Derecho a Decidir. Aborto: un problema de salud pública

Entre 2010 y 2018 en todo el país murieron 90 mil 562 entre los 10 y 40 años, por causas relacionadas con abortos inseguros, según el informe realizado por Ipas México. La brutal cifra destaca que el 9% de las fallecidas, eran menores de 18 años y el 32% tenían entre 18 y 30 años. Esto significa que el 41% del total de las muertes por abortos y sus complicaciones, fueron adolescentes y jóvenes.

La misma organización señala que en 2018 se registraron más de 93 mil egresos hospitalarios relacionados con abortos –en su mayoría inseguros-, mientras que entre 2000 y 2016 se realizaron más de 3 millones de abortos en todo el país. Para 2016, la tasa de letalidad era de 33 muertes por cada 100 mil abortos realizados, mientras que en 2019 el aborto se mantuvo como la cuarta causa de muerte materna a nivel nacional.

Según datos oficiales, en 2018 el 47% de las muertes por abortos se concentraron en el Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Chiapas, Puebla y Baja California. En la CDMX luego de la despenalización del aborto y la implementación de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en 2007, la letalidad pasó de 49.8 muertes por cada 100 mil abortos a 12.3 en 2015.

Cabe destacar que desde su despenalización en la CDMX, se han realizado 237 mil 643 mil abortos seguros y no hay registro de muertes maternas por dicho procedimiento antes de las 12 semanas de gestación.

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Las ricas abortan, las pobres mueren

Aunque el aborto esté o no regulado por el Estado, sigue siendo una práctica recurrente no sólo entre mujeres, sino también entre personas de la comunidad LGBTTI+ con capacidad de gestar -que no están incluidas en las cifras oficiales-.

Lo que si provocan las legislaciones conservadoras, es que el aborto sea practicado de forma clandestina e insalubre poniendo en riesgo la vida, salud y libertad de miles de mujeres y personas gestantes. Este es un problema que se enfrenta sobre todo en los sectores pobres y de trabajadores, mientras que entre las clases ricas fácilmente se puede acceder a este derecho en clínicas privadas o en el extranjero.

Mientras que en Oaxaca, Hidalgo y la CDMX esta despenalizada la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas, gracias a la lucha histórica del movimiento feminista, en el resto del país se han fortalecido políticas reaccionarias y patriarcales promovidas por el PAN, el Frente Nacional por la Familia y las Iglesias, que buscan condenar hasta con 30 años de cárcel a aquellas que aborten, incluso espontáneamente.

El aborto entonces, continua siendo un privilegio de clase y un problema de salud pública. Aunque el reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación avala la despenalización del aborto en todo el país, éste aún no esta plenamente garantizado, pues la derecha ahora recurre a la “objeción de conciencia” para limitar al personal de salud en instituciones públicas que realice estos procedimientos de manera segura.

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¡Aborto legal en el hospital!

A pesar de la “objeción de conciencia” promovida por conservadores en el sector salud, somos muchas más las enfermeras, médicas, trabajadoras sociales, químicas, técnicos y personal de salud que estamos a favor del derecho de las mujeres y personas gestantes, a decidir libremente sobre sus cuerpos y a ejercer maternidades libres.

Somos las más interesadas en que se garantice el presupuesto suficiente para otorgar servicios de salud dignos a toda la población, incluidos los relacionados con la salud sexual y reproductiva, así como la distribución masiva de anticonceptivos de calidad, métodos de planificación familiar y educación sexual científica e integral en los centros de salud y las escuelas.

Este 28 de septiembre, tenemos una cita de honor en las calles. Hoy más que nunca es necesario que las trabajadoras y trabajadores que sostenemos los precarios sistemas de salud pública en México, levantemos la voz y los pañuelos verdes en defensa de la salud pública y el derecho a decidir de las mujeres y personas gestantes.