El epicentro de la pandemia del Covid-19 se ubicó en las residencias de ancianos de todo el Estado español, pero muy especialmente en la Comunidad de Madrid. La mayor vulnerabilidad de esta población se ha visto potenciada también por años de Gobiernos neoliberales del PP con recortes presupuestarios, privatizaciones y precariedad laboral sufridos en las residencias donde debía ofrecerse seguridad asistencial y calidad de vida a nuestros mayores.
Martes 2 de junio de 2020
Por si esto fuera poco, en el momento más agudo de la pandemia el Gobierno de la Comunidad de Madrid del PP y Ciudadanos decidió no llevar a los hospitales a las personas ancianas sospechosas de estar infectadas, pero con peor pronóstico por sus patologías previas y por encontrarse desbordadas las UCI de los hospitales públicos.
Se ha confirmado desde dentro este comportamiento socialmente criminal del Gobierno de la Comunidad de Madrid porque el propio Consejero de Políticas Sociales de Ciudadanos, Alberto Reyero, lo evidenció así ayer en la sede de la Asamblea de la Comunidad de Madrid, contestando a una pregunta sobre los protocolos seguidos por la Comunidad de Madrid a este respecto. La pregunta fue realizada por la portavoz del PSOE de la comisión de Políticas Sociales, Purificación Causapié.
El consejero de Políticas Sociales discrepó de la legalidad de los protocolos aprobados por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, en su respuesta a la portavoz del PSOE. Una respuesta algo cínica y oportunista, dadas las múltiples denuncias de familiares actualmente en los tribunales ante la gestión del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Y sobre todo si consideramos que él forma parte destacada del Gobierno autonómico que ha llevado a cabo esa infame política causante de miles de muertes. Incluso sería responsable por partida doble al corresponder a su área de los Servicios Sociales la gestión de las residencias.
Y, por si fuera poco, aguantando en el cargo sin inmutarse hasta día de hoy, pese a la discrepancia grave que ahora enuncia. Ha aguantado tanto en el cargo que ha llegado a soportar, sin decir esta boca es mía, que le retiraran las competencias de la gestión de las residencias el pasado 26 de marzo, para pasárselas a la Consejería de Sanidad. Todo ello, en los momentos más álgidos de la pandemia y ante el desastre, que luego continuó, de la gestión que estaba suponiendo miles de muertes de ancianos y ancianas en residencias, y todo un récord en el conjunto del Estado.
Los protocolos denunciados ahora públicamente por el consejero, pero no antes cuando se estaban llevando a cabo y haciendo tanto daño, sirvieron para seleccionar a los ancianos y ancianas de cara a determinar quiénes eran aptos y quiénes no, para ser hospitalizados durante el azote de la pandemia del Covid-19. Ante esto, el consejero de Políticas Sociales, ha llegado a señalar en su respuesta a Causapié que: “no deben existir unos criterios de exclusión basados en niveles de dependencia o discapacidad. No es ético y posiblemente no sea legal”. Incidiendo en que él no estaba de acuerdo y que remitió, entre el 22 de marzo y el 11 de abril, tres escritos a la Consejería de Sanidad indicando su disconformidad con estos protocolos. La pregunta es, ¿por qué no lo llevó a los tribunales y denunció esa ilegalidad que ahora pregona?
Los documentos que sirvieron de base al protocolo de actuación aprobado por la Consejería de Sanidad que han guiado el comportamiento de los hospitales públicos para facilitar el ingreso de los enfermos por coronavirus y evitar el colapso se basaban en los niveles de dependencia o discapacidad previos de las y los ancianos. Ampliándose su contenido en la última versión del protocolo de fecha 25 de marzo, al dejar fuera a quienes presentaran demencias avanzadas, grandes dependientes y enfermos terminales. Estos protocolos han provocado la denuncia en los tribunales de las familias por cargos como homicidio imprudente, trato vejatorio, prevaricación y denegación de auxilio.
Por ello, más allá de esta pelea interna entre socios de gobierno de la Comunidad de Madrid, tanto PP como Ciudadanos han sido responsables evidentes de una gestión catastrófica con el mayor número de muertes en residencias en el conjunto del Estado español, y que ha supuesto tanto dolor y tanta rabia a miles de familias por la muerte criminal socialmente de sus parientes.
Los Gobiernos del PP directamente responsables por tantos años de gestión neoliberal de las residencias que han supuesto una degradación enorme de la calidad del servicio en las residencias concertadas o bajo gestión privada que suman una enorme mayoría de las 475 residencias existentes en la Comunidad de Madrid. Y PP y Ciudadanos por la gestión de las políticas respetuosas con los intereses empresariales, que no plantearon la medicalización de las residencias y la intervención de todos los recursos sanitarios privados existentes para atender todas las necesidades de toda la población, incluidas las personas ancianas. Y, además, en el caso de Ciudadanos por no haber denunciado en ningún momento esos protocolos, pese a que ahora, ante la avalancha de denuncias en los tribunales de las familias afectadas, abandonen el barco del que formaron parte y fueron parte de la dirección y copartícipes del rumbo que se adoptó.
