La Procuración General oficializó la creación de la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional. Más allá del nombre, su objetivo será reprimir a quienes se propongan defender sus puestos de trabajo, sus salarios, la educación y la salud, así como enfrentar los planes del FMI.
Martes 28 de agosto de 2018
Luego de las visitas de los “embajadores” del ajuste y la represión (funcionarios del FMI y el jefe del Pentágono) se anuncia la creación de una Secretaría “antiterrorista”.
El jefe del Pentágono, James Mattis, se reunió a mediados de agosto con el ministro de Defensa Oscar Aguad, quien se mostró muy servicial frente al exmarine y satisfecho de recibir las órdenes de este halcón de la política estadounidense.
Según lo poco que trascendió ante la prensa sobre aquella reunión, se conoció que Estados Unidos participará activamente de la seguridad durante la cumbre de los mandatarios de las principales potencias, reunidos en el G20, que llegarán a fin de año al país.
Tras la partida del jefe del Pentágono se conoció que la Procuraduría General de la Nación tendrá a su cargo la flamante Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (SAIT).
Justamente la militarización que prescribe Estados Unidos para el cono sur, es bajo las banderas de los supuestos combates contra el “terrorismo”, que lo único que pretende es el control social de la región.
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El 24 de agosto pasado la Procuraduría publicó un documento donde informa los alcances y objetivos de la nueva Secretaría.
Un informe periodístico del periodista Ari Lijalad, publicado en el portal El Destape, da cuenta de las nuevas herramientas del Gobierno contra la protesta social y, como dice el autor, contra un enemigo imaginario que el macrismo llama terrorista.
Según reveló Lijalad, a mediados de julio el Gobierno se proponía crear la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional. El pasado viernes la Procuración General de la Nación, a cargo interinamente del promacrista Eduardo Casal, oficializó la creación de la Secretaría que estará bajo su órbita.
Bajo la figura difusa del “extremismo violento”, esta estructura estará diseñada para perseguir y criminalizar la protesta social.
En la resolución que creó esta Secretaría antiterrorista se explica que el objetivo de esta nueva estructura es el combate contra el terrorismo internacional y el “extremismo violento”.
La Secretaría que estará bajo el mando de Casal cita la “resolución 2178 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”, donde se hace explícito “el vínculo entre extremismo violento y el terrorismo, reconoce la necesidad de su prevención y recalca que tales medidas estén en consonancia con las normas internacionales”.
Sin embargo en Argentina no existen amenazas terroristas, a menos que el gobierno de Mauricio Macri llame terrorista a los movimientos de desocupados, a los trabajadores, decentes universitarios y estudiantes, que se movilizan para reclamar no pagar las consecuencias de la crisis económicas que provocó el Gobierno del PRO, sus aliados de la coalición gobernante, la UCR y los peronistas, dadores de gobernabilidad.
El Gobierno, ante la desaparición de Santiago Maldonado, se atrevió llamar terroristas a la comunidad mapuche que reclaman por sus tierras ancestrales.
La resolución de la Procuraduría permite la injerencia de esta Secretaría en trabajos de inteligencia, que les permite investigar la “Utilización de tecnologías de la información, especialmente Internet (incluida la Deep Web y la Dark Web) para radicalización, adiestramiento y reclutamiento. Vinculación de alias cibernéticos con personas físicas. Propaganda y glorificación: mensajes para contrarrestar su contenido”.
Además se proponen la adecuación del país a los estándares internacionales en materia antiterrorista. El documento anuncia que modificarán la seguridad migratoria. Otro de los capítulos del documento habla sobre “Combatientes terroristas extranjeros”, donde detalla “Regreso de combatientes de zonas de conflicto y su reubicación. Enjuiciamiento en su lugar de residencia. La problemática de los actores solitarios, de los llamados ‘Home growth terrorist’ y la segunda generación de inmigrante”.
Como explica Lijalad en El Destape, “todas problemáticas que no existen en Argentina, a no ser que se considere terroristas extranjeros a los hijos de inmigrantes de países limítrofes”.
A finales de 2017, en su cuenta de Twitter, la diputada porteña del PTS-FIT Myriam Bregman recordó que “cuando en 2016 se trató ley de reforma del Ministerio Público Fiscal querían crear una Subprocuración contra el terrorismo. Lo denunciamos como una orden de EEUU y su llamada ‘política antiterrorista’. Aún no consiguieron la ley y avanzan con resolución del Procurador interino”.
Como no pudieron obtener la ley, crearon esta Secretaría con el fin que denunció la diputada Bregman.
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