Ante críticas y denuncias, el gobierno estadounidense se vio obligado a anunciar el acortamiento del periodo de detenciones y bajar el monto de las fianzas para los migrantes.
Bárbara Funes México D.F | @BrbaraFunes3
Viernes 26 de junio de 2015
Las detenciones de los migrantes son un claro atentado contra los derechos humanos y si no han generado un escándalo de proporciones mayores es por la poca información que circula en los medios masivos de comunicación sobre estos atropellos.
Acortar el periodo de detenciones y bajar el monto de las fianzas responde al temor de abrir un nuevo frente interno, ya que la masacre de Charleston reavivó la indignación contra la violencia racial. Un escenario donde sectores de la comunidad latina salgan a la calle masivamente en defensa de sus hermanos indocumentados que confluya con la comunidad afroamericana, es algo que temen republicanos y demócratas por igual.
Los mexicanos y centroamericanos que llegan a territorio estadounidense en busca de asilo, en muchos casos son privados de su libertad y llevados a centros de detención migratoria administrados por la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés).
Según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) hasta 34,000 inmigrantes son detenidos por día y hay más de 400,000 migrantes privados de su libertad por año.
Recientemente, ocho representantes del congreso estadounidense visitaron los centros de detención de Karnes City y Dellay, en Texas para conocer la situación de las familias detenidas, que pasan hasta un año, o más, en esos centros, con malas condiciones de salubridad y expuestos a maltratos.
Congresistas del partido demócrata piden la liberación de todos los migrantes detenidos, sin el pago de fianzas, que oscilan entre 5,000 y 8,000 dólares.
Asimismo, en el centro de detención Eloy, en Tucson, Arizona, más de 200 migrantes indocumentados habían iniciado una huelga de hambre el 14 de junio en reclamo de mejores condiciones, entre ellas el cese del uso excesivo de la fuerza por parte de los guardias del ICE y el esclarecimiento de la muerte de dos de sus compañeros.
Atropellos contra los migrantes
La mayoría de los migrantes presos en los centros de detención son salvadoreños, hondureños y guatemaltecos. A su vez de los más de 66,000 niños no acompañados que llegaron en 2014 a territorio estadounidense, 5% fue internado en centros de detención. Aun las autoridades migratorias no analizaron sus casos para determinar si otorgarán o no el asilo.
La Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU) denunció que una migrante detenida sufrió un aborto involuntario al tropezarse con los grilletes y esposas que le pusieron en un centro de detención en Baskerfield, California. Montserrat Ruiz, de 24 años, perdió su embarazo por las duras condiciones de encierro que enfrentaba en el centro de detención administrado por la empresa del Grupo GEO. Su único crimen fue cruzar la frontera para escapar de la violencia de los cárteles del narcotráfico.
Tras el aborto que sufrió, no recibió la atención médica y psicológica requerida, según denuncia la ACLU. Fue liberada el pasado 11 de junio.
Esto caso pone en evidencia no sólo otra forma de violencia racial, sino también el nefasto papel de las empresas privadas que administran los centros de detención.
El ensañamiento contra los migrantes no tiene límites. El 10 de junio pasado se dio a conocer el caso de Lilian Yamileth Oliva, de 19 años, una joven madre hondureña. Fue deportada el día 8 de junio junto con su hijo de 4 años, sin informarle de la situación a los abogados que la representaban.
Lilian huyó de Honduras porque allí era víctima de violencia doméstica, abuso y amenazas de muerte. Pidió asilo en Estados Unidos y lo único que le dieron fue cárcel. Desesperada, tras ocho meses de detención intentó suicidarse.
Otros migrantes tienen peor suerte aun: José Deniz Sahagún, mexicano de 31 años, apareció muerte en su celda el 20 de mayo pasado. El ICE afirmó que se trató de un suicidio, pero el Movimiento por Derechos Humanos Puente, que defiende los derechos de los migrantes, afirmó que se trata de una muerte “sospechosa”.
Obama y su juego perverso
Mientras impulsó las medidas ejecutivas que frenarían las deportaciones de los migrantes indocumentados, como señalamos acá, al mismo tiempo ostenta el récord de deportaciones. Sólo en el año fiscal 2014 (que terminó en septiembre del año pasado), se deportaron 315,943 personas. Eran personas que huyeron de la miseria, del hambre, del horror.
Pero no satisfecho con esto, el gobierno de Barak Obama implementó la política de privar de la libertad de los migrantes que piden asilo, y así son encarcelados, hombres, mujeres y niños, en los centros de detención, expuestos a hacinamiento, brutalidad de los guardias, y todo tipo de violencia por parte de las autoridades. Ahora reformarán la política de detención, pero eso no implica erradicarla.
Y la lista sigue: Obama no sólo implementó la criminalización de los migrantes en su propio país, la ha implementado también en México, con el Programa Frontera Sur y una dura política migratoria llevada adelante por el servil gobierno de Enrique Peña Nieto. Sumado a esto, se extiende la militarización en Centroamérica.
Nada pueden esperar las y los migrantes de los partidos demócrata y republicano. El camino para lograr la estancia legal, y conquistar plenos derechos sociales, políticos y sindicales es forjar una fuerte alianza con la comunidad afroamericana que lucha contra la violencia racial, con los trabajadores precarizados que pelean por el alza del salario a 15 dólares la hora, con los jóvenes que se han manifestado contra la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. De igual forma, es fundamental que los trabajadores estadounidenses le impongan a sus organizaciones sindicales la unidad y solidaridad activa con sus hermanos migrantes.
Para enfrentar los ataques del gobierno imperialista, todos los agraviados deben unirse en el gigante del norte.
Con información de Univision y La Jornada.
