Editorial Antofagasta. Acuerdo represivo y criminalizador frente a muerte de trabajador

La muerte de Byron Castillo generó alta conmoción en las regiones del norte del país, la muerte de un joven trabajador no dejó indiferente a nadie, rápidamente la derecha utilizó este hecho sensible para promover medidas represivas sobre la población migrante que ingresa al país empujada por la crisis humanitaria. A través de los medios de comunicación y redes sociales se buscó promover la relación entre delincuencia con este hecho fatal y la migración. Prohibir el ingreso migrante sería la fórmula promovida para terminar con la delincuencia.

El 10 de febrero la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile y la Federación de la Zona Norte a través de una declaración Firmada por Juan Araya Jofré exigen justicia por el crimen del conductor; Camioneros en Antofagasta, Tocopilla, Calama e Iquique cortan las rutas norteñas, medidas de presión que se extendieron a Valparaíso y la zona central del país, lo que causó la suspensión de los vuelos de Santiago a Antofagasta e Iquique, además de filas y atochamientos en las bencineras, quienes en el tercer día de bloqueo, manifestaron que hay stock solo para los carros de Bomberos, policías y ambulancias. Rumores de desabastecimiento en supermercados son parte del sugestivo colectivo. También un grupo de personas quemaron la choza de migrantes en la zona de Nicolás Tirado, una reconocida avenida que desemboca en la costanera antofagastina, el hecho fue repudiado ampliamente por ser irracional e inhumano para sectores empobrecido por la crisis; hubieron otras expresiones descolgadas en el centro con apedreos a micros, pero que no hay claridad de sus objetivos, pero que ocasionaron la paralización de la línea 103 de trans Antofagasta.

Las autoridades respondieron en sintonía con la agitación de la ultraderecha, y en consonancia con los pedidos de estados de excepción y militarización de las autoridades de la región de Tarapacá (Democracia Cristiana, Partido Liberal y la derecha) las semanas anteriores. El gobernador Regional de Antofagasta Ricardo Diaz (independiente del PRO) exigió estado de excepción, tomó esta posta el actual diputado y senador electo Esteban Velásquez (FSRV), la diputada Catalina Pérez (RD) también se pronunció a favor de medidas securitarias, muy lejos de sus propuestas de campaña en política migratoria que declaraban un compromiso hacia una política de migración “segura, ordenada, regular y respetuosa de los DD.HH.” y lejos de los anuncios de Boric de no utilizar a fuerzas militares en estos casos, los políticos “progres” de la región aplican lo que les pide la derecha y la ultra derecha que fortalece posiciones racistas, xenófobas, nacionalistas y represivas ¿Quién le hace el juego a la derecha? Asimismo el alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez (independiente ex-Evopolis) también se posicionó a favor del estado de excepción.

La concejala Natalia Sánchez, del PTR (Partido de Trabajadores Revolucionarios) concejala de la comuna, luego de lamentar el fallecimiento del trabajador, advirtió que más represión y criminalización a los inmigrante no es la salida, ella ha luchado codo a codo con las trabajadoras de la limpieza del hospital regional de Antofagasta, que en su mayoría son migrantes, y juntas han estado en primera línea frente a la pandemia y por la salud de todas y todos de la macro zona norte. En este sentido, la salida debe ser con la unidad de las y los trabajadores nativos y extranjeros para resolver los grandes problemas sociales que se enfrentan estructuralmente.

La Unión portuaria se manifestó a través de Alejandro Lilis, vocero de la Unión Portuaria de Chile zona norte, afectados por el asesinato de un conductor que se relacionaba con el rubro portuario, se hizo eco de la ola de criminalización al fenómeno migratorio que trajo consigo un acuerdo represivo entre patrones del transporte y autoridades, e hizo un llamado a las autoridades y al gobierno de tomar cartas en “el asunto de la migración ilegal, la falta de regularización que ha traido en nuestras ciudades del norte la gran delincuencia por parte de ciudadanos extranjeros”. La Coordinadora de trabajadores de Puertos y terminales 2da Región (Cotraporchi), se expresó en la misma línea a través de una declaración emitida por dirigentes portuarios de Mejillones, donde declararon estar en “Estado de Alerta”, donde asocia migración descontrolada e irregular con violencia desmedida. Qué más falso, según Loreto Cox investigadora de la UC, en base datos de la Defensoría Penal Pública, señala que en número de inmigrantes imputados por delitos apenas corresponde al 2,36% y los condenados sólo un 2,57%. Es lamentable así que organizaciones de la clase trabajadora como la Unión Portuaria, se hagan eco de las operaciones comunicacionales de los grandes medios que buscan instalar las causas del delito y los problemas sociales en la figura del migrante, intentando cerrar filas sobre el gran robo organizado de las riquezas del país que hacen los empresarios y trasnacionales.