La Comunidad de Madrid no medicalizó las residencias desobedeciendo a los tribunales para no intervenir intereses privados
Ante la situación de la pandemia desbocada en las residencias y pese al elevado número de fallecimientos que estaba ocurriendo y el desastre de la gestión privada, sobre un total de 425 residencias existente en la Comunidad de Madrid, 353 privadas (83%) y solo 72 públicas (16,9%), la Comunidad de Madrid solo ha intervenido y poniendo enormes trabas y retrasándolo al máximo posible las que han sido impuestas vía tribunales.
Las resistencias han llegado hasta tal punto que, por ejemplo, pese a la exigencia del Tribunal Superior de la Comunidad de Madrid de intervenir y medicalizar las ocho residencias de mayores de Leganés, así como las cinco de Alcorcón, el Gobierno de la Comunidad de Ayuso hizo caso omiso durante mucho tiempo y no emprendió ninguna medida en este sentido. Teniendo en cuenta, además, que solo en Leganés se produjeron 259 fallecimientos.
Todo ello, pese a que los jueces de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior ordenaron la medicalización inmediata de las ocho residencias de Leganés y las cinco de Alcorcón a finales del mes de abril. Tras la presentación, por parte de ambos Consistorios, de sendas denuncias en los tribunales ante la inactividad de la Consejería de Políticas Sociales en estos centros y el elevado número de fallecimientos acaecido. El Tribunal dio la razón a los Ayuntamientos y ordenaron la intervención inmediata para protegerlos dada la alta vulnerabilidad de esta población al Covid-19.
Sin embargo, los medios de comunicación han seguido recogiendo informaciones a finales del mes pasado señalando que la Comunidad de Madrid seguía haciendo caso omiso a la intervención de las residencias privadas decretada por el Tribunal Superior en el auto emitido el pasado 27 de abril, en el que obligaban a la Consejería de Sanidad a dotar de medios personales y materiales a las ocho residencias de Leganés y a las cinco de Alcorcón.
La razón de esta negativa recalcitrante a la intervención pública, por parte de la Consejería de Sanidad, negándose a medicalizar todas las residencias, pese a órdenes directas de los tribunales para algunas localidades con especial incidencia en la mortalidad, no es otra que no querer socavar en ningún sentido los beneficios y los intereses de la gestión privada de las residencias. No, en balde, los fondos buitre han entrado en el negocio de las residencias y solo cinco de esos fondos ya controlan el 20% del boyante negocio.
Por su parte, y a pesar del desastre de la gestión durante toda la pandemia, la Comunidad de Madrid ha seguido pagando religiosamente las plazas públicas en las residencias concertadas o bajo gestión privada, incluso las plazas de los fallecidos, para seguir garantizando el gran negocio.
Casi 20.000 muertes por la desidia de los gobiernos y los empresarios
Lo cierto es que a día de hoy y desde el pasado 8 de marzo han fallecido en la Comunidad de Madrid nada menos que unos 6.000 ancianos que vivían en residencias bajo responsabilidad del Gobierno autonómico, bien por tratarse de residencias públicas, concertadas, o porque aun siendo privadas, la responsabilidad última recaía sobre el Gobierno de la Comunidad dada la situación derivada de la pandemia del Covid-19 que exigía la intervención decidida de la administración autonómica competente en esta materia. La mayoría de los muertos, además, se han producido en residencias privadas porque son la mayoría, 83%, y porque las condiciones y los medios disponibles, materiales y humanos, eran mucho peores.
En el conjunto del Estado español hace aproximadamente un mes, según datos facilitados por la Cadena Ser dado que el Gobierno no facilita datos puesto que no tienen confirmación por pruebas PCR, habían fallecido 17.500 ancianos y ancianas, de los que a menos 9.200 no estaban confirmados por pruebas de PCR. Esto quiere decir que más del 30% de los fallecidos corresponden a la Comunidad de Madrid que ocupa el primer puesto en el ranking por fallecimientos de ancianos y ancianas en residencias.
De entre los ancianos fallecidos en la Comunidad de Madrid, alrededor de 1.250, apenas un 20%, corresponden a casos confirmados por PCR. Mientras que el 80% restante ha fallecido con síntomas sospechosos de Covid-19, pero sin confirmar por una prueba de PCR, dado que nunca visitaron el hospital. Esto deja a las claras la situación de abandono en la que se encontraban la mayoría de los ancianos que fallecieron abandonados a su suerte y con mucha probabilidad sin las atenciones médicas más elementales y necesarias. A esto habría que añadir el enorme dolor de las familias que ni siquiera conocen con toda certeza la causa de la muerte de sus parientes y siendo conscientes de la soledad en la que se encontraron antes de fallecer, dado el aislamiento que sufrieron por ser sospechosos de estar infectados por el Covid-19, aunque nunca lo llegaron a certificar clínicamente.
Nacionalización sin indemnización y bajo control obrero
Ante esta situación se impone como única alternativa un programa de emergencia social que defienda la nacionalización sin indemnización y bajo control de los trabajadores y los usuarios de la totalidad de las residencias de ancianos; la medicalización permanente de todas ellas; la realización de un programa masivo de inversiones en medios materiales e instalaciones y la contratación de personal suficiente para una atención digna y de calidad de los ancianos y ancianas.
Y, por supuesto, la apertura de una investigación sobre lo sucedido incluyendo la apertura de los libros de contabilidad de las empresas que han estado haciendo negocio con las residencias, todo ello bajo control de los trabajadores y usuarios de las residencias.
