Libertades Democráticas. Agentes desaparecedores encubiertos

Foto La Nación

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich aún no renunció a su cargo. Y no parece estar dispuesta a hacerlo por el momento. Pero sus actos, sus dichos y, sobre todo, las evidencias del caso ameritan a esta altura no sólo que renuncie sino que sea sometida a una investigación judicial por encubrir de forma deliberada el aberrante delito de la desaparición forzada de Santiago Maldonado.

La voluntad de preservar a la Gendarmería Nacional como brazo armado privilegiado del Poder Ejecutivo en sus planes represivos y criminalizadores de la protesta social (en defensa, por ende, de un puñado de empresas y terratenientes) parece haber obligado a los funcionarios del Gobierno nacional a caer en una pendiente de mentiras, maniobras y hasta fraguado de pruebas lindantes con la criminalidad de lesa humanidad.

Pero si en otras ocasiones esos artilugios (implementados por todos los gobiernos, nacionales y provinciales) lograron sortear el escándalo público, la desaparición de Santiago Maldonado por el contrario se convirtió en una crisis inesperada para Macri.

Tal vez sea, como dice desde Bariloche María Isabel Huala, que “a Santiago lo desaparecieron porque lo confundieron con un mapuche”. Como sea, la usina encubridora de los agentes desaparecedores está en acción más que nunca.

PRO y anti

A juzgar por lo que consta en el expediente del caso por la desaparición de Santiago Maldonado, una reflexión se impone. Todo lo hecho por el juez federal de Esquel Guido Otranto, por la fiscal Silvina Ávila y por el Ministerio de Seguridad busca ante todo encubrir a la Gendarmería, demonizar a la comunidad mapuche y avanzar lo menos posible en encontrar a Santiago con vida.

Como informó hace una semana este diario, inmediatamente después de la desaparición de Maldonado la abogada de su familia, Verónica Heredia, solicitó al juez de la causa que pidiera al Ministerio de Seguridad la nómina completa del personal de Gendarmería que había sido afectado al operativo del lunes 31 y martes 1°, así como los vehículos utilizados y la tecnología de comunicación empleada. Pero Otranto se tomó su tiempo.

Recién el viernes 11 el juez le pidió al director nacional de Gendarmería que, “en el término improrrogable de 24 horas, informe los escuadrones de esa fuerza que participaron en los procedimientos”, debiendo precisar “los datos de la totalidad del personal y vehículos afectados con indicación del escuadrón al que pertenecen”. Pero Gendarmería se autoprorrogó el plazo y terminó entregando una nómina de 130 efectivos recién el jueves 17. Es decir dos semanas después de los hechos, con el tiempo suficiente de fraguar nombres y eliminar evidencias, y un día después de que Patricia Bullrich, durante su patético acting en el Senado, dijera que la fuerza va a cumplir con todo lo que el juez le pida.

En cambio los “investigadores” parecen más decididos a poner la lupa sobre el propio Santiago Maldonado. Apenas el juez Otranto ordenó allanar la casa de El Bolsón donde vivía el joven artesano (sin avisarle a su familia, que es además querellante) la Policía Federal se lanzó a la caza de “evidencias” útiles para saber de sus gustos y de su orientación ideológica pero no para resolver su desaparición forzada.

Así, tras el allanamiento se aportaron al expediente “una mochila de color negro sin inscripciones”, “panfletos tipo esquela con propaganda” de tattoos, “folletos” con inscripciones del tipo “Dos Mundos opuestos Mapuches vs Capitalismo” o “Nuevo hostigamiento en la Pu Lof en Resistencia Dpto Cushamen”. Y, de paso, un análisis de sangre que Santiago se había realizado hace dos meses en el Hospital de Área El Bolsón y una bolsita con “varios mechones de cabello tipo rastas”.

Inevitablemente el caso hace acordar a los mismos modus operandi ejecutados desde el Estado en ocasiones pasadas. Cuando desapareció Jorge Julio López, en septiembre de 2006, la principal sospechosa de su secuestro era la Policía Bonaerense. Sin embargo el poder político y el poder judicial no hicieron nada para evitar que esa fuerza se inmiscuyera en el expediente, plantara pistas falsas y embarrara la cancha de tal manera de alejar cada vez más la posibilidad de acceder a la verdad de los hechos. Y allí también hubo un intento oficial de investigar, contra toda evidencia, a la víctima en lugar de a sus victimarios.

Operación Desvío

Es necesario hilvanar, en este punto, una serie de hechos aparentemente disociados. Hechos que, reunidos, conducen a la conclusión de que la desaparición de Santiago Maldonado es producto directo de la avanzada estatal, empresaria y mediática contra la población mapuche.