Por otra parte, miembros del Partido Republicano participaron de los bloqueos; Marcela Ruz, a través de un cartel en la carretera proclamaba “Boric cómplice”, asimismo planteó en sus redes sociales que ni siquiera Piñera la representaba. A estos sectores no les basta con la reaccionaria nueva ley de migraciones y las “devoluciones en caliente”, para el partido republicano, hace falta el cierre de las fronteras, mayor militarización y represión, como en su momento pedían cavar zanjas en las fronteras. Estos sectores que piden más “mano dura” contra los migrantes pobres, buscan exaltar el racismo y la xenofobia en Antofagasta, así como lo hicieron en Tarapacá, con el objetivo de dividir a la clase trabajadora, entre Chilenos y extranjeros, una política que solo favorece a los grandes empresarios y los poderosos, que siguen beneficiándose a costa del pueblo trabajador, con el subcontrato, los empleos precarios y salarios de hambre.

Hoy se mantienen bloqueadas las rutas en la región, por desconfianza que el gobierno cumpla los acuerdos con los camioneros. Las medidas definidas en esta situación son:

• Publicación en el diario oficial y entrada en vigencia del reglamento de la ley de inmigraciones.
• “Reconducciones” o expulsiones de extranjeros en la zona norte.
• Entrada en vigencia de la nueva ley de migraciones.
• Reforzamiento en medios aéreos y terrestres para supervisar y vigilar las rutas que a los gremios más les interesa, en particular las rutas entre Antofagasta e Iquique (ruta 1).
• Aumento de dotación policial en la ciudad de Antofagasta.
• Estado de excepción en 4 Provincias fronterizas, Arica, Parinacota, Tamarugal y el Loa : los militares tendrán facultades para apoyar a las policías en las fronteras en operativos conjuntos.

Una de las aristas más reaccionarias de la nueva ley de migraciones son las facultades que facilitan la deportación de migrantes en las fronteras, lo que se conoce como “devoluciones en caliente”, el año 2021 el gobierno de Piñera declaró que esperaban deportar a 1.500 personas sin documentación, sin importar su situación sanitaria, migratoria, personal o política. No importa si buscan asilo, de qué están huyendo o si requieren de una asistencia médica urgente. Tampoco importa si pertenecen a grupos vulnerables, son víctimas de la trata de personas, menores no acompañados o poseen cualquier otra condición por la cual huyan de su país podrían convertirse en solicitantes de asilo potencial. Ningún caso es evaluado. Este tipo de deportaciones contradicen los principios de acuerdos internacionales de migración como el acuerdo de Marrakech (utilizado por Boric en su campaña) y por el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH).

Te puede interesar: No es solución. Gobierno acuerda con empresarios transportistas y decreta estado de excepción en el norte

Para enfrentar la crisis migratoria proponemos medidas urgentes e inmediatas, partiendo por un Plan de Acogida Internacional, porque la crisis no es solo en el país sino en Latinoamérica y diversos países del mundo, que mejore las condiciones tanto de quienes migran como de las ciudades que acogen inmigrantes cuál sea su origen. Para detener las miserias a las que se ven arrojados por empresarios nacionales y de otros países: expuestos a redes de trata, comercio sexual, de órganos, trabajos forzados entre otros peligros, son presas de la represión de las fuerzas armadas.

Frente a una nueva ola de COVID-19 necesitamos que puedan optar a una vacunación inmediata, entregando elementos de protección personal, test de antígenos, etc. Albergues gratuitos y transitorios y de buena calidad para la acogida. Fin a las deportaciones forzadas y derecho a la residencia. Asegurando el libre tránsito sin discriminación, facilitando el transporte para que quienes han decidido migrar puedan reencontrarse con sus familias que no son las responsables de la crisis del sistema capitalista.

Otra de las demandas necesarias es la entrega de visas de trabajo y convalidación de títulos técnicos y profesionales y la disminución de las horas de la jornada laboral a 6 horas 5 días a la semana para todos los trabajadores, para que se puedan repartir las horas de trabajo entre empleados y desempleados, y todas y todos puedan trabajar sin rebaja salarial. Basta de quebramos en el trabajo con turnos de 12 hrs, de 7x7, 10x10 o 15x15 mientras los empresarios se llevan todo y nuestros hermanos están sin trabajo.

Un plan de vivienda y obras sociales, financiado a través de impuestos progresivos a los grandes grupos empresariales.

Para garantizar estas medidas, es fundamental la unidad del pueblo trabajador, independientemente de la nacionalidad. Nativa o extranjera, seguimos siendo la misma clase obrera. Por ello, es central que sindicatos, organizaciones sociales y populares, llamen a solidarizar con el pueblo migrante, y repudiar las acciones y discursos de odio.

Organizándonos desde los lugares de trabajo y estudio, movilizándonos para enfrentar juntos esta crisis y conquistar nuestras más profundas demandas para todo el pueblo trabajador.