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Red Internacional
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OPINIÓN. Alfonsín: la transición a la democracia

Con el poderío militar debilitado, debido en gran parte al fracaso rotundo en la guerra contra Inglaterra, Reynaldo Bignone llama a elecciones para el año ´83.

Lunes 12 de diciembre de 2016 11:47

Últimos años de dictadura

A partir de 1980 empezó a verse el comienzo de un final ya anunciado. Las políticas económicas que iban tras el ideal de “achicar el estado agrandar la Nación” generaban cada vez más rechazo en una población que volvía, aun tímidamente, a debatir, movilizarse y mostrar el descontento de la clase trabajadora. Recordemos que en el transcurso de esta última dictadura los grupos guerrilleros como ERP o Montoneros habían sido derrotados y los partidos políticos (salvo el Partido Comunista que siguiendo la lógica de la Urss veían al “Proceso de Reorganización Nacional” como un aliado del primer estado obrero, ya burocratizado) habían sido proscriptos.

En este mismo año las importaciones crecieron en un 30% mientras las exportaciones bajaron un 20%. El periodo de la “Plata Dulce”, momento donde los argentinos pudientes viajaban al exterior y volvían con sus valijas llenas de productos electrónicos. Donde se había consolidado la especulación financiera, debido a que las devaluaciones de la moneda podían conocerse con 8 meses de anticipación. Donde el estado alentaba a las empresas a tomar créditos a tasas bajas que ofrecía el mercado de divisivas en la época de los petrodólares. Empresas, gran parte de ellas entidades bancarias, que con la “Ley de Entidades Financieras” no corrían riesgo si quebraban ya que el estado se haría cargo de su deuda. Periodo que tuvo su abrupto final con una devaluación del 38% del valor del peso ante el dólar en 1981, el cierre de importantes financieras, la caída de la producción industrial y la inflación que pasaba de un del 87.6% en 1980 al 131.3% en 1981 y al 209.7% en 1982.

Cuando el proyecto de la burguesía nacional e internacional se tambaleaba abruptamente, el gobierno dictatorial realiza el acto de salvataje más burdo y que mayor costo político, sin hablar de los centenares de muertos, les dejaría. La guerra por las Islas Malvinas, que inicia con el desembarco de las tropas argentinas el de junio de 1982.

Esta guerra, iniciada con el afán de la Junta Militar de recuperar la confianza del pueblo argentino, perdida con años de brutal represión, miles de desaparecidos y una economía al borde del hecatombe. Termina con el alzamiento de la bandera británica en la isla y esas manifestaciones en apoyo al conocido “si quieren venir que vengan les presentaremos batalla” de Galtieri se transformaban en “Galtieri cagon salí al balcón”.

Asume Bignone, sin apoyo de la fuerza aérea, ni de la armada. Entre las pocas medidas que llevo a cabo tenemos la nacionalización de la deuda de las grandes empresas privadas, por Domingo Felipe Cavallo que se encontraba al frente del Banco Central. El 16 de diciembre de 1982, convocada por la multipartidaria (UCR, PJ, Partido Intransigente, Partido Demócrata Cristiano, Movimiento de Integración y Desarrollo) y con el aval de la clase trabajadora cansada de los abusos de la dictadura y la situación económica se produce la multitudinaria marcha por la democracia que es brutalmente reprimida. Bignone finalmente abre el proceso democrático para el 30 de octubre de 1983. No sin antes decretar la destrucción de todos los archivos sobre los secuestros, torturas y desapariciones. Junto con la amnistía a todos los miembros de las fuerzas que practicaron la represión.
Para un análisis más profundo de la última dictadura recomendamos leer: “El Comienzo de la Represión y el Golpe Genocida Contra la Clase Obrera”

“El 1ro de Mayo y la Dictadura Militar del ´76”

Vuelta a la Democracia

En las elecciones de 1983, Raúl Alfonsín saca un 51.7% de los votos contra el 40,1% de Italo Argentino Luder. Ganándole al justicialismo, obteniendo además la mayoría absoluta en la cámara de diputados, aunque gano solo 7 de los 23 gobiernos provinciales y en el senado fue minoría.

Alfonsín hace su campaña haciendo un llamamiento a los valores democráticos y en defensa de los derechos humanos. Apelando a que la lucha contra la subversión debía llevarse a cabo sí, pero ya no a través de las fuerzas armadas si no a través de la policía en el terreno legal, va instaurándose ya la teoría de los dos demonios. Proponía la subordinación de las fuerzas al Comandante en Jefe, es decir, al presidente de la nación.

Se empezaba a plantear la lucha contra las fuerzas guerrilleras como una lucha de igual a igual. Se olvidaba el hecho de que las fuerzas armadas tenían en sus manos todo el poder de coerción y económico del aparato estatal argentino, así como también el visto bueno del “vecino del norte” que coordinaba las dictaduras latinas con el llamado Plan Cóndor y adiestraba a los militares en la Escuela de las Américas. Y en cambio la guerrilla, que estaba en su mayoría compuesta por jóvenes trabajadores y estudiantes, no gozaba ni con el apoyo de la única revolución triunfante en américa latina. La Cuba castrista fue la que le puso el freno a las insurrecciones que iban produciéndose en Latinoamérica, en clara concordancia con la doctrina del PC de la Unión Soviética que tenía la nefasta creencia de que había países aptos y otros que no para tener su democracia obrera. Aquí en clara diferencia con la postura del Che Guevara que mantenía la idea de internacionalizar la revolución y en su intento es asesinado en Bolivia.

