En medio de la reapertura económica, se reaviva la covid-19. Las medidas oficiales ponen en riesgo la vida de millones.
Bárbara Funes México D.F | @BrbaraFunes3
Martes 27 de octubre de 2020
“[…] Las ciencias naturales modernas han demostrado que los llamados “barrios insalubres”, donde están hacinados los obreros, constituyen los focos de origen de las epidemias que invaden nuestras ciudades de cuando en cuando. El cólera, el tifus, la fiebre tifoidea, la viruela y otras enfermedades devastadoras esparcen sus gérmenes en el aire pestilente y en las aguas contaminadas de estos barrios obreros. Aquí no desaparecen casi nunca y se desarrollan en forma de grandes epidemias cada vez que las circunstancias les son propicias. Estas epidemias se extienden entonces a los otros barrios más aireados y más sanos en que habitan los señores capitalistas. La clase capitalista dominante no puede permitirse impunemente el placer de favorecer las enfermedades epidémicas en el seno de la clase obrera, pues sufriría ella misma las consecuencias, ya que el ángel exterminador es tan implacable con los capitalistas como con los obreros.”
Un panorama que se aplica a la situación que actualmente vivimos con la pandemia. Estas palabras fueron escritas por Friedrich Engels en su texto “Cómo resuelve la burguesía el problema de la vivienda”, de 1872. Casi 150 años después, estas reflexiones mantienen su vigencia.
Los últimos datos indican que México está entrando en la segunda ola de la pandemia. Esto cuando el pasado 11 de septiembre el gobierno retiró el semáforo epidemiológico rojo a todos los estados del país, e impuso la reactivación económica, una medida que puso en riesgo a millones de trabajadoras y trabajadores de todo el país.
El viernes 23 de octubre, el estado de Chihuahua volvió al rojo. Los hospitales están saturados en esa entidad y se dieron casos de personas que fallecieron en la banqueta. Se prevé que Coahuila, Nuevo León y Durango pasen también al semáforo de alerta máxima. No es casualidad: en varios de estos estados la industria maquiladora, que jamás paró actividades, fue uno de los focos centrales de contagio. Las vidas obreras fueron las más expuestas.
En el senado, con el caso de la muerte del senador Joel Molina, del Morena, se empezaron a aplicar pruebas a asesores y legisladores. Todo lo contrario de las muertes anónimas de las y los trabajadores de a pie y sus familias. Todo lo contrario de quienes laboran en el sector salud, expuestos al contagio por negligencia de las medidas sanitarias oficiales.
La crisis sanitaria nunca se frenó, más allá de las maniobras de López-Gatell y AMLO con las estadísticas. Como si en un acto de magia, los números hicieran desaparecer las muertes y la proliferación de los contagios.
Un presupuesto insuficiente
De 653,443 millones de pesos fue el presupuesto de salud para este año, lo cual contemplada un incremento de 4.35 % respecto al año anterior. Mientras el gobierno destinó en 2020 94,028 millones para la Sedena, 29,286 millones para la Guardia Nacional, 6,094 millones para la Secretaría de Gobernación y para la Secretaría de Marina 33.557 millones. Miles de millones de pesos para hostigar a migrantes y luchadores ambientales que se oponen a los megaproyectos.
Prioridades extrañas para un gobierno que se dice “de los pobres”, mientras ha dejado correr los despidos y los recortes salariales que impusieron los empresarios.
Para 2021, el presupuesto contempla para Salud: 667,236 millones (9.1 % de aumento), mientras que para los brazos armados del Estado se van a destinar en total 256,289 millones de pesos. Éstos se distribuirán entre Marina (41,339 millones, 5.7 % de aumento, Defensa (112,557 millones, 15.7 % más), Guardia Nacional (35,671millones, alza de 22 %), Secretaría de Seguridad Pública (102,261 millones, incremento de 24.5 %) y Gobernación (5,800 millones, el único decremento, de -4.8%). Pero ante la crisis no se necesitan más uniformados armados -que además se asocian con el crimen organizado, como demostró el caso de Cienfuegos-, si no más insumos e infraestructura para atender la pandemia.
La reapertura económica sin pruebas masivas: crimen estatal e industrial
La política de mitigación llevó a un callejón sin salida: con todo y reactivación la economía se contrajo, por la multiplicación de despidos y recortes salariales. Los contagios están repuntando. México ostenta el triste récord de ser el país donde más trabajadoras y trabajadores del sector salud fueron afectados.
El gobierno se defiende diciendo que la crisis sanitaria de déficit de profesionales e infraestructura es un problema heredado de los gobiernos panistas y priistas. Pero a su vera, se mantienen problemas estructurales gravísimos que constituyen un caldo de cultivo para que la situación se agrave.
