Una amnistía limitada y que quedará en manos de los jueces. Una renuncia explícita a la autodeterminación. PSOE y Junts sellan las bases de una restauración “progresista-autonómica”. La derecha aumenta su ofensiva para imponer su “restauración conservadora”. La clase trabajadora y los sectores populares tenemos que movilizarnos por una salida anticapitalista y de clase, para abrir procesos constituyentes sobre las ruinas del Régimen del 78.
Viernes 10 de noviembre de 2023
Pedro Sánchez y Carles Puigdemont, imagen de archivo.
Todo apunta a que el próximo 16 de noviembre Pedro Sánchez logrará una holgada mayoría en las Cortes para ser investido presidente del gobierno. El acuerdo alcanzado entre el PSOE y Junts garantiza el apoyo de los diputados y diputadas de Puigdemont. Los síes del resto de los socios de investidura están bastante garantizados, desde Sumar - incluyendo los 5 de Podemos - que se proponen reeditar el gobierno de coalición, hasta EH-Bildu, PNV y ERC.
Una amnistía limitada cuya aplicación quedará en manos de los mismos jueces que hoy alienta un golpe judicial contra ella
El punto principal de la negociación ha sido la amnistía. El texto de la ley todavía no ha trascendido, lo hará la semana que viene. Aun así, ya ha quedado claro que dejará por fuera a los centenares de represaliados por la ley Mordaza, participar en otras movilizaciones o por delitos de opinión, que no estén vinculadas al movimiento democrático catalán.
Pero, ni siquiera los perseguidos durante el procés tienen garantizado que puedan quedar en libertad y sin cargos. En la presentación del acuerdo se supedita esta medida a una interpretación parlamentaria - para los casos de lawfare - y otra judicial para el conjunto de causas.
Los supuestos beneficiarios serán “tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos”. Pero si pueden ser amnistiados o no dependerá siempre de los jueces, según han aclarado desde el PSOE.
La última palabra recaerá, por tanto, en la misma Judicatura que lleva días promoviendo un golpe judicial para bloquear la posible Ley de Amnistía - y por ende la investidura -. Además, aquellas causas por delitos no incluidos explícitamente en la Ley dependerán antes de las “las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura”.
Todo esto no solo puede dejar fuera diversos casos de lawfare de dirigentes políticos catalanes. Decenas de activistas acusados de desórdenes públicos, agresión a la autoridad o hasta terrorismo - como los encausados de la Operación Judas o Tsunami Democràtic -, pueden ser considerados no merecedores de la amnistía por los mismos jueces que son parte de los montajes jurídico-policiales con los que los han procesado.
La reacción unánime de la Judicatura - todas las asociaciones judiciales, conservadoras y “progresistas”, se han manifestado en contra-, la derecha, la extrema derecha, los sindicatos policiales hasta los obispos, de estos días contra la amnistía, hace prever que lo que se vende hoy como la gran concesión del PSOE puede quedar en papel mojado en los próximos meses.
La dirección procesista sella con el PSOE su renuncia al derecho de autodeterminación
A cambio de esta amnistía limitada y tutelada, Junts, y antes ERC, han aceptado una renuncia explícita al derecho de autodeterminación. Hoy se rubricaba en el exilio el fin oficial de las veleidades independentistas del partido heredero del pujolismo, aquella corriente conservadora de la burguesía catalana que ejerció de padre de la Constitución del 78 y virrey de Su Majestad en Catalunya hasta 2012.
Aunque en la parte de antecedentes y contextualización del acuerdo se menciona que siguen defendiendo la legitimidad del 1 y el 3 de octubre, en lo pactado Junts se ajusta a la Carta Magna como marco de resolución del conflicto. Concretamente, plantea que “Junts propondrá la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Catalunya amparado en el artículo 92 de la Constitución”.
Pero este artículo solo permite un referéndum consultivo, nunca vinculante, que debería ser convocado por el Rey a petición del gobierno, y previa aprobación en las Cortes. Asimismo, la doctrina constitucional excluye la posibilidad de una consulta que afecte al conjunto del Estado en la que solo participe una parte del mismo. Nunca sería, por tanto, un referéndum en Catalunya para que el pueblo catalán decida, ni tan siquiera opine, sobre su relación con el resto del Estado.
Pero, incluso en el imposible caso de que en ese referéndum una victoria del sí en Catalunya coincidiera con otra del sí en el resto del Estado, para llevar adelante la independencia se necesitaría una reforma constitucional con dos tercios de las Cortes y el Senado, sometida a referéndum y vuelta a votar por dos tercios en ambas cámaras después de unas nuevas elecciones. El independentismo mágico de Puigdemont y Junqueras no deja de superarse.
El nuevo programa de Puigdemont no es que haya abandonado el unilateralismo, sino que se reduce a una posible consulta en todo el Estado - si el Congreso, el gobierno y la Corona lo permiten - y de carácter consultivo. No hay ni un ápice de derecho de autodeterminación, no en lo acordado, sino en la posición singular que plantea Junts.
Es necesaria una política de independencia de clase para luchar por la autodeterminación y todas las demandas democráticas y sociales
Junts, como ERC, confirman así que la próxima legislatura será la de la definitiva vuelta a la normalidad autonómica. Los acuerdos incluyen demandas económicas del viejo estilo pujolista, como una reforma de la financiación autonómica, la condonación de 15.000 millones de la deuda con el Estado, la ampliación de las competencias - incluyendo las ferroviarias - y hasta un plan para “promover el regreso a Catalunya de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios en los últimos años”.
