DÍA INTERNACIONAL POR LA SALUD DE LAS MUJERES. Aborto legal en la pandemia: más indispensable que nunca

El acceso a métodos anticonceptivos y salud sexual en el contexto de la pandemia encendió las alarmas sobre el potencial retroceso en materia de derechos y salud reproductiva. No se trata de riesgos relacionados directamente con el virus COVID-19 sino con el acceso que deben garantizar Estados nacionales y locales a métodos anticonceptivos, salud reproductiva en general y formas seguras de interrupciones voluntarias del embarazo.

El Guttmacher Institute (un centro de estudios especializado en derechos reproductivos) calculó que una caída de solo el 10 % en el uso de anticonceptivos reversibles a corto y largo plazo, “daría como resultado que 49 millones de mujeres verían insatisfecha su necesidad de anticoncepción moderna en países de ingresos bajos y medios". Esa cifra se sumaría a los 232 millones que, por falta de acceso o información, no utilizaban métodos (antes de la pandemia) anticonceptivos para evitar embarazos no deseados.

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La caída en la utilización de métodos anticonceptivos podría resultar, según informó el Fondo de Población de la ONU, en 15 millones de embarazos no deseados adicionales. Esto, a su vez, aumenta la posibilidad de abortos inseguros y, como consecuencia, un mayor índice de mortalidad entre las mujeres y personas con capacidad de gestar.

Qué pasa con el aborto legal

En muchos países, la interrupción voluntaria del embarazo es legal como resultado de años de movilización del movimiento de mujeres. Pero en los últimos años, sectores conservadores vienen impulsando restricciones y prohibiciones. Por ese motivo, ese derecho democrático está en la mira de gobiernos y partidos políticos de derecha y ultraderecha y resultó en el aumento de abortos inseguros.

Estados Unidos se transformó en uno de los nuevos epicentros de la pandemia de COVID-19 y ya superó las cien mil muertes. En ese país, la mayoría de la población enfrenta la crisis sanitaria sin salud pública y, en este contexto, algunos estados utilizan la crisis sanitaria para avanzar en su agenda antiderechos. La derecha conservadora, las iglesias católica y evangélica y organizaciones contra el aborto legal acompañan los esfuerzos por restringir o prohibir directamente el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.

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Al contrario de los prejuicios que reproducen los sectores conservadores, el aborto legal es indispensable también en un contexto de crisis sanitaria. Y el desarrollo de prácticas como el aborto farmacológico ayudan a reducir los riesgos en la salud de las mujeres y las personas con capacidad de gestar y también a no colapasar los sistemas de salud.

En Estados Unidos, durante marzo y abril, se duplicó el aborto farmacológico con asesoramiento médico (telefónico o vía internet). Esta práctica, legal desde el año 2000, nació de las estrategias de las orgnizaciones que defienden el derecho al aborto para eludir las restricciones en muchos estados. Hoy se transformó en una alternativa para no saturar clínicas y hospitales. El porcentaje de personas que deben visitar un centro de salud después de un aborto farmacológico es mínimo.

En el Reino Unido, guía publicada por el Royal College of Obstetrics and Gynecology (la asociación de especialistas en ginecología y obstetricia) sostiene que, “el aborto es una prestación esencial de salud. Los servicios deben organizarse para minimizar las demoras en la atención”. Y agrega, “la prioridad es la provisión de atención segura a las mujeres, incluyendo aquellas quienes son casos sospechosos o confirmados de COVID-19”.

En países con leyes restrictivas como Polonia (la más restrictiva de Europa), la pandemia multiplicó los obstáculos para sortear la clandestinidad. Muchos abortos (clandestinos) se realizan en el Reino Unido o Alemania. Al cerrarse las fronteras, las mujeres en Polonia quedaron expuestas a mayores riesgos. La reforma impulsada por el gobierno ultraconservador quedó en suspenso en abril al no tratarse en el Parlamento. A pesar del confinamiento, hubo protestas en automóviles contra las leyes reaccionarias.