Que en distintos puntos del país haya un déficit crónico de suministro de agua o directamente su falta -como en Iztapalapa, por mencionar sólo un caso-, que muchas familias se vean obligadas a vivir hacinadas en miniviviendas, que los salarios sean tan magros que no alcancen para una alimentación saludable, que un amplio de sector de la clase trabajadora labore en el sector informal y no haya podido dejar de trabajar durante la pandemia porque no tienen sino para comer son todos factores agravantes que el gobierno no sólo no ha resuelto, sino que incluso agravó manteniendo la precarización laboral y, por esa vía, la pobreza.
Si a eso se suma el subregistro de datos de la pandemia, la persistente negativa a aplicar pruebas masivas periódicas y gratuitas, la falta de seguimiento de contactos de los casos, la precarización laboral en el sector salud, y que las autoridades imponen toda la responsabilidad en las acciones individuales, el panorama es escalofriante.
No hablamos de cifras, hablamos de las condiciones de vida de la mayoría de la población. De quienes no tienen dinero para tener una atención de primera en un hospital privado y cuando van a un centro de salud o a un hospital público, los mandan a casa si no están graves, porque no hay infraestructura para atenderlos y aislarlos en condiciones dignas. Y así vuelven a casa y contagian a los más vulnerables.
No hablamos de cifras, aunque sirvan para dar una idea del horror. Hablamos de la creciente degradación de vida de las mayorías, porque el gobierno de AMLO, que llegó al poder lleno de promesas, demostró hasta ahora que su prioridad es proteger los intereses de las trasnacionales -en primer lugar las estadounidenses- y de los empresarios.
Un programa obrero de emergencia
Ante esta crisis, es imperativo que de una vez por todas las direcciones sindicales rompan su criminal tregua con el gobierno. Que sus bases, las y los trabajadoras sindicalizados que viven los efectos de la pandemia, les exijan que convoquen a la organización y la lucha por un programa obrero de emergencia ante la crisis.
Que para enfrentar la pandemia en primer lugar refuerce el presupuesto de salud, dejando de pagar la fraudulenta deuda externa, imponiendo impuestos extraordinarios a las grandes fortunas como la de Slim y a las trasnacionales que operan en México. Con esos fondos, que deben ser administrados por las y los trabajadores del sector, es necesario abastecer de equipos personales de protección de calidad, así como de pruebas masivas y periódicas para todas las personas que presenten al menos uno de los síntomas de covid-19 y de vacunas contra la influenza para toda la población. Es necesaria también la expropiación sin pago de todo el sector privado de salud, bajo control de sus trabajadores, para poner todos los recursos existentes al servicio de combatir la covid-19.
Con el resultado de las pruebas se pueden detectar los casos asintómaticos, que constituyen una importante fuente de contagios, así como determinar las cuarentenas por regiones para cerrar actividades en todos los lugares donde sea necesario. Al mismo tiempo, se debe implementar el seguimiento a todos los casos activos. Así se podría contener la pandemia.
De la mano de estas medidas, es necesario exigir la basificación de todas y todos los trabajadores del sector salud, y todos deben contar al menos con salarios equivalentes al costo de la canasta básica y ajustables según la inflación. Y ayudas similares se deben implementar para quienes trabajan en el sector informal.
Respecto a la cuestión laboral, es vital el impulso de comisiones de higiene y seguridad de las y los trabajadores con independencia de las patronales, para que les impongan a estas las medidas necesarias para evitar que los centros de trabajo sean focos de contagio; con pruebas regulares a los trabajadores, horarios que impidan grandes aglomeraciones y el equipo necesario (guantes, caretas, cubre bocas, gel antibacterial) que reduzcan el riesgo de contagio.
Através de ellas exigir que todas y todos los trabajadores con factores de riesgo deben contar con licencias pagas que también cubran la canasta básica y se ajusten de acuerdo con el aumento de precios. Toda empresa que despida o recorte salarios debe ser nacionalizada bajo control de sus trabajadores, quienes podrán evaluar si la producción es o no indispensable durante la pandemia, y definir si reconvierten la producción para fabricar insumos útiles ante la crisis sanitaria.
Estas son algunas de las medidas indispensables para que el costo de la pandemia no lo paguen las familias obreras y de los sectores populares, sino los capitalistas. Sólo con la lucha y la movilización se puede terminar con los privilegios de los Ricardo Salinas Pliego y los Slim. Porque nuestras vidas valen más que sus ganancias, combatamos el peor virus global: el capitalismo.
