VENEZUELA CORONAVIRUS. Ante falta de verdaderas medidas de emergencia se triplica el contagio de COVID-19 en el último mes

Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva del país, informó a través de VTV que en las últimas 24 horas el país registró cuatro nuevos decesos por coronavirus, lo que ubica el total de muertes en 116, mientras que el número general de infectados se elevó hasta los 12.334.

Desde marzo, cuando comenzaron a contarse los casos de COVID-19 en Venezuela, y siempre de acuerdo a los datos oficiales, hasta el 20 de junio se habían registrado menos de 4.000 enfermos y unos 32 fallecidos. Luego, en los últimos 30 días, el país ha aumentado su récord diario de infecciones y muertes. Es decir un alza acelerada o exponencial de los niveles de contagio. Si la expansión sigue este ritmo el país puede entrar en colapso.

Esta proporción acelerada de casos pone en evidencia que no hay ningún “combate” exitoso a la pandemia del coronavirus donde muchas de las medidas más centrales orbitan solo sobre la cuarentena.

Rodríguez detalló que de los nuevos 443 contagios, 413 fueron de "transmisión comunitaria", entre ellos 179 en el Distrito Capital, la región que lidera las estadísticas nacionales. Caracas, además, sumó dos de los fallecidos de la jornada, mientras que el otro par eran habitantes del estado Sucre. "En Caracas estamos atendiendo un foco importante", subrayó la vicepresidenta tras anunciar la instalación de un Estado Mayor de Salud, integrado por civiles y militares, que atenderá la pandemia en la capital del país.

Delcy explicó además que Venezuela tiene una tasa de recuperación en 55 % de los casos de coronavirus y que del total general de casos un 42 % corresponde a pacientes "importados", como llama el Gobierno a venezolanos que retornan infectados a su país y que son retenidos durante semanas en las fronteras terrestres.

Recientemente el Gobierno de Maduro junto a las Fuerzas Armadas lanzó una política aberrante, llamando de “bioterroristas” a venezolanos que retornan por trochas y peor aun haciendo “declaración de guerra” contra tales personas. Una cruzada que estigmatiza y criminaliza a quienes retornan a su país por vías irregulares. En lugar de atender sus múltiples necesidades y problemas, el Gobierno los declara “enemigos” y les promete penas de hasta 12 años de prisión.

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Comenzando la pandemia desde la Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS) se propuso y exigió todo un plan de emergencia planteando la necesidad de medidas extraordinarias para evitar que esta crisis terminara golpeando aún más al pueblo trabajador, pero desde el Gobierno de Maduro no ha pasado de tomar como lo central la cuarentena sin un plan de conjunto y hoy vemos, incluso tomando los datos oficiales, la amenaza de un desborde está más que presente.

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Medidas de emergencia planteadas desde la Liga de Trabajadores por el socialismo (extractos de la declaración política)

Si toda esta realidad se mantiene así, no solo no va a haber ningún “combate” exitoso a esta amenaza, sino que vamos a un escenario más terrible para el pueblo. Si nada de esto cambia, la situación será de mayores penurias. Es por eso que proponemos exigir medidas de emergencia para garantizar un fortalecimiento rápido del sistema público de salud y ponerlo a tono con las necesidades, y para atender todas las necesidades económicas y sociales de las mayorías del país.

1. Todos los recursos del sector privado asociados a la salud y susceptibles de usarse para responder a la emergencia, deben ser centralizados por el sector público y que sean comités de los propios trabajadores de la salud y especialistas quienes controlen su uso, no los burócratas ni los militares. Instalaciones, insumos y equipos de las clínicas, de los hoteles, los laboratorios, empresas que fabriquen o puedan reconvertirse para fabricar tapacocas, guantes, alcohol, jabón, sanitarios, camas, etc., las farmacias y sus insumos, todo eso debe estar disponible como recursos públicos para la emergencia. ¡La vida y la salud del pueblo deben estar por encima del interés de ganancia empresarial!

