El 7 de septiembre se cumplió un año del asesinato de Kevin Molina, de 9 años. En la mañana del 7 de septiembre de 2013, Kevin estaba en su casa en la Villa Zabaleta y recibió un disparo producto de un tiroteo entre dos grupos narcos. La bala entró a la casilla donde vivía Kevin con sus siete hermanitos y sus padres, y lo encontró a él acurrucado bajo una mesa para protegerse.
Martes 9 de septiembre de 2014
Según las pericias, en ese tiroteo se hicieron al menos 105 disparos de armas de grueso calibre.
Por ese motivo, la familia de Kevin y los vecinos del barrio, convocados por los militantes de La Garganta Poderosa y otras agrupaciones sociales realizaron este domingo un acto de protesta frente a la sede del Ministerio de Seguridad de la Nación e hicieron responsable al secretario de la cartera, Sergio Berni, por la ausencia de respuesta el día del hecho y por “la falta de colaboración en la sanción a los responsables de no haber velado por la seguridad de un chico de 9 años.
La primera acusación por la muerte de Kevin es contra los gendarmes que tenían dos garitas a cincuenta metros del hecho y decidieron liberar la zona. La excusa presentada fue inaceptable: “No escuchamos nada por la lluvia torrencial de esa mañana”. 105 disparos no se pueden ocultar. Lo mismo le cabe a la Prefectura, que como denuncia la familia y los vecinos de Kevin, fue avisada del tiroteo y fueron parte de la liberación de la zona ya que nada hicieron para impedirlo.
Otra prueba inexcusable de la inacción de las fuerzas de seguridad son las transcripciones de las ocho llamadas al 911 de la Policía Federal, que figuran en la causa, que por ahora no tiene imputados de uniforme. Por cierto, se allanaron las casas de los vecinos y pese a que el Ministerio de Seguridad le prometió a la familia una investigación interna de sus hombres, esta nunca ocurrió. Existe una causa judicial que debía analizar si hubo incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte de Prefectura y Gendarmería, pero está frenada.
En el medio del desalojo del Barrio Papa Francisco, hay que recordar que a pocas cuadras del lugar, Cristina Fernández inauguró la Casa de la Cultura Villa 21 que funciona como nueva sede de la Secretaría de Cultura de la Nación. Ni una mención de este terrible crimen.
“Porque Kevin tenía siete hermanitos que lo extrañan/porque estaba escondido debajo de una mesa, adentro de su casa” comenzó el documento que leyeron los familias de Kevin.
Por su parte Alejandrina Barry, operadora social de la villa 21, hija de desaparecidos y militante del CeProDH, señaló que “lamentablemente son cotidianos estos hechos en los que las fuerzas de seguridad liberan zonas para que actúen bandas de narcos, y los casos de gatillo fácil también se repiten todo el tiempo, pero no salen a la luz porque, como dicen los mismos vecinos del barrio, ’somos pobres’. Sin embargo, el asesinato de Kevin lo sacó a la luz y se pudieron ver las consecuencias de la militarización de la zona sur de la ciudad: ni más seguridad ni más protección a los vecinos, sino más poder para los grandes delincuentes, porque estas fuerzas, la Federal, la Prefectura y la Gendarmería, son parte del gran delito.”
Se refiere a las fuerzas que conjuntamente forman el llamado Cinturón Sur con el que el gobierno nacional y el de la Ciudad pretendieron dar una muestra de “combate al delito”, convirtiendo a los asentamientos de la zona sur en grandes guethos, donde los vecinos son hostigados permanentemente por las fuerzas de seguridad.
Las consecuencias están a la vista: el narco sigue actuando impunemente y los pibes de la zona amenazados, o muertos por gatillo fácil como los recientes casos de Brian y Jony, en Lugano, y Gabriel y Mario, en la 21.
“El gobierno nacional, a través de su Ministerio de Seguridad y su secretario, Sergio Berni, son los responsables de militarizar la zona, y han demostrado que lo que algunos pensaban que podían ser una manera de reformar o democratizar a las fuerzas de seguridad, como la llamada Seguridad Democrática, es una utopía, porque estas fuerzas son las que dirigen el delito, o en el mejor de los casos, cómplices; son irreformables, el caso de Kevin lo demuestra”, denunció Alejandrina Barry y concluyó “exigimos el castigo a los culpables de las fuerzas represivas del Estado por el crimen de Kevin y por las decenas de jóvenes asesinados producto de la política gubernamental de militarización de las villas como forma de criminalización de la pobreza”.