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Juicio a las Juntas

En 1984 Alfonsín crea la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), que tenía como objetivo reunir pruebas referidas al terrorismo de Estado. Bajo la dirección de Ernesto Sábato, la CONADEP entregó su informe, bajo el nombre Nunca Más, que probó casi 9.000 casos de desaparición forzada de personas. Siguiendo la lógica de los dos demonios se decretaba enjuiciar a los dirigentes de las organizaciones guerrilleras ERP y Montoneros. Y se ordenaba procesar a las tres juntas militares. El tribunal militar se negaba a enjuiciar a sus compañeros y se optó por hacerlo en tribunales civiles, lo cual fue un hecho inédito a nivel mundial. Se dictaminó la prisión perpetua para Videla y Massera, 17 años de prisión para Viola, al almirante Lambruschini 8 años y 4 años para Agosti. Los cuatro restantes comandantes, Graffigna, Galtieri, Anaya y Lami Dozo fueron absueltos.
Alfonsín se ve presionado por levantamientos militares. El más conocido fue el de los Cara Pintada liderados por Aldo Rico en el ´87, que buscaban situaciones más “flexibles” en los juicios para aquellos militares que habían recibido órdenes. Luego de negociar con estos sectores, y después de su famosa frase “Felices Pascuas la casa está en orden”, aludiendo a la continuidad de la democracia y a una plaza colmada en defensa de esta. Se aprueba la Ley de Obediencia Debida que absolvió a los militares de rango intermedio y menor, acusados de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, por haber cumplido órdenes cómo subordinados.

Un año antes se aprobaba la Ley de Punto Final que le ponía un plazo final a los juicios. Esto produjo conflictos con los organismos de derechos humanos que insistían en juzgar a todos y cada uno de los que actuaron en el proceso dictatorial.

El laberinto económico

El gobierno radical, había heredado un país en quiebra, con una deuda externa impagable, con grandes promesas que cumplir en torno a los derechos humanos y al oscuro pasado reciente. Con presiones por parte de los sindicatos, de mayoría peronista, que pujaban por la suba del salario que había quedado muy por debajo de la inflación y fueron convocantes de importantes movilizaciones. Una de las primeras medidas del gobierno nacional respecto a los sindicatos fue la “Ley de Reordenamiento Sindical”. Esta planteaba que la personería gremial iría para el sindicato más representativo, pero abría la participación en la conducción para las minorías que obtuvieran el 25 por ciento de los votos.

El mandato tendría una duración de tres años con una sola posibilidad de reelección y La Justicia Electoral Nacional garantizaría las elecciones, en vez del Ministerio de Trabajo. Esta ambiciosa ley, si bien en cierto grado planteaba la integración de los sindicatos con el aparato estatal cuando estos deben ser independientes de todo poder político para defender a los trabajadores, iba en contra de la hegemonización del sistema burocrático peronista que, al igual que en la actualidad, imperaba en aquella época. La presión de la CGT unida para rechazar esta ley, pero que no fue capaz de unirse para defender a los trabajadores en dictadura, hizo dar marcha atrás a Alfonsín.

Otra de las propuestas fue mudar la capital a Viedma, Río Negro. Con la idea de que la actual capital era una urbe centralizadora y se necesitaba un proyecto de crecimiento federal. La crisis económica y las críticas de los intereses de la burguesía citadina a través del diario Clarín, La Nación y demás medios que tildaron a la medida de imposible e insostenible, hicieron que fuera otro de los proyectos que no tuvieron lugar.

En materia económica en 1985 se aplica el “Plan Austral”. Se trató de disminuir una inflación que llegaba al 700% en el ´84 y para esto se eliminó el peso como divisa oficial. La nueva moneda, el Austral, trato de reiniciar el sistema económico nacional y vino acompañada de medidas tales como; La reducción de tasas de interés, mayor control del gasto público y de circulación monetaria, incremento de las retenciones a las exportaciones, tipo de cambio con el dólar fijado a 80 centavos y el desagio que implicaba que los contratos firmados en pesos serian convenidos en esta nueva moneda pero irían reduciendo progresivamente su valor en relación a la misma. Esto funciono el primer año y le permitió al radicalismo tener una buena elección legislativa. Pero en un contexto mundial donde la caída del precio de granos del ´86 y ´87 afectaba las exportaciones, se intensificaban las presiones del FMI y organismos internacionales para aplicar medidas de apertura económica, sectores militares se levantaban en contra de los juicios, sumándose además la imposibilidad de recortar el gasto público como el radicalismo hubiera querido en las provincias peronistas, hizo que el Austral mostrara señales de agotamiento y en el ´88 se lanza el “Plan Primavera”. Que en consistía en la privatización de empresas estatales, apertura económica, se devalúa nuevamente la moneda, se llega a la hiperinflación y finalmente en 1989, en medio de saqueos y gran descontento popular, Alfonsín decide capitular y entregar la banda presidencial a Carlos Saúl Menem, peronista, que aplicaría más adelante el modelo neoliberal tal cual lo querría el FMI y llegaría a ser un representante más útil de las burguesías internacionales.

Como conclusión podría decirse que el gobierno de Alfonsín no logro resolver el laberinto de la economía Argentina. Lo progresivo en materia de derechos humanos se estancó al ceder ante la presión militar, no logro por esto contentar al pueblo argentino que peleaba, y peleo también en dictadura, por justicia, por esos 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos. Y esto no es por falta de habilidad o porque era imposible imponerse ante los intereses de los sectores que componen a la sociedad. Es justamente porque trato de mediar entre ellos y los intereses de los grandes grupos económicos y su aparato represor son opuestos a los del pueblo trabajador. Todas las aspiraciones de este último pueden encontrar respuestas, no en la democracia burguesa que no es sino una envoltura más amena de la dictadura de la burguesía sobre el proletariado, si en la democracia obrera, en el gobierno de los trabajadores para los trabajadores.

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