Regresan así a la tradicional política del “peix a la cova” de Pujol y Mas, en el que las demandas democráticas catalanas se convierten en meras banderas que agitar de tanto en tanto de forma demagógica para mantener el poder en Catalunya o mejorar las condiciones de negociación en el reparto del pastel con el Estado.
Por si quedaba alguna duda, este mismo jueves mismo ERC y Junts votaban en contra el Parlament catalán de una proposición de la CUP para comenzar a preparar otro referéndum de independencia. La izquierda independentista ha denunciado correctamente este acuerdo de claudicación y llaman a retomar la “movilización popular” por la autodeterminación.
Una cuestión imprescindible, pero que, para no volver a repetir la misma película de la última década, debería plantearse con una renuncia explícita a su política de “mano extendida” y “unidad independentista. Solo desde una posición intransigente de independencia de clase, sin ningún acuerdo político con los partidos de la burguesía catalana que han más que demostrado que nunca llevarán adelante la lucha necesaria para poder imponer esta demanda, y buscando la alianza con el resto de sectores populares del Estado, se podrá conquistar la autodeterminación.
La derecha redobla su ofensiva destituyente para imponer su “restauración conservadora” contra la “restauración progresista”
El PSOE, con el apoyo incondicional de Sumar y también Podemos en este punto, han logrado lo que la derecha y la extrema derecha serían incapaces: desactivar el movimiento democrático catalán, o al menos a su dirección hasta ahora. El Régimen del 78 sale fortalecido de esta restauración “progresista-autonomista”.
Volverá a haber un gobierno de coalición que, tras el relato “progre”, en la siguiente legislatura deberá aplicar los ajustes presupuestarios que demanda Bruselas, mantendrá la misma política económica de revalidación de las contrarreformas laborales y pensiones de la última década, las racistas políticas de extranjería y todos los compromisos imperialistas del Estado español, como vemos hoy con el respaldo al genocidio israelí en Palestina.
Aun así, la derecha y el búnker del 78 prometen aumentar sus maniobras judiciales y movilizaciones en clave destituyente. Su proyecto de restauración del régimen en clave centralizadora y autoritaria no ha logrado la investidura, y están dispuestos a pelear por conseguirlo por todos los medios. Además de la agitación callejera, apelando a grupos de extrema derecha y abiertamente neonazis, el Estado profundo muy probablemente seguirá operando para intentar evitarla o conseguir que la legislatura sea corta.
Si la derecha puede hoy pasar a la ofensiva es también gracias a la labor de estos últimos años del PSOE y el gobierno de coalición con Unidas Podemos. Fue Pedro Sánchez el que apoyó incondicionalmente al PP en el 155 y el encumbramiento de la Judicatura como árbitro y parte de la vida política, aunque en el acuerdo tanto el PSOE como Junts lo olviden y responsabilicen en exclusiva al PP. Fue el primer gobierno Sánchez el que consiguió la condena por sedición de la sentencia del procés, a través de la Abogacía del Estado. Fue el ministro Marlaska el que impulsó montajes como el de la Operación Judas. O ha sido el gobierno de coalición el que ha mantenido las leyes represivas, como la Mordaza, la Antiterrorista, la de Extranjería y todos los artículos liberticidas del Código Penal, con los que hoy la Judicatura le podrá seguir haciendo su guerra.
Para enfrentar a la derecha y la restauración progresista, necesitamos una salida anticapitalista y de clase
Desde la CRT, como decíamos durante la campaña electoral del 23J, consideramos que no se puede enfrentar a esta derecha de verdad con una “izquierda” de mentira. Con un progresismo que vende una amnistía parcial, que deja fuera a cientos de luchadores y perseguidos que no son independentistas y deja el futuro de los independentistas en manos de los jueces. Que pretende amnistiar y mantener la impunidad de los policías represores, torturadores e infiltrados. Que niega el derecho de autodeterminación y apuntala la Corona y el régimen. Que aplica las políticas de la CEOE y el IBEX35, cubriéndolas de relato y concesiones menores. Que aplica en las fronteras las mismas políticas que la extrema derecha de Meloni. Que está en la primera línea de la escalada imperialista de la OTAN y al lado del Estado de Israel.
Es necesario enfrentar la ofensiva de la derecha desde una posición independiente de este gobierno, sin brindarle el más mínimo apoyo político. Muy al contrario, el sindicalismo alternativo, la izquierda anticapitalista y los movimientos sociales debemos disputarles la calle a las hordas derechistas, y exigir a las direcciones burocráticas de los grandes sindicatos que rompan con su sumisión al gobierno y llamen a movilizaciones. Es urgente pelear por una amnistía total, por el derecho de autodeterminación, contra las políticas del imperialismo español y por un programa anticapitalista que resuelva los grandes problemas sociales.
Frente a la disputa entre estas dos versiones de restauración del Régimen del 78, el que fue cuestionado por el 15M y el movimiento democrático catalán, es necesario retomar la lucha por terminar con él por medio de la movilización obrera y popular. Para abrir verdaderos procesos constituyentes en los que poder resolver estas demandas y decidirlo absolutamente todo. Para acabar con la Corona, la reaccionaria casta judicial y poder avanzar sobre los privilegios y beneficios de los grandes capitalistas, en la perspectiva de conquistar una federación de repúblicas socialistas, en la que gobernemos las y los trabajadores.