2. Distribución masiva y gratuita a la población de los implementos básicos para prevenir y combatir el virus. El Gobierno acordó con los empresarios de farmacias un compromiso de “precios accesibles”, es decir, además de que ya han obtenido ganancias extraordinarias con las compras inusitadas, se les deja seguir ganando con la necesidad: ¡en una simple mascarilla, un frasco de alcohol y una barra de jabón se va más del sueldo mínimo mensual! Productos que además ya no se consiguen hace días, y esto apenas comienza. El Gobierno instruyó la obligatoriedad del uso de la mascarilla. Con la centralización de recursos que proponemos, se debe garantizar la producción y distribución gratuita y masiva de esas cuestiones elementales y necesarias.

3. Garantizar la aplicación masiva de las pruebas de descarte del virus. Han dispuesto la cuarentena en todo el país, una de las principales medidas recomendadas para minimizar la propagación, pero no es suficiente, además, hay decenas de miles que están fuera de cuarentena: los trabajadores de la salud, los de la producción y los servicios indispensables. La OMS y la experiencia de otros países aconsejan lo fundamental de las pruebas tempranas de diagnóstico en todas las personas que presenten posibles síntomas, así sean leves. Eso no se está garantizando, a muchos posibles casos, incluso bajo hospitalización, no le están haciendo el despistaje.

4. Aumento sustancial ya de los recursos económicos destinados a la salud. Hace mucho que el sistema de salud requiere con urgencia recursos, más urgente es ahora. Ya está ocurriendo que pruebas o estudios necesarios para tratar las afecciones asociadas al virus están quedando a la suerte de que las personas puedan pagárselos en el sector privado, porque no los garantizan los hospitales. Tomando todas las medidas extraordinarias necesarias, debe garantizarse un fuerte aumento cualitativo en la inyección de recursos para el sector.

5. Garantías mínimas a los trabajadores de la salud y refuerzo del personal. El Gobierno no está garantizando a los trabajadores del sector las condiciones de bioseguridad elementales, exponiéndolos a ellos, a sus familiares y al resto de la población, pudiendo convertirse en un canal de propagación del contagio. Peor aún, en algunos casos ha amenazado con despidos o detenido a quienes piden esas condiciones. Una irracionalidad, lo que se necesita hoy es incorporar más trabajadores del sector y garantizarles un ingreso digno y condiciones básicas de protección. ¡Basta de persecución! ¡Libertad plena ya a los trabajadores de la salud detenidos!

6. Prohibición de despidos, ingreso no menor al costo de la canasta básica para los trabajadores dependientes y por cuenta propia. Son decenas de miles los que no tendrán como sobrellevar las necesidades básicas durante la cuarentena. El Estado y los empresarios deben garantizar a los asalariados un ingreso que cubra como mínimo el costo de la canasta básica: alimentos, medicina, transporte y servicios. Y lo mismo a los no-dependientes mientras no puedan laborar. Es decir, algo muy superior al pírrico monto que se otorga hoy por los “bonos de la patria”.

7. Centralización en el sector público y bajo verdadero control de los trabajadores, de toda la producción requerida para cubrir las necesidades del pueblo. A pesar del terrible colapso económico, en el país se sigue produciendo y también hay capacidad instalada sin uso. Muchas y grandes cosas se podrían hacer para elaborar y distribuir productos asociados a la salud y a la alimentación, si el empleo de esos recursos no estuviera limitado, por un lado, por las decisiones del capital privado –solo interesado en sus ganancias–, y por el otro, por las de los burócratas gubernamentales que conducen las empresas públicas. ¡Si los propios trabajadores tienen comités que ejerzan el control de la producción y que puedan poner en práctica sus diferentes iniciativas, muchas necesidades populares de hoy se pueden cubrir! En las empresas públicas eso requiere sobreponerse al autoritarismo de quienes las dirigen. En el sector privado, quienes se nieguen a ese control, deben ser advertidos de expropiación sin indemnización. ¡Ya basta de mandar al muere al pueblo trabajador porque siempre son más importantes las razones de los empresarios o de los burócratas del gobierno!

8. Control de la distribución y de los precios de alimentos y medicinas por los propios trabajadores y las comunidades conformados en comités para ese fin. ¿Hasta cuándo va a sangrar el pueblo porque se antepone el lucro privado? ¡Y más aún en estas circunstancias! Todos los precios de los bienes de primera necesidad deben ser revisados y fijados por esos comités, así como la distribución, teniendo acceso a toda la información sobre los niveles de ganancia, de producción y de stock, lugares de almacenamiento, cadena de producción y distribución, para evitar mentiras, chantajes y mafias. Ni bajo control de los empresarios ni de los militares y burócratas.

