Organizado por el Colectivo por la Restitución de Derechos a Sobrevivientes del Provolo, se realizó una concentración en la Legislatura mendocina. Exigieron la eliminación del Concordato entre la Iglesia Católica y el Estado Argentino y un dispositivo interdisciplinario específico de atención integral para los sobrevivientes y sus familias
Lunes 20 de noviembre de 2017 12:30
A un año de las denuncias por abusos a niños y niñas sordas en el Instituto Provolo de Mendoza, sobrevivientes, familiares y organismos de DDHH se concentraron en las puertas de la Legislatura de Mendoza. Allí realizaron un acto, donde hablaron ex estudiantes del instituto y familiares de las víctimas de los abusos allí cometidos. Además, se leyeron poemas de artistas locales solidarios con la lucha por verdad y justicia que llevan adelante.
El Colectivo por la Restitución de Derechos a Sobrevivientes del Provolo, está integrado por Sobrevivientes y Familiares del Próvolo en Mendoza, la Asociación Padres Autoconvocados de Niños, Jóvenes y Adultos con Discapacidad, la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico de Argentina y la Asociación para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos Xumek, entre otros.
Desde el Colectivo, denunciaron las prisiones domiciliarias con las que fueron beneficiados el sacerdote Nicola Corradi y la monja Kosaca Kumico. "Estas fueron otorgadas a pesar de las manifestaciones de peritos y de víctimas que se opusieron a este privilegio", denunciaron sobre el estado de la causa, que cuenta con 15 imputados, de los cuales 7 tienen prisión preventiva.
También denunciaron los intentos de desprestigio a los y las interpretes de lenguas de seña que vienen acompañando a las víctimas en sus declaraciones ante la justicia. "El verdadero objeto de esta campaña es deslegitimar los testimonios de las víctimas ante la sociedad y golpear una vez más a quienes fueron tantas veces vulnerados mediante la revictimización", aseguraron los familiares en un comunicado.
En el comunicado leido, aseguraron que "las acciones del Papa Francisco han sido meramente discursivas en cuanto a la búsqueda de verdad y de inadmisibilidad de la pedofilia dentro de la iglesia". Vale recordar que desde la Iglesia, se habían designado a un grupo de sacerdotes para seguir la causa y al monseñor Bochatey como “comisario apostólico”. Sin embargo, los abogados de las victimas habían denunciado que la comisión eclesiástica había accedido de manera irregular a la causa y que estaban "investigando a las víctimas". Los familiares de las victimas aseguraron este domingo que "el Vaticano en lugar de favorecer la investigación y prestar la colaboración a la que se comprometió públicamente al organizar una comisión investigadora con dos enviados y el posterior envío de un Comisario apostólico para el Instituto Próvolo, el obispo Alberto Bochatey han protagonizado hechos que demuestran en la práctica las intenciones de silenciar a las víctimas y proteger a los acusados y a la institución".
Las víctimas y sus familiares exigieron que se debe desmontar el sistema de encubrimiento que aún hoy permanece en hechos tan graves como lo es el abuso sexual eclesiástico. Por lo tanto, exigieron al Estado nacional la eliminación del Concordato entre la Iglesia Católica y el Estado Argentino con la derogación de la ley 17032.
Además, exigieron se establezca un dispositivo interdisciplinario de atención integral para los y las sobrevivientes y sus familias. "El objetivo de ese dispositivo debiera ser restituir derechos vulnerados atendiendo a las necesidades económicas, educativas y sociales de cada sobreviviente y familia para garantizar su plena inclusión social", exigieron en el documento leido. Para ello, las familias reclaman la inclusión en políticas sociales para los sobrevivientes, tales como: acceso a AUH con discapacidad, pensión no contributiva, activación del Programa Incluir Salud si lo requiriera sin ningún tipo de demora. También se debe garantizar los medios económicos que garanticen la participación de los sobrevivientes y sus familias en todas las instancias del proceso judicial (traslados, viáticos, etc.).
A la convocatoria adhirieron también el Sindicato de trabajadores de la Educación de Mendoza SUTE, FADIUNC, el Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos y ADETEPS. También participaron los abogados Sergio Salinas (Xumek) y Carlos Lombardi (Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico de Argentina) que vienen representando a las víctimas y sus familiares; y también se hicieron presentes las legisladoras del FIT Macarena Escudero y Maile Rodriguez.
Por último, exigieron a la DGE se ponga en completa vigencia la Ley Nº7393 de Lengua de Señas que rige en todo el territorio provincial y que garantiza su enseñanza tanto en las escuelas especializadas en Personas Sordas como en las escuelas comunes. "Esto es condición necesaria para la verdadera inclusión de las personas sordas dentro y fuera de las escuelas", reclamaron.
Mirá la lectura del documento:
