Las últimas movilizaciones feministas, en especial la "marea verde" en Argentina, instalan a punta de lucha en la agenda política de los gobiernos el derecho al aborto. En Chile el Gobierno y todos los partidos del régimen han debido salir a responder a esta demanda, buscando poner paños fríos y detener el movimiento que aquí se está gestando, sin ningún éxito para ellos. Y es que esta demanda merece un análisis más profundo pues es el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, y las condiciones para que esto sea así no son menores.
Lunes 23 de julio de 2018
Alrededor del mundo, el movimiento de mujeres, que comenzó este año con un asombroso 8 de marzo de movilizaciones y reivindicaciones feministas, trajo consigo cuestionamientos profundos sobre el rol de género histórico de las mujeres. Aún más, trajo la lucha por derechos mínimos como es el aborto, siendo gran ejemplo de esto la gran lucha y movimiento en Argentina por la conquista de un aborto legal, libre, seguro y gratuito.
El aborto, más allá de un tema moral o ideológico, es un asunto político que involucra distintas esferas, como lo son la educación, salud pública, el rol de género, entre otras. Año a año, son miles de mujeres las que sufren las consecuencias de abortos clandestinos: problemas de salud (secuelas físicas y psicológicas), prisión o la muerte. En Chile, debido a que es penado por la ley, las cifras son inciertas, sin embargo, hay estudios que han intentado estimar: Según el Minsal (Ministerio de Salud) se realizan 33.000 abortos por año, es decir, un promedio de 90 abortos diarios. Por otro lado, Instituto Chileno de Medicina Reproductiva (ICMER), en 2013 estimó que los abortos anuales eran entre 60.000 y 70.000. Tiempo antes, en 2008, la investigadora Maite Albagly, en un estudio sobre “El aborto en Chile”, afirmó que el número llega a 160.000 por año.
En el 2017, Michelle Bachelet en su Gobierno promulgó la ley 21.030 de aborto en 3 causales (inviabilidad del feto, riesgo de vida de la mujer o violación), buscando poner paños fríos a un movimiento de miles de mujeres que salían a las calles a reclamar su derecho a decidir sobre sus cuerpos. Esta ley no solo es insuficiente, pues abarca, según la Corporación Miles Chile, sólo el 15% de los abortos que se realizan (un 3% según otras organizaciones feministas), sino que también muestra la forma limitada en la que se aborda el tema. Es que no es solo aborto y ya: Las mujeres luchan por decidir sobre sus cuerpos. ¿Qué tan profunda es la discusión entonces?
Las herramientas básicas para decidir: Educación sexual, no sexista y laica.
El embarazo adolescente tiene cifras alarmantes: para noviembre del 2015 el Servicio de Registro Civil llevaba la cuenta de 25.355 casos de madres adolescentes (entre los 11 y los 19 años), siendo la tendencia estimada para el año 2020 de 25.500 casos. Según el Primer Informe de Salud Sexual, Salud Reproductiva y Derechos Humanos en Chile, realizado por la Corporación Miles Chile, La condición de maternidad en la juventud se concentra mayormente en segmentos sociales con menor nivel educacional, menos condiciones socioeconómicas, y por ende menos información y acceso a los métodos de prevención.
Si buscamos la respuesta en la educación sexual para la juventud, encontramos que actualmente, la educación sexual impartida por el Mineduc es ineficiente y gran parte de los casos inexistente. La ley 20.418 que la enmarca permite a los distintos establecimientos educacionales que “según sus principios y valores” construyan su programa de educación sexual. El peso de la moral conservadora de la Iglesia (o de diversas iglesias) cae sobre las y los estudiantes que necesitan a gritos educación sexual y afectiva. Tanto en el rol de sostenedores de establecimientos educacionales como el de agentes políticos dentro (o con influencia directa) de los partidos del régimen, la Iglesia bloquea a la juventud las posibilidades de educarse. La combinación nefasta de este factor con la nula posibilidad de participación y decisión de los trabajadores, estudiantes y profesores de cada establecimiento sobre las materias educativas, reglamentarias, etc., de sus propios establecimientos, configura un escenario de pocas salidas.
Educación sexual, no sexista y laica es un requisito para que las jóvenes puedan decidir sobre sus cuerpos. Que no sólo consista en el cuidado de enfermedades de transmisión sexual bajo la premisa de la abstención, sino que sea también educación sexo-afectiva que enmarque las relaciones sexuales adolescentes en sus realidades y dinámicas propias, que deje de una buena vez de tener un enfoque biologicista reproductivo. Que sea no sexista para que no se ciña por la heteronormatividad y deje de ser invisible el género al abordar el desarrollo sexual y afectivo de las y los niños, que abarque temas y necesidades específicas de las mujeres y de la diversidad sexual y que les incluya como sujeto transformador. Laica, por una separación efectiva entre la Iglesia y el Estado, que la educación sea al servicio de las estudiantes, de las mujeres más precarizadas y golpeadas por el aborto clandestino, y no al servicio de los intereses de la Iglesia y los partidos del régimen, con los cuales se asocia.
¿Cómo sería posible llevar esto a cabo dentro de la escuela? Sin democratización, no hay educación sexual, no sexista y laica. La organización de la escuela debe basarse en la participación y discusión abierta de los principales actores de la educación, profesores y funcionarios, estudiantes y apoderados, quienes decidan los contenidos del currículum, como administrar el financiamiento estatal según sus necesidades, de forma que se garanticen los conocimientos para el desarrollo de la vida y sus derechos, y así asegurar con ello una educación integral, multidisciplinaria, pertinente, al servicio de las propias necesidades y no las del mercado. La democratización de las instituciones necesita que directivos y rectores pasen a ser elegidos y/o revocados por todos los estamentos, y que se garantice su derecho a organizarse de manera autónoma.
El Estado debe hacerse responsable: aborto legal, libre, seguro y gratuito.
Como se mencionaba en un principio, el aborto es un asunto político. El Estado debe hacerse responsable de todas las desigualdades sociales que condicionan a cada mujer que quiera someterse a un aborto, en especial aquellas que empujan a la práctica clandestina, en condiciones precarias y de riesgo. Es un asunto de salud pública. No es aceptable la cárcel para las que abortan, no es aceptable que se obligue a ser madre a mujeres y niñas, mucho menos la muerte.
La señal del Gobierno de Piñera es solo de retroceso: quitan condiciones para que el insuficiente aborto en 3 causales sean aún más limitado, dando así más facilidades para la “objeción de conciencia” de las alas más conservadoras. La derecha avala y justifica la dictadura genocida de Pinochet, muy “provida” defienden el valor subjetivo de la “vida” humana de un feto mientras que mantienen sueldos y jubilaciones de hambre, aumentan los despidos y las condiciones precarias de la vida para la clase trabajadora completa. El Frente Amplio, sin terminar de definirse sobre el aborto entre sus mismas filas, da ilusiones de conquistas a través del parlamento con un discurso de “separación” (imposible) entre el patriarcado y el Estado (recordando la intervención de Maite Orsini, RD, en sesión de diputados).
El derecho a decidir sobre nuestros cuerpos es más que libremente poder abortar: son condiciones educativas que sostengan esta decisión, son condiciones legales que permitan su realización, es seguridad médica en su realización, es su fácil y universal acceso sin ningún tipo de objeción ni consciencia que no sea la de la propia mujer que se practicará el aborto. Está claro que nada de esto será entregado gratuitamente por el régimen y sus partidos, menos por un gobierno de la derecha, sino que será arrebatado y conquistado a través de lucha y organización de mujeres, trabajadores y estudiantes.
