MALA EDUCACIÓN. Ajuste: “profunda preocupación” de Ctera por el futuro de las jubilaciones docentes

En un comunicado emitido este miércoles, la Junta Ejecutiva de la Confederación de Trabajadorxs de la Educación de Argentina (Ctrea) expresó su “profunda preocupación” por los artículos 51 y 52 del Proyecto enviado por Alberto Fernández al Congreso. En ese sentido, sentenciaron que “para salir de la actual crisis económica y social, que deja la administración Cambiemos, deben ser quienes fueron beneficiarios directos de las políticas económicas del gobierno anterior, los que hagan el mayor esfuerzo y no lxs trabajadorxs.”

“Desde Ctera queremos expresar nuestra profunda preocupación por los artículos 51 y 52 del proyecto de ley denominado ‘de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, en el Marco de la Emergencia Pública’, que suspende por 180 días la actualización jubilatoria para el sector docente”, comienza el comunicado emitido mientras en las comisiones del Congreso se debatía el paquete enviado por el Poder Ejecutivo.

Algunos datos del comunicado dan cuenta de la gravedad. “El 74 % del total de jubilados docentes son mujeres, es decir que de 111.148 jubiladas, 55.574 docentes (el 50 % que surge del promedio) estaría cobrando menos de $ 44.000”; “número total de jubilados docentes nacionales : 150.200”; “haber promedio: $ 44.000 (es decir que aproximadamente el 50 % no supera los $ 44.000 pesos)”; “con Haber mínimo el 2 %, es decir que de 150.200 jubilados docentes tan solo 3.004 cobrarían el bono de $ 5.000; “el ultimo incremento en los haberes jubilatorios docentes es de septiembre 2019, con lo cual si no hay movilidad durante 180 días, el perjuicio económico es muy fuerte”.

Sin embargo, de forma contradictoria, el comunicado expresa que la conducción de Ctera comparte “el espíritu general de la ley, ya que entendemos que son los sectores que menos ganan, los que deben recibir de manera inmediata, la mayor asistencia del Estado para poder recuperar rápidamente lo perdido en estos últimos cuatro años de ajuste de la administración cambiemos”.

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El espíritu no puede ser que para darle a los que menos tienen sean los trabajadores y las trabajadoras, los jubilados y las jubiladas, quienes deben ajustarse. ¿Y si se les pide a los bancos, grandes terratenientes y las patronales que sean “solidarios”, ya que amasaron grandes fortunas durante todos estos años? ¿Por qué no se aplica un impuesto a las grandes fortunas? ¿Para el Gobierno, “los que más tienen” son los jubilados que cobran por encima de $ 19.000, cuando la canasta básica está alrededor de los $ 38.000? ¿Para pagarle al FMI ajusta a los jubilados?

Los y las docentes no son ricos, tienen que trabajar entre dos y tres turnos y aún así quedan por debajo de la canasta básica familiar que está actualmente en $ 55.000. La jubilación docente tampoco es un privilegio, pero sí las jubilaciones de los políticos, jueces y expresidentes.

Mientras los diputados y senadores que van a votar ganan más de $ 160.000 mensuales, quieren ajustar a las jubiladas y los jubilados. Millones se quedarán sin certeza de cuánto van a cobrar y 2,3 millones ni siquiera recibirán un bono de fin de año. El bono será solo por dos meses y nada más que para los que cobran la mínima, que con este monto apenas cubrirían los gastos de quince días por mes. Una miseria. El 70 % de los jubilados seguirá por debajo de la canasta básica de subsistencia, que hoy vale $ 38.000.

Esta medida del Gobierno ataca a los que laburaron toda la vida en lugar de sacarles a los empresarios. Desde la agrupación Marrón referenciada con el Frente de Izquierda, se exige que se anulen los artículos 51 y 52 de la supuesta Ley de Solidaridad y la suspensión de la movilidad jubilatoria, porque es la continuación de la contrarreforma previsional que quiso imponer Macri en 2017. Y se llama a la Ctera a movilizarse ante este ataque y que tenga plena vigencia del 82 % móvil para todos los trabajadores.

Vale decir que ya se pronunciaron al respecto varios sindicatos docentes del país, como el SUTE de Mendoza, Ademys y UTE, ambos de la Ciudad de Buenos Aires.

El Consejo Ejecutivo de Suteba La Matanza difundió un comunicado en el que se le dice “no al Proyecto de Ley llamado De Solidaridad Social”. Allí plantean que “lejos de tomar medidas de emergencia para beneficiar a las grandes mayorías y atacar a los que más ganaron, esta ley propone un ajuste fiscal sin tocar a los bancos, petroleras ni a las grandes empresas que se enriquecieron a costa del pueblo trabajador todos estos años”.

En ese sentido, plantean “no a descargar la crisis sobre los que menos tienen; jubilación del 82 % móvil para todos, ningún jubilado por debajo de la canasta;
restitución de los aportes patronales al 33 %, que los capitalistas paguen la crisis, ellos la generaron; ni un peso para el FMI; plata para educación salud y trabajo; paritarias libres ya para recuperar lo perdido de nuestro salario y aumento salarial indexado a la inflación”.