Mientras el oficialismo sostiene que la medida es a causa de un incremento de los delitos cometidos por menores, las estadísticas demuestran todo lo contrario. El sector más vulnerable de la sociedad, el que más sufre la crisis vía ajuste y represión, es puesto como blanco de estigmatización y pasa de ser víctima a victimario.
Sábado 19 de enero de 2019 13:17
Desde los primeros días del 2019 el Ministerio de Seguridad encabezado por Patricia Bullrich viene proclamando su intención de bajar la edad de imputabilidad a los 15 años. Incluso se anuncia que la medida, apoyada por el Ministerio de Justicia y el conjunto del Gobierno nacional, podría ser tratada en el Congreso durante las sesiones extraordinarias de febrero. El argumento dado por el oficialismo es un incremento de los delitos cometidos por menores, supuestamente sostenido “por estadísticas”. Empecemos entonces por ver algunos números.
Ya en 2017 el porcentaje de desocupación entre los jóvenes de la Provincia de Buenos Aires era del 26 por ciento y difícilmente se haya reducido. Más bien todo lo contrario. Los que tienen la suerte de conseguir trabajo lo hacen en condiciones de precarización extrema. Según un estudio de abril de 2018, del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, 6 de cada 10 chicos menores de 17 años son pobres. Como lo indican las fechas, este panorama escalofriante es previo al estallido de la crisis económica y social que vive la Argentina y que se encuentra en curso.
Lo sorprendente, teniendo en cuenta esta realidad donde se agudiza la miseria y la presión a delinquir por desesperación (la mayor parte de las veces impuesta por las llamadas "fuerzas de seguridad" como en el caso de Luciano Arruga), es que sólo el 0,4 % de las condenas registradas por el propio Ministerio de Justicia de la Nación en 2016 pertenezcan a menores de 16 años y que en 2017 en la Provincia de Buenos Aires sólo el 3,2 % de las denuncias involucren a los menores.
Mientras tanto, según la CORREPI, el 50% de los casos de gatillo fácil policial tienen como víctimas a los menores de 25 años. Contrastando las estadísticas puede verse a las claras que el sector más vulnerable de la sociedad, el que más sufre la crisis vía ajuste y represión, es puesto como blanco de estigmatización y pasa de ser víctima a ser victimario.
Hay que decir que el gobierno de Cambiemos no está innovando en la materia. La última dictadura cívico militar bajó la edad de imputabilidad a los 14 años desde 1976 a 1980, cuando se sancionó la normativa vigente. Ya en 2009, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la baja de edad de imputabilidad, nuevamente a los 14 años, tuvo media sanción en el Senado, pero nunca llegó a ser tratada en Diputados. Desde ese entonces dirigentes del PJ, el kirchnerismo y el massismo, entre otros, han retomado el discurso punitivista contra la juventud cada vez que la economía entraba en crisis y en casi todas las campañas electorales.
Tomando en cuenta los antecedentes citados no son pocos los que opinan que tanto la baja de edad de imputabilidad, como la resolución de Bullrich que legaliza la doctrina Chocobar, el intento de introducir el uso de las pistolas Taser para las fuerzas federales y la posibilidad de expulsar extranjeros son sólo un perfil electoral.
Para responder tendríamos que pensar en el corto y en el mediano plazo. En este último caso la crisis económica y social en curso, los tarifazos, el ajuste brutal que exige el Fondo Monetario Internacional, van a profundizar la bronca obrera y popular, mal que le pese a las centrales sindicales que reemplazan con “procesiones” el plan de lucha que se necesita para frenar esta catástrofe.
Por eso el gobierno, gane quien gane este año, salvo que rompa con el Fondo y haga pagar la crisis a los empresarios nacionales y extranjeros, va a tener que apelar a un férreo control social sobre las y los jóvenes y a reprimir las luchas del pueblo trabajador como hace muy poco hizo Vidal con las trabajadoras y trabajadores de Siam y los obreros de Cresta Roja para “mantener la gobernabilidad”. En este sentido el paquete represivo de Bullrich es más que un perfil de campaña.
Sin embargo, para poder aplicar semejantes atropellos a las libertades democráticas el gobierno tiene que romper una correlación de fuerzas que aún no pudo superar desde su asunción en 2015. Desde el famoso protocolo “antipiquetes” hasta el 2x1 a para favorecer a los genocidas, sólo por citar algunos casos, todos los aprestos represivos del macrismo fueron derrotados por la movilización obrera y popular. Por eso sí, en este sentido y en el corto plazo, las medidas de Bullrich tienen un claro perfil electoral.
La demagogia punitivista de campaña apunta a varios objetivos: El primero, y harto obvio, es intentar sacar del centro del debate las nefastas consecuencias del ajuste, algo que el tiempo dirá si pueden lograr.
En segundo lugar apunta a retener al sector más fascistoide del electorado macrista, que puede verse seducido a votar, efecto Bolsonaro mediante, a un postulante más de derecha que el propio presidente.
El tercero es desnudar las contradicciones flagrantes del kirchnerismo en estas cuestiones. Desde el llamado a un Frente Patriótico con políticos como Pichetto, que reivindican la xenofobia, o Massa que llama a militarizar las villas, hasta un devenir en donde el discurso en defensa de los derechos humanos se contrapuso durante años con la votación de las leyes represivas de Blumberg, la llamada Ley Antiterrorista o el ya nombrado impulso de la baja de edad de imputabilidad por la propia Cristina Fernández.
No es casual que los dirigentes de Unidad Ciudadana evadan el tema o lo consideren “fuego de artificio electoral” sin pronunciarse sobre la cuestión de fondo. El único que se posicionó claramente -por derecha- fue el ex carapintada y actual precandidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires por UC y ex Secretario de Seguridad estrella de CFK, Sergio Berni. Célebre por sus brutales represiones a los obreros de Lear y por las detenciones masivas de desocupados, para ser llevados a Campo de Mayo, en un contexto de crisis económica y social mucho menos grave que el actual.
Sea cual sea el objetivo inmediato de las medidas nombradas es un deber de los organismos de derechos humanos, las organizaciones obreras y estudiantiles y los partidos políticos que no comulgan con la represión de Estado enfrentar estos aprestos reaccionarios que acompañan como la sombra al cuerpo a las medidas de ajuste y miseria.
Carla Lacorte
Carla Lacorte nació el 4 de enero de 1971 en la Ciudad de Buenos Aires. Su padre Miguel Angel murió fusilado en el Estadio Nacional de Chile en septiembre de 1973 tras ser detenido mientras resistía el golpe de Pinochet en el Cordón Industrial de Vicuña Mackenna. Junto a su madre, que escapaba de la represión del Proceso, se radicó en Quilmes. A la salida de la dictadura tuvo una activa participación en el centro de estudiantes del Colegio Nacional de esa ciudad. Integra el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos y milita en el PTS desde el año 2000. Estudiaba Ciencias (…)
