en las reestructuraciones de deuda se debe verificar “un mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales”. Es una práctica común considerar que, al menos, deben cumplirse dos de los tres criterios (tasa de interés, plazo o monto de la deuda) para la reestructuración de deuda.

Está claro que la existencia de estas pautas no garantiza mejores condiciones de vida para el pueblo trabajador. La deuda es un mecanismo de dominación por parte del capital financiero internacional. Su historia desde la dictadura cívico militar de 1976 hasta la actualidad está plagada de operaciones fraudulentas que están entre las causas que llevaron a que la pobreza alcance a la mitad de la población en la actualidad: nacionalización de deuda privada al finalizar la dictadura; plan Brady con el menemismo; blindaje y megacanje con la Alianza; reestructuraciones de 2005 y 2010 durante el kirchnerismo; pago a los buitres, bono a cien años, préstamo más grande de la historia del FMI durante el macrismo.

La deuda pública está plagada de operaciones fraudulentas. Por lo cual, la única política justa es declarar el desconocimiento soberano para destinar los recursos que en la actualidad son saqueados por la élite financiera, nacional e internacional, a atender las necesidades más urgentes del pueblo trabajador.

¿Dónde está el ancla?

El programa no tiene ancla. En esta definición insistían muchos economistas de diversas vertientes para criticar el esquema económico que estableció La Libertad Avanza. Señalaban que el plan económico no se puede sostener solo en un programa fiscal sin tener una política de ingresos que desindexe la economía. El gobierno se atrincheró en el ancla fiscal con la idea de que la reducción del déficit presupuestario le permitiría bajar la inflación y ordenar la economía.

Al anunciar Luis Caputo el retiro del capítulo fiscal de la LO es probable que los “mercados” comiencen a mirar con mayor recelo al gobierno, aunque Milei siga jurando que va a ajustar a todo el mundo hasta que duela. Al diciembre de 2017 de Mauricio Macri le siguió, en abril de 2018, la corrida cambiaria impulsada por J.P. Morgan, el principal banco estadounidense y exempleador de Caputo: fue la manifestación más clara de que el capital financiero dejaba de confiar en la capacidad del gobierno para imponer sus políticas. Esperar y ver.

En función de los cálculos que presentó el Ministerio de Economía en diciembre de 2023, el gobierno resigna un 1,5 % del PIB por el abandono del capítulo fiscal de la LO. Pero, tal vez, no sea tan así: el “ahorro” en jubilaciones y pensiones estimado originalmente en 0,4 % podría ser superior. Que el oficialismo haya retrocedido en la movilidad propuesta en la LO no es equivalente que haya depuesto la idea de ajustar a los jubilados y jubiladas.

Los jubilados, entre diciembre de 2023 y marzo de 2024, van a ver retroceder el poder de compra de sus haberes al menos un 24 %. Esto lograría Milei sin hacer nada, solo valiéndose de la fórmula de movilidad vigente desde el Gobierno de Alberto Fernández. Incluso, la pérdida podría ser mayor según los escenarios de inflación que se vislumbren. La deficiencia de la fórmula del anterior gobierno fue señalada por el Frente de Izquierda al reclamar una garantía que impida la pérdida de poder de compra frente a la inflación. El rechazo del anterior oficialismo no fue casual: con la fórmula todavía vigente lograron que las jubilaciones fueran unos de los principales ítems de ajuste.

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Haberes jubilatorios y salarios son las principales variables de ajuste. En noviembre de 2023 (último dato disponible), el poder de compra del salario de todos los segmentos de trabajadores y trabajadoras se ubicó por debajo del nivel que exhibía en diciembre de 2019 (asunción de Alberto Fernández): privado registrado (-2 %); público (-4 %); informal (-27 %). La pérdida en relación a octubre de 2015 es más profunda, gracias al impacto de las medidas del gobierno de Mauricio Macri: privado registrado (-24 %); público (-29 %); informal (-50 %).

Entre trabajadores y trabajadoras formales (tanto del sector privado como público), el impacto sobre el poder de compra causado por la devaluación y la disparada inflacionaria solo durante diciembre alcanzaría unos 7 puntos porcentuales adicionales en el caso que sus salarios reproduzcan la inflación del mes previo (noviembre). Hay varios gremios grandes que en las negociaciones de enero lograron recuperar algo o todo de la inflación galopante desde que asumió Milei. No es el caso, obviamente, de los informales, desprovistos de mecanismos de actualización: solo en diciembre el retroceso del poder de compra de sus salarios podría alcanzar los 10 puntos porcentuales. A esto habría que agregar la inflación de enero de 2024 y los meses siguientes.

En la defensa del poder de compra ya no es suficiente la actualización por inflación que incluso puede tornarse lo “normal” en las negociaciones paritarias, sino también la recuperación del poder de compra perdido y tomar referencias de lo que se necesita para vivir: nadie debería cobrar menos que la canasta de pobreza valorada en cerca de $ 500.000 en diciembre; pero la perspectiva debería ser alcanzar una canasta de consumos mínimos de $ 773.000 (que incluye, por ejemplo, el pago de un alquiler), según calculó ATE Indec, para los trabajadores y trabajadoras activos.

