Especialistas recomiendan hacer caso de la evidencia empírica sobre los efectos de la militarización del país durante los últimos diez años.
Yara Villaseñor Socióloga y latinoamericanista - Integrante del MTS - @konvulsa
Miércoles 15 de febrero de 2017
En el marco de la posible aprobación de la nueva Ley de Seguridad Interior, especialistas, organizaciones de Derechos Humanos y académicos denuncian frente a legisladores las graves consecuencias que podría desatar la regulación de las fuerzas armadas y la militarización de las policías partiendo de la “evidencia empírica” que diez años de guerra contra el narcotráfico ha generado en el país.
La violencia y violaciones a derechos humanos de la población civil por parte de las fuerzas armadas ha ido en aumento los últimos años, dejando màs de dos cientos mil desplazados, doscientos trece mil asesinados y màs de cien mil desaparecidos.
La aprobación de la Ley de Seguridad Interior ignora todas las recomendaciones que organismos internacionales de derechos humanos han hecho al Estado mexicano contra los múltiples casos de tortura física, psicológica y sexual, las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas -como la marina en Guerrero hace unos días- y las ejecuciones extrajudiciales.
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Omnipotencia para represores y asesinos
Lo más preocupante es que en estos años, el supuesto objetivo primordial de la militarización -combatir al crimen organizado- está muy lejos de alcanzarse, pues la salida del ejército a las calles ha demostrado la plena asociación de las fuerzas armadas con el crimen organizado -como vimos en Ayotzinapa-. Los cárteles se fortalecieron aumentando el número de células delictivas.
Según Alejandro Madrazo, investigador del Centro de Investigación y Docencia en Economía (CIDE), sólo durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2011), los homicidios se triplicaron, aquellos donde participaron militares (Sedena) se incrementó del 6 al 9%, y en el 90% de los asesinados cayeron durante enfrentamientos con el ejército. También incrementó el grado de letalidad del Ejército, pues asesina a 8 personas por cada persona herida.
La nueva Ley de Seguridad Interior implica centralmente que el Ejército realice labores correspondientes al cuerpo de policías. Contempla facultades para ingresar a domicilios civiles y hasta a organismos autónomos para realizar “investigaciones” o poder aportar “pruebas de referencia” para juzgar a los acusados.
Organizaciones de derechos humanos, acadèmicos y especialistas recomiendan un cambio en la estrategia de seguridad y alertan de las graves consecuencias que puede tener la aprobación de dicha ley.
Para frenar la violencia desatada por la guerra contra el narco es necesario exigir la desmilitarización inmediata de todo el país, la legalización de todas las drogas -impulsado junto a un plan integral de salud y distribución a consumidores-, así como la expropiación de las fortunas de capos y políticos y empresarios vinculados al crimen organizado.
