#TESTMASIVOSYA. Alarmante realidad: 14 trabajadores infectados de COVID–19 en el Sanatorio Río Negro

La denuncia encendió el alerta nuevamente sobre las condiciones laborales a las que están sometidos los trabajadores de salud en Río Negro. Como ya lo vienen manifestando desde el hospital de Viedma, Bariloche y Choele Choele donde falleció un enfermero, se delata el alto riesgo de contagio al que están expuestos por no contar con los elementos y recursos necesarios.

En un comunicado de los trabajadores del Sanatorio Río Negro se sostuvo que el tema ya pasó a ser un problema de salud general: “el desbordamiento quedó en evidencia con la cantidad de trabajadores infectados, 14 hasta hasta la fecha, y lo que lo hace más peligroso aún es la distinta procedencia de los mismos (Allen, Centenario, Villa Regina, Roca, Ing Huergo, Cinco Saltos)”.

Denunciaron también los criterios que tienen desde salud pública para evaluar qué trabajador merece ser testeado y cuál no, y sostuvieron que “ante la insistencia por parte del gremio de hisopar a los compañeros que aún no fueron puestos en cuarentena, la respuesta del Ministro de Salud es que no hay reactivos”. Un panorama complicado si se piensa en los criterios que tiene el Estado para evaluar también a la población en general.

Desde el Gobierno de Río Negro se refirieron a la denuncia de los trabajadores del sanatorio, en la ronda de prensa diaria, reconociendo que “tienen conocimiento de lo que está ocurriendo y que se están tomando los recaudos con el aislamiento de los infectados y sus entornos. El sanatorio está cerrado y Salud hizo intervención para la desinfección, pero en sí, todo lo que hacen desde la institución es así porque corresponde a un lugar privado”. El mensaje del Gobierno no hace más que reconocer la incapacidad con la que se viene manejando en política de prevención y cuidado de los trabajadores de salud que están siendo víctimas de la pandemia.

Te puede interesar: Argentina, primera a nivel mundial en proporción de personal de salud infectado con Covid-19

La secretaria general de ATSA Río Negro (Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina), Gloria Ovejero, se refirió a la situación en el sanatorio de Cipolletti, resaltando la situación “como un panorama triste, porque a esta altura tenemos 14 compañeros infectados. No queremos que sigan habiendo compañeros de la salud en riesgo,” y agregó que “venimos exigiendo las garantías de salubridad y que cuando un trabajador tenga los síntomas, hay que hacerle el testeo” algo que dista de la realidad que solicitan los trabajadores, que es la exigencia de testearlos a todos los que integran la planta de empleados del Sanatorio.

Respecto a las declaraciones del Gobierno la representante gremial sostuvo que disiente con la vocera del Gobierno “porque la salud es una sola, y es un tema absolutamente social y mundial, entonces nosotros a quien le exigimos que den las garantías de salubridad, entregando los insumos para que los compañeros tengan los implementos de protección personal, es obviamente a los empresarios de la salud pero también a los representantes de la salud pública, porque esto detjo de ser ya un tema de una institución privada.”

El 4 de abril se registró el primer caso en el Sanatorio Río Negro y 13 días después denuncian que siguen habiendo “trabajadores que no fueron testados ni puestos en cuarentena y continúan con sus actividades” y exigen que la salud pública “suministre personal para asegurar la operatividad del Sanatorio” y evitar así la suspensión de las actividades. Más aún cuando hace días atrás se anunció el traslado de la atención pediátrica de la ciudad de Cipolletti a dicho sanatorio privado, para dejar liberado al hospital local para atender los casos del coronavirus.Es por ello que los trabajadores exigen que “no se puede permitir que un centro de salud cierre en tiempos de pandemia”.

Despedida por pedir un protocolo de actuación para el coronvirus

El caso del Sanatorio Río Negro involucra en el combo de la cuarentena, los despidos, como intento de acallar las exigencias de los trabajadores para la capacitación en COVID-19. Así lo hizo público una trabajadora de enfermería del sanatorio, quien fue despedida sin previo aviso y sin que le informen cuándo realizarán el pago de su indemnización.

La trabajadora denunció que le habían “manifestando que no iban a pagar sueldos ni nada, pero pagaron el 60% del sueldo a quiénes se encuentran trabajando”. Asimismo se refirió a la necesidad de que el Gobierno le dé una respuesta en esta situación donde se dio su despido “sin preaviso, de un día a otro, el dinero que no sé cuándo voy a cobrar en este mes perdió valor porque sabemos que todos los precios subieron. Lo vemos cuando vamos a comprar alimentos”.

Te puede interesar: Los contagios aumentan en Río Negro por la desidia gubernamental

Además se refirió a la situación de sus ex compañeros que aun cumplen funciones en el sanatorio, “donde no hay barbijos, camisolines, insumos, y donde los que están en edad de riesgo no pueden tomarse la licencia y están con la incógnita de no conocer un protocolo de actuación ante el coronavirus.Incluso hay compañeros que han sido amenazados con suspensión por utilizar barbijos o material necesario”. Un claro desprecio a la salud de los trabajadores y trabajadoras. Y recalcó que son ellos “los olvidados en el tiempo, sin respuesta, pero no me sorprende ya que históricamente la situación de los profesionales de salud es de precariedad.

La denuncia de los trabajadores de salud demuestra la importancia que tiene la exigencia de los testeos masivos en la población y que el Estado provea de los insumos para evitar el aumento de los contagios. Asimismo es necesario que el Gobierno realice urgentemente la centralización del sistema sanitario público y privado, evitando que se lucre con un derecho elemental como el acceso a la salud. Los recursos para atender las demandas de las mayorías existen, pero como vimos esta semana con el aval de la gobernadora Arabela Carreras saliendo a acompañar al presidente en la renegociación de la deuda externa, las prioridades de los gobiernos siguen estando en garantizar las ganancias de un grupo minoritario de empresarios y accionistas, mientras los y las trabajadoras le ponen el cuerpo y arriesgan la vida para enfrentar la crisis.