La inflación no es un fenómeno natural. Es cierto que viene con inercia por la mala praxis de los últimos gobiernos, pero La Libertad Avanza hechó leña al fuego y colocó en un nivel superior la suba de precios gracias a la devaluación y a la desregulación de algunos mercados a través del DNU diabólico, que les dio más poder a los dueños de todo para que desaten sus espíritus animales y remarquen sin límites prepagas, alquileres, naftas, entre otros tantos productos y servicios. Otro tanto ocurrirá con las tarifas reguladas: el Staff Report del FMI, en la reciente séptima revisión del acuerdo (había sido pactado por Guzmán en 2022), señala que habrá un aumento inicial de 200 % en electricidad y de al menos 150 % en gas. El objetivo es bajar el “gasto” en subsidios.

El principal logro económico del Gobierno de Milei hasta el momento es haber podido juntar algo más de U$S 6.000 millones en el Banco Central. Este logro es al costo de una recesión que se acentúa y frena las importaciones. No obstante, las reservas netas siguen en terreno negativo. Milei se ilusiona con que la acumulación de reservas y la limpieza de pasivos de la entidad monetaria por la vía de su licuación inflacionaria lo acercan a la tierra prometida: la dolarización. O, tal vez, a una variante más atenuada con una competencia de monedas que algunos economistas asocian al éxito que otros países latinoamericanos tuvieron en el combate a la inflación. Esa licuación del pasivo del Banco Central la pagan, mayormente, las clases medias por la vía de la licuación de sus ahorros colocados en plazos fijos que pierden frente a la inflación. Pero el problema de la dolarización no se reduce a un problema de ingeniería monetaria como pretende Milei o sus antiguos inspiradores, como Emilio Ocampo, ahora caído en desgracia.

La dolarización implicaría un terremoto mayor que el provocado en los primeros meses de gobierno libertariano. Su mera agitación, como hace Milei nuevamente, podría hacerle perder el control de la gestión de la crisis que atraviesa el país: podría surtir el mismo efecto que se temía durante las elecciones del año pasado, que la perspectiva de dolarización provoque una corrida cambiaria imparable y un salto al vacío de la hiperinflación.

Por el momento, la dolarización no es la perspectiva de la élite económica del país, por lo cual el libertariano no tiene el camino despejado. Pero el esquema económico de Milei y Caputo tiene una fuerte contradicción que puede llevar a otro salto devaluatorio más pronto que tarde: con un aumento del dólar oficial pautado en el 2 % mensual mientras la inflación corre diez veces más rápido, a un ritmo de al menos el 20 % mensual, el tipo de cambio se torna cada día que pasa menos sostenible y, fundamentalmente, menos atractivo para los exportadores.

En particular, entre los agroexportadores no hay pruebas, pero tampoco dudas, de que ya existen presiones por una suba del dólar oficial. Incluso, el Staff Report del FMI señala “que la política cambiaria debería continuar asegurando los objetivos de acumulación de reservas”. Traducido al castellano, es una invitación a devaluar para que el dólar no resulte barato para realizar importaciones, cuestión que acelerará todavía más el alza de precios. Significa sacrificar la actividad económica en favor de juntar dólares para pagar la deuda que el Fondo considera “sostenible, pero no con alta probabilidad”.

La devaluación que sugiere el organismo multilateral contribuirá a que el pago de la deuda sea más insostenible: es que buena parte de la deuda está dolarizada o indexada por inflación y no se licúa tan fácilmente como los depósitos de los ahorristas o las Leliq. No solo eso: hacia fin de año, pero en especial durante 2025, el país deberá enfrentar pagos muy altos de deuda en dólares.

La principal ancla que tiene el esquema económico para frenar la inflación, aunque el gobierno no lo manifieste así, es la recesión inducida. Desde los meses de marzo y abril de 2023, el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) exhibe datos de retroceso moderado en la actividad. Todavía no hay información oficial del INDEC, pero todo indica que las estadísticas de 2023 mostrarán una caída de la actividad económica algo mayor a 1,3 % interanual.

Hay otros datos, aunque parciales, que señalan que la recesión se está profundizando. Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas cayeron 13,7 % anual en diciembre y cerraron 2023 con una baja de 3,4 %. Información periodística recoge que las ventas de los supermercados bajaron 12 % en la primera quincena de enero y las ventas de combustibles bajaron hasta 20 %. Otro tanto se señala sobre una temporada de verano con menor actividad en los centros turísticos.

Tal vez el pronóstico del FMI, conocido esta semana, se quede corto. La caída de la actividad de 2,8 % esperada por el organismo multilateral para 2024 podría ser más profunda por los propios efectos de la política económica. Los primeros damnificados serán los sectores informales, los que viven de changas y pequeñas industrias y comercios. Pero también puede llegar a afectar empresas de mayor dimensión.

No solo eso. Como en otras experiencias de ajuste profundo, no se puede descartar que el frágil esquema económico bosquejado por el gobierno se muerda la cola. Es lo que puede ocurrir si la recesión reduce los ingresos del fisco en una proporción mayor que el ajuste del gasto que se está ejecutando. Esto “obligaría” a nuevas rondas de ajuste y a profundizar la recesión. Milei dice que no hay Plan B. No quiere, no puede, no lo dejan, darse cuenta que el Plan A ya se está quemando durante los dos primeros meses de gobierno.