Se cumple el primer aniversario del día en que se visibilizó al Estado tucumano torturando a una niña de 11 años violada por su abuelastro. Lucía fue el nombre que representó a miles de niñas de menos de 15 años que año a año son forzadas a continuar su embarazo en nuestro país. La pelea dentro del movimiento de mujeres y disidencias se reactualiza en los preparativos para las movilizaciones del próximo 8 de marzo.
Viernes 28 de febrero de 2020 00:00
Lucía tenía 11 años cuando la pareja de su abuela abusó sexualmente de ella, el producto de esa violación fue un embarazo. Lucía solicitó una interrupción legal del embarazo –ILE, vigente hace 100 años en la Argentina para las causales salud y violación en toda persona gestante– y el Estado se la negó.
Durante más de un mes médicos, funcionarios del gobierno y sectores organizados de las Iglesias actuaron en sintonía. Esta pelea marcó un desafío para el movimiento de mujeres tucumano, que venía de pelear y lograr la absolución de Belén. La movilización independiente y la campaña que surgió como "Niñas, no madres" la convirtió en una causa de todo el país, y se actualiza hacia el próximo Paro Internacional de Mujeres.
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Las demandas pendientes
Recientemente, el 14 de febrero, se condenó al abusador de Lucía, en un juicio abreviado, a 18 años de prisión. La sentencia incluía una serie de exigencias del Poder Judicial al Poder Ejecutivo, evidenciando que no se ha avanzado ni un paso en enfrentar la situación de violencia sexual a la que son sometidas las niñas en una provincia que tiene uno de los índices más altos de embarazo adolescente del país. La Educación Sexual Integral, la ley de Salud Sexual y Reproductiva y los Protocolos de Abuso Sexual Infantil y de Interrupción Legal del Embarazo continúan brillando por su ausencia.
En la provincia gobernada por Juan Manzur del Frente de Todos, el poder clerical continúa al mando de las políticas públicas. La Legislatura tucumana no titubea en recibir al arzobispo, abrir el dialogo y dar quorum para que se declare por ejemplo a la provincia como “provida”, en el 2018, como así también lo hizo el Consejo Deliberante de San Miguel de Tucumán. Ni hablar de encabezar sin grieta entre el gobernador Manzur, el legislador Ricardo Bussi y el intendente Germán Alfaro las marchas celestes en “defensa de las dos vidas”.
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El régimen político impune
En el caso de Lucía se logró identificar a los funcionarios responsables de torturar a la niña forzando su embarazo y fueron denunciados en el fuero penal por incumplimiento de sus deberes de funcionarios públicos, pero un año después continúan en funciones.
Rossana Chahla como Ministra de Salud, Gustavo Vigliocco como Secretario Médico del Sistema Provincial de Salud (SI.PRO.SA) y Obeid como Jefa de Tocoginecología, mientras que la ex Directora del Hospital Eva Perón Elizabeth Ávila fue recientemente nombrada como delegada tucumana de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación. Desde la representación legal de la niña y su madre aseguran que las causas fueron archivadas.
Nuevos desafíos para el movimiento de mujeres
En este contexto, una conclusión es ineludible: la fuerza de la organización de las mujeres y las disidencias, su alianza con quiénes como ellas, no tienen para perder más que las cadenas, es fundamental.
Después de un año de la tortura a la que sometieron a Lucía y del alarmante precedente que el gobierno de Manzur, uno de los principales aliados de Alberto Fernández, intentó imponer sobre nuestras vidas, tenemos un desafío elemental, clave, imprescindible para avanzar en nuestros reclamos
El próximo 8 de marzo, en nuestro propio día de lucha, las cúpulas de las iglesias aliadas a este gobernador, así como a tantos otros, pretenden dar por tierra la validez de nuestro reclamo. Y no lo podemos permitir.
El movimiento de mujeres de Tucumán y nosotras desde Pan y Rosas y el PTS en el Frente de Izquierda, venimos poniendo en pie la organización de la próxima marcha internacional, que se discute en medio del brutal ajuste que quieren negociar con el FMI, para las mujeres trabajadoras, para la juventud, para les niñes y las familias más pobres. Por eso más que nunca decimos que la deuda es con nosotras, con las mujeres y niñas que seguirán con sus derechos vulnerados mientras siga la injerencia de las iglesias en las instituciones del Estado. Ya miles salimos a las calles a decir “niñas, no madres” y exigir que el aborto sea legal, seguro y gratuito.
En el marco del próximo 8 de marzo, tenemos que profundizar ese gran desafío, dando nuestro apoyo al proyecto de la Campaña Nacional por este derecho, y ningún otro; exigiendo que cese el financiamiento a las cúpulas clericales y se avance en la separación de las iglesias del Estado; reclamando que no vaya un solo peso más al pago de la fraudulenta deuda externa y que ese dinero se destine a dar respuesta a las víctimas de la violencia machista, a la salud, a la vivienda, a la educación.
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