Informes. Abuso sexual hacia las infancias: ¿Cuál es la situación hoy?

De la preocupación genuina por la situación por la que atraviesan muchas infancias, hubo también una suerte de efecto resorte en sectores de derecha que se propusieron instalar discursos reaccionarios aprovechando la indignación que generaron los casos que salieron a la luz recientemente. Que las personas LGBTIQ+ son peligrosas para las infancias, es una de las ideas que intentaron instalar y que fue rápidamente respondida por distintas organizaciones y activistas por los derechos de la diversidad sexual. Además hay un intento de utilizar este tema, apostando a los sentidos comunes y sin revelar cuál es el escenario real de las infancias y adolescencias en la Argentina y quienes son responsables.

Según la Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes (2019-2020) de Unicef Argentina, el 59% de chicas y chicos entre 1 y 14 años experimentó prácticas violentas de crianza; el 42%, castigo físico (incluye formas severas, como palizas y golpes con objetos), y el 51,7%, agresión psicológica (como gritos, amenazas, humillaciones). Por otro lado, el 40% de las y los adolescentes atravesaron su primer hecho violento entre los 6 y los 13 años. Además, 4 de cada 10 chicos y chicas afirma haber recibido maltratos en su casa o la casa de un familiar, y 7 de cada 10 aseguró haber sufrido maltratos por parte de personas de su círculo íntimo.

Solo en la Ciudad de Buenos Aires, según la Oficina de Violencia Doméstica, en el tercer trimestre de 2022, 3 de cada 10 personas afectadas por situaciones de lo que se denomina "violencia doméstica" (que ocurre en el hogar) fueron niños, niñas y adolescentes, de los cuales 8 de cada 10 sufrieron violencia por parte de sus progenitores.

Pero yendo específicamente a las estadísticas con las que se cuenta sobre violencia sexual, encontramos que, entre 2017 y 2022 hubo 14.424 niñas, niños y adolescentes víctimas de distintas formas de este tipo de agresiones, según el Programa Nacional Las Víctimas contra las Violencias, del Ministerio de Justicia de la Nación.

Otros datos recabados por el mismo programa indican que el 36,2% de los casos ocurrió en el hogar, otro 27,6% en entornos digitales (redes sociales y/o aplicaciones) y el 3,4% en la vivienda de un familiar. El 41,6% de los delitos contra la integridad sexual de niñas, niños y adolescentes son definidos como tocamientos sexuales, un 22,3% violación o tentativa y un 15,2% grooming (acoso sexual a niños, niñas y adolescentes en internet por un adulto).

Y aunque la mayoría de los medios hicieron foco en que los famosos acusados recientemente son gays, las estadísticas señalan que el 77,6% de las víctimas reportadas entre 2017 y 2022 fueron de género femenino. También se señala que el 56,5% de los agresores eran familiares (en general, aparece denunciado el padre como el principal agresor, seguido por otros familiares y luego, el padrastro) y en el 17,7% de los casos eran conocidos no familiares.

La importancia de la Educación Sexual Integral

Otro dato clave es que el 80% de las denuncias por abuso sexual infantil se pudieron efectivizar, gracias a las herramientas para su detección brindadas por la Educación Sexual Integral (ESI). Pero esto es algo que a los sectores más reaccionarios no les conviene mencionar. Una de los recursos más efectivos a la hora de trabajar la prevención y la detección de abusos sexuales en la infancia, que no sólo es desfinanciado por todos los gobiernos sino también fuertemente resistido por la derecha y por gobiernos provinciales alineados con el oficialismo.

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Desfinanciamiento y precarización laboral para quienes protegen los derechos de las infancias

Mientras estas cifras que hablan de la vulneración de derechos son anunciadas por organismos internacionales y solo algunos casos salen a la luz en muchos medios de comunicación transformados en escándalos, la situación ya era alertada por los trabajadores y trabajadoras del sector. Son quienes vienen denunciando las precarias condiciones de trabajo y los obstáculos para tomar medidas que resguarden la integridad de niños, niñas y adolescentes.

En la provincia de Buenos Aires desde el año 2007 entró en vigencia la Ley 13.298 de Promoción y Protección Integral de los Derechos del Niño. Es en este marco que se crean los Servicios Zonales de Promoción y Protección de los Derechos del Niño. Sin embargo, el desfinanciamiento de estas instituciones, que son las encargadas de trabajar con las infancias y adolescencias en situación de vulnerabilidad social resulta preocupante.

Como caso testigo, basta recordar la lucha de los trabajadores y trabajadoras de la Dirección General de Promoción y Fortalecimiento Familiar y de la Dirección General de Políticas de Género y Violencia Familiar del Municipio de Tigre, quienes durante la pandemia salieron en defensa de sus puestos de trabajo y denunciando que con este ajuste se reducía la atención de 10.500 niños, niñas y adolescentes en situación de vulneración de derechos y a 17.500 mujeres en situación de violencia de género de esa región. Todo esto se dio en un contexto donde, el propio Consejo Federal de la Niñez, Adolescencia y Familia, había declarado “esencial” la labor en estas áreas.

No solo esta situación no se revirtió, sino que además, las y los profesionales que se desempeñan en esas áreas denuncian constantemente la precarización laboral, los “contratos de locación de servicio” y a través del monotributo (es decir, que encubren una relación laboral de dependencia perjudicando los derechos de los trabajadores) y que no cuentan con estabilidad laboral, obra social, ART, aguinaldo, aumentos por paritarias, carrera administrativa, vacaciones, u otras licencias pagas. Por eso la rotación en este tipo de trabajo es habitual.

¿Cómo es posible garantizar el "paradigma de protección integral de derechos" con el cual se llena la boca el gobierno, si al mismo tiempo, profundiza el ajuste en áreas claves para el tratamiento de estas problemáticas? Frente a la profundidad de la crisis y sus consecuencias que recaen sobre niños, niñas y adolescentes, es imprescindible continuar denunciando no solo el ajuste en curso sino el desfinanciamiento de las pocas áreas específicas que trabajan con esta población y las condiciones de trabajo de los equipos interdisciplinarios.