Córdoba. Anahí Bulnes: un nuevo femicidio, otra vida precaria

Novedades en la causa

Tras las primeras semanas de cobertura mediática lamentable, que cuestionamos acá, sobre la desaparición desde el 5 de diciembre de Anahí Bulnes, ayer se dio a conocer ante los medios la lamentable noticia de que los rastros encontrados en el departamento del único acusado, Santiago Campos Matos, coinciden con el ADN de Anahí.

Se presume que la docente desaparecida desde hace 39 días fue asesinada, sin embargo, su cuerpo aún no aparece. La familia y abogada, con la presunción del peor final para Anahí, piden que se califique como femicidio, señalando el carácter de violencia contra la mujer que hay implicado su desaparición y presunta muerte. Además, exigen la continuidad en la búsqueda de su cuerpo. Las organizaciones sociales, políticas, feministas y de derechos humanos acompañamos la exigencia de la familia.

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Múltiples caras de la violencia patriarcal

Desde el día en que Anahí desapareció, diversas hipótesis se tejieron en torno. Al principio, lo inexplicable: una docente de escuela que no se presentaría a trabajar ese lunes, con sus estudiantes esperándola, una comunidad educativa y una familia que no entendían por qué ella no regresaba a casa, habiendo dejado a tres hijas en casa y sin haberse llevado su celular.

Como siempre, la justicia patriarcal actuó con lentitud y una vez más, sólo tras las movilizaciones y manifestaciones públicas de la familia, sus compañeras y compañeros de escuela, organizaciones feministas y de la diversidad, la búsqueda pareció cobrar mayor celeridad. Sólo así hubo resultados en la investigación. Sólo así hubo algunas (aunque tristes) respuestas.

Así fue como se encontraban las primeras pistas y se avanzaba con la detención e imputación del único acusado por el momento: un hombre, Santiago Campos Matos con quien habría tenido un encuentro circunstancial y en cuyo domicilio se la ve ingresar (a través de cámaras de vigilancia) por última vez.

A medida que una cobertura morbosa escalaba en los medios de comunicación, haciéndose eco de los dichos de "policía judicial", también se daban a conocer aspectos de su vida personal que le sumaban una supuesta cuota de “escándalo mediático”, ya que señalaban que Anahí se encontraría en situación de prostitución al momento de su desaparición. Poner en el centro la vida de Anahí y no la violencia machista en el marco de la que desaparece (la familia también apuntó al vínculo con su ex - pareja) era parte de la operación. Avanzaban, una vez más en revictimizar a Anahí Bulnes.

Anahí, lejos de la imagen de una docente venerada como “santa” e “inocente” o de una “puta” que “probablemente se lo buscó” como parecían insinuar los medios (y denunciaron las compañeras de AMMAR), es una mujer que está desaparecida y fue presuntamente asesinada por el sólo hecho de serlo. La violencia femicida se descarga una y otra vez sobre nuestras vidas precarizadas.

Las mujeres, como venimos denunciando las docentes - mayoría en nuestra profesión-, nos encontramos en una situación de vulnerabilidad alarmante, con salarios de miseria, recargadas por jornadas extenuantes, obligadas a jornadas extra porque siendo mayoría mujeres y sostén de hogar, se descargan sobre nosotras las tareas de la reproducción social, también llamadas tareas del cuidado o “domésticas”.

Esto explica que muchas trabajadoras de la educación trabajemos en más de una escuela, o luego de dar clases, realicemos otras actividades, changas para llegar a cubrir una canasta familiar. En las salas de profe abundan los libros de venta de cosmético, envases para conservación de alimentos, ropa, perfumes, comida casera y manualidades. En el barrio, esto también es parte de la vida cotidiana. En el caso de Anahí, según afirman las compañeras de AMMAR en un comunicado, ella ejercía la prostitución, o lo que las compañeras denominan “trabajo sexual”.

