En los últimos meses de 2021, y bajo el argumento de que la pandemia del covid-19 estaba controlada, el gobierno de Piñera, a través del Minsal, realizó miles de despidos de trabajadores/as y profesionales de la salud en el país, lo que fue avalado por las autoridades locales y municipios. En la región, hubo más de 300 desvinculaciones. Hoy, en plena alza de contagios, se viven las consecuencias de este error, expresado en una agudización del agobio laboral, en falta de personal en hospitales, cesfam y para la estrategia de trazabilidad, en la escasez de residencias sanitarias, entre otras falencias. Son urgentes medidas concretas y organizarse contra el agobio y el maltrato laboral.
Jueves 20 de enero de 2022
Los contagios en la región de Antofagasta superaron los 900 casos diarios, este miércoles 19 de enero, siendo la capital minera donde se concentra la mayoría con más de 500 al día, seguido por Calama que ya ha superado la cifra de los 200. A nivel nacional, ya se bordean los 9.000 contagios y se agudiza la preocupación al tener un sistema de salud pública tan deficiente, que mostró sus grietas durante los peores momentos de la pandemia y fue sostenido por miles de trabajadoras, funcionarios y profesionales de la salud.
Las autoridades locales, como el delegado presidencial de la región, el RN Daniel Agusto, junto a las seremis de Salud y Gobierno, vienen desplegando una campaña de autocuidado donde responsabilizan a la población del aumento de contagios, por asistir a las playas en verano, destacando las fiestas de fin de año y un relajo en las medidas sanitarias. Pero, si se manejaba que habría un aumento de los casos de covid-19 producto de las celebraciones y el inicio de la temporada de verano, algo que ya ocurrió en el verano anterior, ¿por qué el Gobierno y las autoridades locales avalaron recortes presupuestarios y de personal de salud, justificándose en un supuesto “control” de la pandemia?
Desde ya, las medidas sanitarias como el uso de mascarillas, el distanciamiento social, evitar las aglomeraciones en lugares cerrados, acudir a realizarse el PCR si se presentan síntomas y mantener resguardo en domicilio, entre otras señaladas desde el Colmed y la Atención Primaria de Salud (APS), son fundamentales para evitar el contagio y protegernos; no obstante, no podemos hacer vista gorda que en los aviones, buses, lugares de trabajo, no se respetan estas medidas o no se garantizan, por lo que también son focos de contagio, no solamente “las playas” como hacen creer las autoridades para responsabilizar meramente a la comunidad. Así no se explican los brotes de covid-19 ocurridos en Urgencias del Hospital Regional de Antofagasta, en el cesfam Corvallis, en la Municipalidad, en empresas mineras como Escondida, lo cual fue indicado desde el Sindicato N1, entre otros tantos casos de contagios en lugares de trabajo. Sobre esto se callan las autoridades, no es información que entreguen en sus puntos de prensa, pues desde el inicio de la pandemia han intentado ocultar el factor productivo en el aumento de casos, como en su momento tuvo en la mira a las faenas mineras como focos de contagio, donde la producción no cesó en ningún momento.
En este sentido, esta nueva ola de contagios covid-19 llega en un momento de grave falta de personal de salud, sin residencias sanitarias disponibles y provocando una grave agudización del agobio laboral. Esto no es al azar, es producto de la decisión del Gobierno de impulsar miles de despidos en todo el país, lo que fue avalado por las autoridades regionales, incluyendo al Municipio de Jonathan Velásquez, a cargo de la APS, cuya dotación de trabajadoras/es y profesionales se vio fuertemente mermada. El alcalde de Antofagasta no solo avaló las desvinculaciones, sino que impulsó una fuerte línea anti trabajadores de la salud, teniendo el descaro de responsabilizar a las y los funcionarios por la crisis de la salud pública y las históricas “listas de espera”, yendo en la madrugada a los consultorios y “funando” por redes sociales a quienes han dejado su vida y fuerzas en esta pandemia. Velásquez, al igual que la administración de la derechista Karen Rojo, es un defensor del negocio en la salud. Bajo esta administración, hubo más de 300 desvinculaciones en los últimos meses de 2021. Hoy, en plena alza de contagios, se viven las consecuencias de este error.
La escasez de recursos para la salud pública, y el negocio detrás, es el gran talón de Aquiles. Incluso desde la propia Dirección de Salud de la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS) reconocieron, a través de la directora subrogante, que los laboratorios locales están al límite, que no hay cupos suficientes para realizar la cantidad de testeos que se requieren para la situación actual. A esto se suman los contagios en los propios funcionarios/as de la salud y el recorte de personal para medidas fundamentales en el control de la pandemia como es la trazabilidad.
Son urgentes medidas concretas y organizarse contra el agobio y el maltrato laboral
Desde el Colmed y la APS también han señalado la urgencia de que se destinen más recursos para la salud pública, especialmente para la contratación de más personal, pero no es un eje central por el cual están organizando los gremios de la salud, al contrario, la crítica es más bien tibia hacia el Gobierno y autoridades locales y- a diferencia de lo impulsado desde el Sindicato Siglo XXI del HRA- no han impulsado la realización de asambleas de trabajadoras/es y profesionales donde sea la “primera línea” la que discuta qué medidas son urgentes en esta nueva ola y cómo hacer frente al profundo agobio laboral. Por esto, las asambleas en los lugares de trabajo y la conformación de comités de higiene y seguridad son medidas que debieran tomar en sus manos los gremios y sindicatos. ¡Basta de pasividad y espera!
Para enfrentar esta nueva ola de contagios, se requieren medidas urgentes y de fondo, que apunten a fortalecer la salud pública, mejorar las condiciones laborales de trabajadoras/es y profesionales y la atención de la población. Se deben destinar todos los recursos necesarios para potenciar la Atención Primaria de Salud, dar respuesta con contratación de forma indefinida a quienes realizan suplencias para garantizar su trabajo de forma estable y contratar a más personal, pues el déficit es histórico y anterior a la pandemia; reinicio y fortalecimiento de la estrategia de TTA (trazabilidad, testeos y aislamiento), apertura de hoteles y residencias sanitarias, reconocimiento de los contagios dentro de los lugares de trabajo como enfermedad profesional, entre otras medidas urgentes para que la nueva ola la enfrentemos juntos, usuarios, trabajadores y profesionales de la salud.
Ante el brutal agobio laboral que se vive en el sector de la salud, es imprescindible la organización de trabajadoras/es, funcionarios/as, profesionales, sin importar la diferencia en los estamentos y tipo de contrato, a través de asambleas e instancias de reflexión y toma de decisiones. Para retomar demandas como el paso a planta de trabajadores y funcionarios, el fin del subcontrato y la precarización laboral, entre otros puntos exigidos por la primera línea de la pandemia. Todo esto con el objetivo de fortalecer la unidad para enfrentar el constante agobio, maltrato y sobrecarga laboral, en medio de un sistema donde las ganancias parecieran estar por sobre la salud y la vida de las mayorías.
Por un sistema universal unificado de salud pública, 100% garantizado por el Estado y sin subsidios a los empresarios de las clínicas privadas que lucran con la salud del pueblo, financiado con la nacionalización de los recursos naturales, como el cobre, litio y agua, bajo gestión de trabajadores y comunidades, para que sean garantizados todos los derechos sociales exigidos por la gran mayoría del país.
