Con una suba del 62 %, los precios registran el mayor aumento anual desde el 2012. Los aumentos son efecto de un mercado inmobiliario exceptuado de cualquier tipo de regulación.
Viernes 8 de enero de 2021 15:26
Mientras los salarios siguen perdiendo poder de compra, en la Ciudad de Buenos Aires los precios de alquileres registraron una suba del 62%, ubicándose en un 25% por encima de la inflación.
El director comercial de Zonaprop en Argentina y Uruguay confirmó que los fuertes aumentos corresponden a la reacción del mercado inmobiliario a la nueva de ley de alquileres, la cual entre las principales modificaciones incluye reajustes anuales, atados a un índice combinado entre la variación salarial (RIPTE) y del nivel general de precios (IPC).
Si bien esta ley contiene puntos favorables a los inquilinos como la extensión de contratos a 3 años, la misma no prevé regulación alguna sobre el “mercado” inmobiliario. De esta manera son los dueños y pulpos inmobiliarios quienes aplican aumentos siderales muy por encima de la inflación. En efecto, el incremento más fuerte ocurrió justo después de que se pusiera en marcha la nueva ley, en julio de 2020.
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Según el informe de Zonaprop con datos a diciembre de 2020, alquilar un departamento de dos ambientes en la Ciudad de Buenos Aires cuesta $30.683 por mes, mientras que un departamento medio de tres ambientes (70 metros cuadrados) sale 42.338 pesos. Para darnos una idea del salto: un departamento de dos ambientes que en marzo estaba $ 18.990, en diciembre alcanzó los 30.683 pesos.
Todos los barrios registraron aumentos superiores al 48 %, mientras que el 68 % aumentó en un 60 %. Los barrios con alquileres más económicos se posicionan: Vélez Sarsfield ($ 26.141 por mes), Constitución ($ 25.799 por mes) y, por último, La Boca ($ 24.854 por mes).
La Federación de Inquilinos Nacional solicitó esta semana al Gobierno Nacional una nueva extensión del decreto que congela alquileres y suspende desalojos, que está vigente hasta el 31 de enero próximo. Mediante una carta a las máximas autoridades, la entidad recordó que el problema comprende a alrededor de 9 millones de personas y que los hogares destinan la mitad de sus ingresos sólo a pagar el alquiler. La extensión del decreto retardaría una catástrofe habitacional, que implicaría desalojos y hacinamiento.
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El presidente de la Federación, Gervasio Muñoz, enfatizó que “las consecuencias económicas de la pandemia que provocaron la reducción drástica de nuestros ingresos, sin que los precios de la vivienda disminuyeran”. Mientras los pulpos inmobiliarios continúen aplicando aumentos siderales sin ningún tipo de regulación, la casa propia no será más que un sueño y el problema de acceso a la vivienda afectará cada vez más a millones de familias.
