Varias organizaciones de derechos civiles han presentado una denuncia contra un centro de detención privado en Texas, citando acusaciones generalizadas de abuso y acoso sexual.
Miércoles 15 de octubre de 2014
La semana pasada, abogados del Fondo Mexicano Americano para la Defensa Legal y la Educación (MALDEF), y varias organizaciones de derechos civiles pidieron al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y las agencias de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE, ambas por sus siglas en inglés) que se investigue la reciente apertura del Centro privado de detención en Karnes (Texas), donde permanecen detenidos más de 500 madres, niñas y niños, de acuerdo a la agencia de noticias Feministing.
Por lo menos tres guardias de las instalaciones y el personal sacaron a “las mujeres detenidas de sus celdas con el fin de obligarlas a participar en actos sexuales en diferentes lugares de la instalación, o besarlas y acariciarlas delante de otros detenidos, incluyendo niños; solicitan favores sexuales a cambio de dinero, promesas de ayuda con sus casos de inmigración pendientes, y refugio o vivienda una vez que logren la libertad”.
Los grupos denuncian violación de los derechos de las personas detenidas, y una violación del PREA, un acta que establece una política de “tolerancia cero” para el ataque sexual y violación en prisiones e instalaciones del gobierno federal.
Las detenidas denunciaron los abusos del personal de Karnes, y las organizaciones advirtieron que hasta ahora no se han tomado medidas significativas para detener los acosos. “Estas mujeres, niñas y niños han huido de horribles condiciones en sus países, incluyendo violencia sexual”, declaró Marisa Bono, abogada del MALDEF, y agregó que: “guardias usando su posición de poder para abusar de mujeres vulnerables, traumatizadas, una y otra vez, no solo es un acto despreciable, sino que además va contra la ley”. Bono dijo que las acusaciones demuestran que el gobierno federal no debería haber permitido se haga un negocio alrededor de los centros de detención.
Esta no es la primera denuncia contra personal del establecimiento de Karnes que presentan las organizaciones. Esa denuncia detalla las tácticas disciplinarias desproporcionadas y la comida, salud y servicios de salud mental limitados.
El Centro Karnes abrió el 1 de agosto, mediante un acuerdo con el gobierno, el operador de prisiones privadas Grupo Geo, Inc. y el condado de Karnes. El centro no cumple con las normas de bienestar infantil del estado de Texas, y se complica la supervisión de las agencias federales, que deberían intervenir, que tampoco son una garantía de que cesen los atropellos. Las organizaciones que realizaron la denuncia, señalador que: “El Departamento de Seguridad no puede seguir deteniendo a individuos vulnerables a quienes no pueden o no quieren proteger”.
Varias organizaciones, y algunos diputados demócratas y republicanos, instaron a la Casa Blanca a pronunciarse y establecer una protección más fuerte para prevenir el abuso sexual de inmigrantes detenidos. En ese marco, las activistas feministas han planteado que además frenar los ataques sexuales, se hace cada vez más urgente una reforma migratoria integral, y el fin de las deportaciones en la administración Obama.
Fuente: Feministing.org