9. Impuestos a las ganancias y grandes capitales nacionales y extranjeros, para financiar la emergencia de la salud y las necesidades del pueblo. ¡Ya basta de alcahuetería con los empresarios y meter mano al maltrecho bolsillo del pueblo! ¿Cómo es posible que sigan exonerados de impuestos en medio de las calamidades del país?

10. Repatriación forzada de capitales. Conminar a todos los que desangraron al país a traer todos esos recursos que hacen falta con tanta urgencia, o caso contrario, estatizar sus bienes en el país y enjuiciarlos con pena de prisión. Lo que ha causado ese desfalco al país, y lo que aún pueden causar, es drástico, drásticas tienen que ser las medidas para revertirlo.

11. Desconocimiento y repudio de la deuda externa. Mientras para responder a la emergencia algunos países discuten medidas extraordinarias –como la posibilidad de estatizar grandes empresas o áreas de la economía– al gobierno de Maduro no se le ha ocurrido sino algo de la más rutinaria ortodoxia neoliberal: recurrir al Fondo Monetario. El país se terminó de arruinar y sumir en la tragedia por destinar los disminuidos recursos que tenía a satisfacer la usura del capital financiero. En nombre de la situación extraordinaria, Maduro pide endeudarnos más, cuando en nombre de la emergencia nacional lo que debiera es repudiarse esa deuda, de la que no se benefició el pueblo –sino los fugadólares– y que pesa brutalmente sobre las finanzas nacionales.

12. Abajo las sanciones imperialistas. Si antes de esta emergencia eran repudiables y criminales, hoy lo son en grado extremo. Debemos exigir con más fuerza que nunca el cese de esas medidas y repudiar con todo a los políticos que, como Guaidó, las aplauden.

13. Acceso a toda la información sobre la realidad de la situación. El pueblo venezolano tiene derecho a saber la verdad de la situación, lo pertinente o no de las medidas tomadas, si son realmente efectivas o no, etc. No puede quedar a expensas del secretismo oficial, que no tiene credenciales para pedir confianza en la materia. Tampoco víctima de posibles campañas de desinformación que se monten sobre la opacidad oficial. La clave para eso es ¡Cero censura ni persecución a los trabajadores de la salud y de la prensa! Eso implica exigir ¡Anulación de las leyes que criminalizan la información y la opinión! En diversas leyes el gobierno habla de contenido que “busca generar zozobra” o “alarma” en la población, e incluso de “terrorismo”, para calificar como delito este tipo de información.

14. Libertad inmediata y plena Rodney Álvarez, Rubén González y demás trabajadores presos por luchar. Si ya era deplorable que estén presos, mal alimentados y sin atención médica, por luchar por sus derechos, lo es más aún en estas circunstancias que los ponen en mayor riesgo.

15. No a la utilización del peligro para profundizar el autoritarismo y el control burocrático-militar de la población. El gobierno se siente en su elemento tomando las medidas de control policíaco desplegadas, aprovecha la ocasión para reforzar ese “estilo” de gobernar. Esta crisis apenas comienza, y si este gobierno se ha encargado de cercenar derechos democráticos a la organización sindical, asambleas y manifestación, no es de extrañar que ante descontentos por su gestión de la crisis y por los problemas agudos que puedan presentarse, intente reforzar su control represivo. Debemos rechazar eso de plano, lo peor en medio de esta situación es que la misma casta cívico-militar que ha llevado a la ruina el sistema de salud, acalle las exigencias legítimas del pueblo. No le otorgamos al gobierno más idoneidad y sensatez para decidir si debe realizarse o no una reunión, asamblea o manifestación, y en qué condiciones, que la que puedan tener las propias organizaciones en lucha y comunidades afectadas.

De conjunto, se trata de medidas de un programa propio de los trabajadores y el pueblo pobre para hacer frente a la pandemia, defender el derecho a la salud y a la vida, y posicionarse como un sujeto activo y actor clave en la situación, para evitar que esto venga a significar una profundización de la catástrofe social y sanitaria que ya venimos padeciendo.