Visitamos María Juana y entrevistamos a Horacio Brignone, vecino y activista contra los agrotóxicos. Más de 40% de las muertes son por cáncer y se multiplican las malformaciones, abortos y enfermedades respiratorias en la región.
Andrés Arnone Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (UBA)
Miércoles 14 de septiembre de 2016
En las dos últimas décadas la expansión del uso de distintas semillas transgénicas, asociado con el alto precio de los comodities agrarios, fue una de las principales causas del boom económico que se vivió en la agricultura. Estas semillas fueron originalmente modificadas genéticamente para soportar fumigaciones con glifosato, un herbicida químico de amplio espectro diseñado para matar “malezas” con efectos también sobre otros seres vivos. Esto le ahorraría al empresario costos al sustituir mano de obra e insumos vinculados con otros métodos menos agresivos con el medioambiente. A su vez, estos químicos afectan el agua y el aire, llegando a toda la cadena alimenticia e incluso al ser humano, cuyas consecuencias en la salud pueden calificarse como crimen social o, como lo denominó el Nobel de la Paz Adolfo Perez Esquivel, crimen de lesa humanidad.
Un “socialismo” que solo distribuye enfermedades
Horacio Brignone, integrante de María Juana Sustentable y del colectivo Paren de Fumigarnos, comentó que "acá hay mucha preocupación desde hace tiempo. El disparador de las recientes movilizaciones fue la suspensión insólita de una ordenanza comunal, que fue uno de los primeros logros que habíamos tenido en 2012, después de acciones vecinales y una asamblea, que prohibía las fumigaciones aéreas con agrotóxicos. El jefe comunal Amadeo Bazzoni, del Partido “Socialista” (FPCyS) y empresario agrícola miembro de Agricultores Federados Argentinos, suspendió la ordenanza sin ninguna consulta de por medio, tan solo porque la fumigación terrestre, única permitida, podría resultar dificultosa en algunos predios, sin la menor consideración respecto de los riesgos que la fumigación aérea implicaba en la salud y el ambiente, justamente lo que fundamentó su prohibición.
Otra amenaza, que comparten con otras poblaciones, son las plantas de acopio dentro de la localidad provocando constante volatilización de polvillo tóxico, ya que demandan permanente aplicación de productos químicos para la conservación de granos, especialmente poderosos insecticidas (fosfuro de aluminio, DDVP, piretroides, etc.), causantes de afecciones a la salud en habitantes cercanos, empleados y transportistas, con saldos fatales en más de una ocasión.
“Mi hijo de 20 años de edad ha sufrido de asma desde que tenía tres años de edad, pero cuando recientemente se mudó a la ciudad de Córdoba para estudiar su enfermedad desapareció”. Todas estas historias que se transmiten de boca en boca fueron puestas en números. En marzo de 2015, recorrieron Maria Juana más de 120 estudiantes y médicos de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario (Campamentos Sanitarios) que reveló que el cáncer era la principal causa de muerte en la localidad, en un índice que supera largamente la media nacional. Los investigadores detectaron que entre 2011 y 2014 se esperaban 30 casos de cáncer pero se registraron 80. Detener las fumigaciones aéreas fue una forma de mitigación pero a lo que apuntamos es a terminar paulatinamente con el uso de los agrotóxicos, ya que existen otras maneras comprobadas de producción sin efectos sobre la salud, como la agroecológica”.
En todo el país fallece de algún tipo de cáncer el 18 %, pero en María Juana y en otras ciudades rodeadas las fumigaciones necesarias para el funcionamiento de la agricultura transgénica comercializadas por Monsanto y otras corporaciones, la tasa de muertos por cáncer aumentó hasta el 40% o más, una verdadera epidemia avalada por el Partido “Socialista”, la UCR, el PRO y el PJ, que legalizan esta técnica solo para garantizar un poco mas de su propia rentabilidad y la de sus patrocinantes.
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Un genocidio silencioso
La revista Chemical Research in Toxicology publicó en 2008 una investigación que constató que es letal para las células humanas aún en dosis muy bajas. El herbicida Roundup, una de las más vendidas formulaciones comerciales de glifosato, provocan la muerte celular en pocas horas, provocando malformaciones durante el embarazo, abortos, además de distintos tipos de tumores y enfermedades respiratorias. No casualmente coinciden las zonas de mayores fumigaciones, con las de mayor concentración de muertos por cáncer.
Tan solo en Santa Fe la población expuesta a estos químicos llega al 50 %, y en toda Argentina suman aproximadamente 13 millones, casi un tercio del país. Y de no modificarse esta situación terminarían muriendo a lo largo de los años más de cinco personas por causas totalmente evitables.
Dueños del campo y de nuestra salud
En Argentina el 50 % del suelo cultivable, 15 millones de hectáreas, le pertenece solo a un puñado de 2 mil grandes propietarios, arrendando también muchas otras, llegándose a utilizar este “paquete tecnológico” sobre mas de 20 millones de hectáreas.
Por eso sabemos que así como en ciertas ocasiones a causa de la presión y movilización popular la justicia puede apoyar circunstancialmente al medioambiente y la salud del que de éste depende, así como la calidad de vida de los trabajadores, la mayoría de las veces el Estado juega a favor de los intereses y el lucro de los empresarios. Recientemente la justicia califico a los delitos ambientales como una violación de los DD.HH. Incluso en la misma Santa Fe ya se había logrado un recurso de amparo en San Jorge para limitar las fumigaciones a 800 metros de las casas, pero llamativamente las autoridades del mismo municipio sancionado dictaron una posterior ordenanza de apenas 150 metros de protección, a contramano de las conclusiones judiciales.
Es por esto que la lucha contra este agromodelo genocida debe ir de la mano de la lucha contra las grandes empresas del sector que son sus promotoras y sostenes, y para llegar hasta el final solo se puede confiar en las propias fuerzas de los trabajadores y sectores populares así como en la coordinación con otros colectivos en lucha, independientes de políticos que compartan intereses con empresarios y corporaciones responsables de la muerte y enfermedades de millones.
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