 Tres días después, el viernes 4, mientras la APDH, la Comisión Provincial por la Memoria y otros organismos de derechos humanos realizaban una conferencia de prensa en Buenos Aires para denunciar la desaparición forzada de Maldonado, varias de las empresas periodísticas que sostienen al gobierno de Mauricio Macri difundieron la “noticia” de un atentado a la Casa de Chubut, ubicada a metros del Obelisco. Allí también hubo pintadas de supuesto contenido “terrorista”. Sin embargo, pese a haber ocurrido a las 11 de la mañana, no hubo una sola filmación o fotografía del ataque ni de sus protagonistas. Obviamente, tampoco detenidos ni identificados.

 Luego de planificar con Noceti la coartada, la ministra Bullrich intentó cerrar el círculo de la operación antimapuche y progendarmería. En su exposición del miércoles ante la comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico del Senado lanzó una sarta de mentiras que hacen agua por todos los costados. Algunas más improvisadas que otras. Y al igual que el exministro de Justicia de Cristina Kirchner ante la desaparición de Jorge Julio López, se sacó de encima toda responsabilidad. Así como Aníbal Fernández dijo en 2006 que “no descartaba ninguna hipótesis” sobre López, Bullrich repitió el libreto. Y fue un paso más allá: lanzó una hipótesis según la cual no sólo la Gendarmería no tiene nada que ver con la desaparición de Maldonado sino que el joven artesano podría ser uno de los “terroristas” de la RAM.

Según la versión de la ministra, replicada por algunas empresas periodísticas como la Nación y agitada desde la fiscalía de Silvina Ávila, Santiago podría haber participado del ataque al puesto El Retamo de Epuyén e incluso podría haber muerto producto de la puñalada asestada por el cuidador del puesto. Quizás ésta sea la más burda pero a su vez más pensada maniobra para intentar salvar a la Gendarmería. Sin embargo, en el expediente hay pruebas que muestran que Santiago estuvo vivo y activo hasta el martes 1°.

Colaboraciones

¿Por qué mienten tanto la ministra Bullrich y sus colaboradores? ¿Qué es lo que saben y se niegan a declarar en el expediente? ¿Cuál es el costo que está dispuesta a pagar para no “tirarle la responsabilidad al gendarme”, como dijo en el Senado?

Quince días después de los hechos la ministra de Seguridad insistía en que no estaba comprobado que Santiago hubiera estado en el Pu Lof de Cushamen durante el operativo. Y mucho menos que lo hubiera detenido Gendarmería. E intentando tapar el sol con las manos repitió la sanata de que la familia de Santiago y la comunidad mapuche se resisten a colaborar en la investigación.

Una de dos: o no le mostraron la declaración de una madre y su hija la misma tarde de la represión o está decidida a tomar a todo el mundo por estúpido.

A las 19:10 del mismo martes 1°, dos mujeres llegaron hasta la Defensoría Pública de Esquel a contar lo que horas antes habían vivido. En un relato escueto, directo y sin fisuras, la mayor dijo que a eso de las 11 de la mañana se encontraban junto a su hijo, su hija mayor de edad y su nietito, “irrumpiendo personal de Gendarmería (alrededor de 40), mientras se escuchaban disparos”.

Entre la confusión y los tiros la mujer llamó a los menores para que entren al puesto de guardia del campo. Su hija quedó afuera. Se escucharon “ruidos y gritos de un masculino” a quien la mujer le pedía que se calme porque había niños. “El masculino ingresó y empujó a su hija, revolvió el lugar, el masculino gritaba y daba órdenes diciendo ’búsquenlos’, ’busquen’”.

La mujer dijo que parecía que buscaban armas, drogas, “cualquier cosa; y comienzan a prender fuego una carpa con una pequeña mudanza, con sillas, diferentes muebles y elementos personales cuyos rastros se observan a simple vista”. Después los gendarmes “desarmaron otra carpa, la levantaron y la quemaron”.

La misma mujer afirmó, ese 1° de agosto de 2017 a las 19:10, que “un compa (Santiago Velozo o Peloso)” seguramente está detenido ya que “uno de los integrantes del lof vio cuando se lo llevaban”.

También recordó que “episodios de violencia son frecuentes y los mismos han ocurrido con la presencia de los niños (por lo menos en tres oportunidades)” y que por eso pedía que no se interrogue a los niños para no “reinstalar aspectos traumáticos” en ellos.

La mujer y su hija, además de relatar los hechos, llevaron en sus manos tres vainas “antimotín” servidas y una sin percutar, “las que fueron halladas dentro del predio”.

Peloso es el apellido materno de Santiago Maldonado. Queda claro que desde el mismo día de la represión la comunidad dio sobradas muestras de colaboración con la búsqueda de Santiago. Mal que le pese a Bullrich, quien de colaboración para encontrar al joven Maldonado sí que no sabe nada.