Los obstáculos de niñas víctimas de violencia sexual para acceder a la interrupción legal del embarazo serán denunciados a partir del caso de la niña tucumana de 11 años obligada a parir, donde el gobierno de Manzur y la Iglesia fueron la punta de lanza de los antiderechos.
Lunes 23 de septiembre de 2019 09:30
En una audiencia que se realizará este 27 de septiembre en su sede de Washington DC, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tratará los obstáculos que enfrentan las niñas y las adolescentes embarazadas producto de haber sido víctimas de violencia sexual para acceder a la interrupción legal del embarazo (ILE) en la Argentina. El caso de Lucía, la niña tucumana de 11 años que obligada a parir, será el caso testigo que presentará el Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia, junto a Andhes y Cladem.
La audiencia del próximo viernes vuelve a poner sobre el tapete uno de los capítulos más oscuros de un régimen enemigo de las mujeres, encabezado por el ex ministro de Salud del kirchnerismo y uno de los gobernadores predilectos de Alberto Fernández. Las organizaciones que viajarán denunciarán en la audiencia, en la que habrá representantes del Estado argentino, el incumplimiento del inciso 2 del artículo 86 del Código Penal que establece, desde 1921, las excepciones para la penalización del aborto, y también el incumplimiento del fallo FAL de la Corte Suprema.
A su vez harán hincapié en la no aplicación del Protocolo de acceso a la ILE, la falta de educación sexual integral y a los movimientos antiderechos que impulsan acciones coordinadas como agrupamientos y al mismo tiempo como integrantes de los tres poderes del Estado. En Tucumán esto ocurre por el fuerte peso de la Iglesia Católica en la Legislatura durante los tres gobiernos de Alperovich y que continúa con Manzur, que a su vez comienza a tejer alianzas con sectores evangelistas. El resultado es que Tucumán ni siquiera adhirió a la ley de salud sexual y procreación responsable.
En el caso de Lucía, el Gobierno de Manzur, en alianza con el Arzobispado y los grupos antiderechos, obstaculizó constantemente el acceso a la ILE, a pesar de las palabras de la niña y el pedido de su familia. Luego de que sea obligada a parir, la madre de la niña relató cómo fueron esas semanas. En su testimonio se señala que Gustavo Vigliocco, titular del Sistema Provincial de Salud (Siprosa), presionaba para que la niña continúe el embarazo, inclusive prometiéndole que él adoptaría a su bebé cuando nazca. “Aguantá mamita, que a los siete meses te prometo hacerte tu casa”, prometía el funcionario de Manzur, que luego de que la familia continuará exigiendo la aplicación de la ILE fue protegido por la ministra de Salud Rossana Chahla.
El gobierno de Manzur también dio vía libre para que actúen la Iglesia y los antiderechos. La madre de Lucía relató que todos los días iba un cura para presionar para que la niña siga con el embarazo. “Ella le gritaba para decirle que no se le arrime y él lo hacía igual para hacerle cruz en la frente. Él me decía que Dios no dice que se maten (bebés)”, afirmó. Mientras que el arzobispo de Tucumán, Carlos Sánchez, envió cadenas por Whatsapp develando el verdadero nombre de la niña, un dato que debía permanecer bajo reserva. Otro tanto ocurrió con los grupos antiderechos: “Hubieron personas que se han hecho pasar por policías, han pasado para la sala pidièndome información sobre hija. También ha pasado una mujer diciendo que era de la fiscalía cuando no eran de las fiscalías, eran de los pañuelos celestes”
No es la primera vez que el gobierno de Manzur es cuestionado desde organismos internacionales de derechos humanos. Con el caso de Belén, una joven que fue condenada a prisión tras llegar a un hospital por un aborto espontáneo, organismos como Amnistía Internacional y la Comisión de Derechos Humanos de la ONU repudiaron el fallo de la justicia y cuestionaron la situación de la provincia, donde se atacan constantemente los derechos de las mujeres.
