El Senado provincial avanzó sobre otros dos proyectos del Poder Ejecutivo
Enrique Jasid @EnriqueJasid
Viernes 30 de septiembre de 2016 00:00
En primer término esta semana se dio sanción definitiva a la adhesión de la ley nacional 27260 en lo referente al régimen de blanqueo de capitales que fue tratado como parte de la “ley ómnibus” en el Congreso.
La adhesión busca premiar nuevamente a los que tengan dinero o bienes no declarados en el exterior. A la exención de impuestos nacionales, se suma la posibilidad de no pagar las cargas provinciales.
El proyecto obtuve el voto positivo de la UCR y el FPV mientras que el FIT votó negativamente por considerarlo un “regalo para los evasores”.
Según estimaciones del Ministerio de Hacienda podrían ingresar por parte de los mendocinos alrededor de 2000 millones de dólares, aunque parte de ello podría ser solo declarada pero no ingresada al país.
Dicha suma equivale a un 150% de la deuda provincial, es decir que si se afectase a las grandes fortunas en vez de beneficiarlas se podría salir rápidamente de la crisis financiera que atraviesa Mendoza.
Continuando con las políticas de seguridad que envía el Poder Ejecutivo, este martes se dio media sanción a la modificación de distintos artículos de la Ley 8611- Registro de Huellas Genéticas Digitalizadas, de la Ley 6730.
A pesar de contar con el apoyo de la UCR, FPV y Libres del Sur, el proyecto es muy cuestionado porque amplia la base de datos genéticas que posee el Ministerio Público Fiscal.
En esa base se incluye ahora a los menores condenados en alguna causa penal, o donde se haya probado su responsabilidad en el hecho pero no haya sido condenado por alguna causal de inimputabilidad.
Los jóvenes se suman a la larga cadena de personas que incluye además de funcionarios, policías y miembros del poder judicial, a toda persona que haya sido imputada, procesada o condenada. En el caso de quienes sean sobreseídos el registro quedará en el banco de datos durante 5 años.
Recordemos también que por ejemplo un corte de calle o ruta es parte del código penal, por lo que es un intento de llevar a un registro genético a los que salen a reclamar por sus derechos.
Para quienes hayan sido condenados, estarán en el registro durante 50 años, prácticamente de por vida.
Se habilita también a hacer tratamiento de los datos a los fines de establecer estadísticas delictuales, lo que por un lado vulnera la ley de Protección de Datos Personales y por el otro presenta criterios difusos que abren las puertas para querer explicar el delito por cuestiones genéticas.
Asimismo se establece la adhesión de esta ley a la emergencia en seguridad para poder comprar sin licitación y admite la celebración de convenios internacionales, entre ellos el FBI.
Noelia Barbeito hizo algunas consideraciones sobre la iniciativa y adelantó su voto negativo a la propuesta. “El gobierno termina cayendo en demagogia política, no le soluciona la gente las problemáticas que tiene. Se vulneran derechos de la privacidad de los ciudadanos y niños que puedan ser puestos en esta base de datos”, dijo.