Como bien sostienen las compañeras de AMMAR en sus comunicados, ante el caso de Anahí volvió a quedar al descubierto la estigmatización y violencia basada en prejuicios machistas como “se lo buscó” o “son gajes del oficio” que las desampara y expone a la marginalidad, a la persecución y criminalización policial o de otras mafias no estatales, a la violencia machista de los varones que consumen prostitución, como el caso de Anahí. Esta criminalización, estigmatización, persecución que condena a las mujeres y personas de la diversidad sexual como las personas trans a vidas precarias, también es parte de ese eslabón de violencias cotidianas a la que están sometidas las vidas de millones a lo largo y ancho del mundo bajo la sociedad capitalista.

La estigmatización patriarcal contra la que luchamos junto con las compañeras autodenominadas trabajadoras sexuales (aunque no compartamos que la salida sea la regulación de la prostitución como trabajo), es la que sólo avala el ejercicio de una sexualidad femenina como “aceptable” si es dentro del matrimonio o en perspectiva de la reproducción, pero condena la sexualidad femenina si escapa a esta norma y pone en el centro el ejercicio de una sexualidad para el placer o en el que las mujeres disponen de su cuerpo como lo consideren. Sin embargo, desde ningún punto de vista se condena el uso del cuerpo de las mujeres al servicio del placer y el deseo o voluntad masculina bajo la misma sociedad patriarcal.

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Por eso, cada vez que salimos a denunciar y señalar, como lo hicimos en cada movilización exigiendo la aparición con vida de Anahí Bulnes y de tantas otras, el Estado y los gobiernos son responsables.

La violencia femicida tiene responsables

Son responsables en Córdoba, Schiaretti, Llaryora que como señalamos las docentes y trabajadoras de salud que salimos a luchar este año, nos quieren condenar con salarios y condiciones laborales de miseria, como las que se llevaron también la vida de Silvana Valdivia y Karina Moyano. Peor situación atraviesan la mayoría de las jóvenes que trabajan en las aplicaciones, call center, gastronomía o comercio.

Son responsables, como gobiernos porque, además, a las personas que atraviesan situaciones de violencia, demagógicamente les dicen que pidan ayuda ante el Ministerio de la Mujer, para después ofrecerles ayudas económicas miserables, con compañeras trabajadoras de los equipos de asistencia mal pagas, también precarizadas. 26 mujeres asesinadas en 2022 (un 70% más que en 2021 con 15 casos) es la cifra funesta que los incrimina.

Mención aparte merece la cuota de responsabilidad que tienen las conducciones gremiales como UEPC o el SEP. Como en el caso de las muertes de Karina Moyano, Silvana Valdivia, tampoco frente a la desaparición de Anahí Bulnes hicieron nada. Brillaron por su ausencia y el silencio de UEPC también los vuelve responsables.

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En cuanto a los gobiernos del PJ, son responsables porque además, avalan la defensa de la familia tradicional y el lugar de las mujeres en ella, como se ha podido observar en las campañas oficiales, y hasta en las posiciones públicas de referentes del PJ como Vigo en torno a la legalización del aborto.

El gobierno nacional de Alberto, Cristina y Massa, no se queda atrás, porque más allá de los ministerios y secretarías creados para responder a la presión de la marea verde y las movilizaciones del Ni una menos, que al igual que en el orden local, se vuelven de cartón porque no cuentan con presupuestos acordes para atender las múltiples situaciones de violencia; porque redujo los presupuestos para salud, educación, vivienda, jubilaciones con el objetivo de responder a los dictados del FMI.

La desaparición y presunta muerte de Anahí Bulnes, vuelve a poner en descubierto que para los medios de comunicación, los gobiernos, la Justicia, el estado en su conjunto nuestras vidas no valen nada porque son garantes y reproductores de nuestras vidas precarias y la dimensión de violencia que todo ello significa.

Desde las calles, y con la bronca en la garganta nosotras volvemos a decirles que nuestra vidas, todas nuestras vidas importan y que el estado es responsable. Nuestra bronca, una vez más, se transformará en organización para acabar con todas las formas de opresión y explotación como la que defienden.