En un comunicado ATE denuncia el arresto de un dirigente en el marco de una nueva avanzada persecutoria del Gobierno luego de la masiva movilización de docentes y estatales del martes 7.
Domingo 12 de marzo de 2017 14:50
El comunicado denuncia que “en el transcurso de esta semana y en el marco de la unidad de acción de gremios; organizaciones sociales, estudiantiles, de derechos humanos; de desocupados; trabajadores de la economía popular y partidos políticos; el Gobernador Gerardo Morales, embistió nuevamente contra quienes deciden pelear por dignidad y más derechos”.
Relata que “en horas de la tarde de ayer, policía de la provincia, vestidos de civil, detuvieron a un compañero de ATE, en la puerta de su casa mientras esperaba a su hijo para llevarlo al parque, aduciendo tener órdenes de detenerlo por averiguación de antecedentes. La detención fue porque se lo acusaba de ser quien tiró la bomba de estruendo que hirió lamentablemente a un periodista en la movilización convocada por los gremios el pasado martes 7. Pero no lo notificaron de nada, demostrando las constantes irregularidades que viene cometiendo la justicia jujeña"
"Por otro lado, en la asamblea convocada por el sindicato de profesores secundarios, el gobierno (de acuerdo a los dichos de los mismos docentes) habría realizado maniobras para romper dicha asamblea y así interrumpir el plan de lucha y los puntos reivindicativos decidido por los docentes en la última asamblea, entre los que figura el pedido de renuncia de la Ministra de Educación Isolda Calsina", asegura el parte de prensa. Y agrega que "de este modo, el gobierno demuestra nuevamente su actitud antisindical e intervencionista".
A su vez, la entidad gremial denuncia una "nueva arremetida contra la Organización Barrial Tupac Amaru", explicando que "desde la mañana miembros de la policía de la provincia, se encontraban haciendo vigilancia en las puertas del Centro Educativo Germán Abdala, Colegio Secundario Olga Aredez e Instituto Superior Tupac Amaru, por órdenes del gobierno de la provincia, para hacer ’permanencia’ en el edificio".
"Este hecho, se da luego de conocerse, las intenciones concretas del gobierno provincial a través del Ministerio de Educación, para intervenir e intentar apropiarse de estos establecimientos educativos”, aseguran.
Esta respuesta por parte del gobierno busca hostigar a los trabajadores y se da luego de una masiva medida de fuerza donde “la gran cantidad de trabajadores que participaron de la marcha el pasado martes, fue una demostración de la disconformidad con las políticas de Morales, además la expresión de bronca, y la exigencia por un buen vivir, que se acabe con los aprietes, con la persecución ideológica y sindical. Que se termine con la criminalización de la protesta” culmina el comunicado.