En los países donde el derecho al aborto es legal existen múltiples escenarios. Al ser considerado un tema de salud pública se contemplan protocolos especiales. “El aborto es una prestación esencial de salud. Los servicios deben organizarse para minimizar las demoras en la atención”, sostiene una guía publicada por el Royal College of Obstetrics and Gynecology del Reino Unido.

Medidas como esas pusieron en alerta a los sectores reaccionarios que intentan aprovechar la pandemia para obstaculizar este derecho. La gota que rebalsó el vaso fue la declaración conjunta de 59 países para la “protección de la salud y los derechos sexuales y reproductivos”. La declaración, firmada por ministras y ministros de Salud, Desarrollo Social y cancilleres, reconoce la necesidad de garantizar los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas.

El comunicado se refiere también al aumento de los abortos inseguros: “En este contexto, son esenciales los servicios de salud sexual y reproductiva. La financiación de la salud y los derechos sexuales y reproductivos debe seguir siendo una prioridad para evitar el aumento de la mortalidad materna y neonatal, el incremento de las necesidades no satisfechas de anticoncepción y un mayor número de abortos inseguros e infecciones de transmisión sexual”.

Entre los países firmantes de América latina que firmaron el documento se encuentran Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, México, Uruguay y Perú. En muchos, el aborto está criminalizado con excepciones (violación o riesgo para la salud y la vida de la persona gestante), pero la clandestinidad es el denominador común, como en Argentina, donde sigue traduciéndose en muerte de mujeres pobres.

Los antiderechos no descansan en cuarentena

Los movimientos antiderechos, las iglesias católica y evangélicas, no descansan en cuarentena. Organismos como el Centro para la Familia y los Derechos Humanos (C-Fam), conocido grupo antiderechos antes llamado Instituto Católico para la Familia (cambiaron su nombre para ampliar su alcance) reaccionó a la declaración de 59 países. “Ambas resoluciones se basan en un informe de política del Secretario General de la ONU (...) El informe busca designar una lista de políticas prioritarias para proteger a las mujeres de la pandemia, entre ellas ‘servicios de salud sexual y reproductiva’”.

En América latina, la Iglesia católica no hizo esperar su repudio. Un grupo de arzobispos de Perú rechazaron la firma del ministro de Salud, Víctor Zamora, a quien acusaron de “aprovecha la crisis del coronavirus para impulsar el aborto en el país”. En México, un conocido diputado antiderechos, Juan Carlos Leal, fue el portavoz del repudio: “Hay cosas más importantes como el tema del Covid-19, los suplementos para los médicos o apoyar realmente a los que están enfermos y no estar promoviendo políticas abortivas”. Sin embargo, no se escucharon declaraciones a tono con el estado crítico del sistema de salud en ese país que se resquebraja en medio de la crisis sanitaria.

En Argentina, la Iglesia católica no se pronunció sobre la declaración en una clara señal de la tregua que mantiene sobre ese tema con el gobierno nacional. Durante el Tedeum del 25 de mayo, no hubo pronunciamientos contra la legalización del derecho al aborto, como sí lo hizo el 8 de marzo último cuando organizó una demostración pública en contra.

Por su parte, la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA), la federación más importante del país, publicó un comunicado contra la legalización del derecho al aborto. La carta abierta al presidente Alberto Fernández responde a las declaraciones sobre una futura presentación de un proyecto propio del Poder Ejecutivo sobre el aborto legal (del cual no se conoce ningún detalle aún). Además de la misiva, alentaron convocatorias a romper la cuarentena obligatoria contra el aborto legal.

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El reconocimiento de la salud sexual y reproductiva como un servicio esencial es una medida básica e indispensable para la salud integral de las mujeres y las personas con capacidad de gestar. Mientras la interrupción voluntaria del embarazo esté criminalizada y la mayoría de los abortos sean en condiciones inseguras, cualquier crisis sanitaria solo representará mayores riesgos para la salud de las mujeres.