Actualidad. Ante los primeros cien días de Alberto: los poderosos plantean sus reclamos, ¿y la CGT?

Los primeros cien días de todo Gobierno suelen ser decisivos y marcan en buena medida lo que será el desarrollo posterior de un mandato presidencial.

Sin ir más lejos, no está de más recordar que durante sus primeros días de gestión Mauricio Macri tomó toda una serie de medidas como levantar el cepo y devaluar la moneda, hacer una enorme transferencia de ingresos hacia las patronales del campo bajando y eliminando retenciones, designar jueces de la Corte Suprema por decreto o comenzar un camino rápido y furioso hacia el arreglo con los fondos buitre para dar paso a un monumental ciclo de endeudamiento.

Trazando un paralelismo, las próximas semanas y meses serán fundamentales para ver el rumbo que tomará el Gobierno de Alberto Fernández, en un marco acuciante por la fuerte crisis que atraviesa el país tras dos años de caída económica, una inflación récord desde el año 1991, una pobreza que alcanza al 40,8 % de la población y una deuda pública que condiciona fuertemente el camino a seguir.

Es por eso que cada paso del nuevo Gobierno es seguido atentamente con mucha expectativa, tratando de adivinar en las palabras y los gestos de cada funcionario los anuncios para lo que vendrá.

Hasta el momento, durante sus primeros días, el nuevo Gobierno de Alberto Fernández no ha anunciado medidas concretas sobre los problemas de fondo, lo cual no hace más que prorrogar las especulaciones.

Tanto Alberto Fernández en su discurso de apertura ante el Congreso Nacional, como el flamante ministro de Economía Martín Guzmán en su primera conferencia de prensa, han buscado delinear objetivos generales de su gestión, pero aún no se conocen resoluciones sobre los temas más apremiantes, como el pago de la deuda pública, la inflación o los tarifazos que afectan al salario.

Así fue como ante la Asamblea Legislativa Alberto Fernández apenas trazó lineamientos de lo que propone para su Gobierno: llamó a terminar con la grieta, se presentó como el “presidente del diálogo”, pidió por reformas en el Poder Judicial, abogó por “comenzar por los últimos” en referencia a dedicarse con urgencia al tema de la pobreza, o señaló que la deuda no se puede pagar sin antes crecer.

Expectativas y puja de intereses

Según trascendidos, mientras ya se negocia con el FMI y los acreedores privados el pago de la deuda pública, otras de las medidas más importantes comenzarían a ser tratadas en el Congreso Nacional durante sesiones extraordinarias que tendrán lugar en las próximas semanas, a la vez que los proyectos de emergencias económica, social y sanitaria le darían al presidente mayores prerrogativas para tomar decisiones sin acuerdo del Poder Legislativo.

En un contexto de crisis económica, se sabe de antemano que será imposible cumplir con las demandas de los distintos sectores sociales.

Con esto en mente, el nuevo Gobierno anunció por un lado la creación de una unidad especial para la renegociación de la deuda, así como la formación por ley de un Consejo Económico y Social en el que buscará consensos entre Gobierno, empresarios y sindicatos para su plan económico.

Este llamado a la unidad para salir adelante “entre todos” implica por un lado la voluntad de pagar la deuda pública sin investigarla, y por el otro el hecho de que los trabajadores, que son los que más perdieron bajo el macrismo, tendrían que consensuar con los empresarios que más ganaron durante los últimos cuatro años.

En este diseño de la nueva política económica los intereses de los poderosos estarán representados por los especuladores del capital financiero internacional que exigirán un plan para que más tarde o más temprano continúe el pago de la deuda que saquea los recursos del país, así como por los empresarios que pelearán duro por sus negocios.

Respecto de esto último, y para graficar con un ejemplo, las patronales del campo ya están en “estado de alerta y movilización” para marcar la cancha ante el probable anuncio de un aumento en las retenciones a sus productos de exportación.

Estos empresarios que son dueños de las grandes propiedades terratenientes del país, y que bajo el macrismo hicieron ganancias millonarias favorecidos por la devaluación y la baja de retenciones, son sin embargo muchísimo más “combativos” que los dirigentes de la CGT y la CTA que supuestamente representan los intereses de los que más perdieron en estos años, los trabajadores.

Recordemos al respecto que ya de entrada, la cúpula de la CGT anunció que no pedirá un bono de fin de año a pesar de la fuerte pérdida que viene sufriendo el salario. Sin ir más lejos, este jueves el INDEC dio a conocer que la inflación durante noviembre fue del 4,3 %, acumulando un 52,1 % en los últimos doce meses.

El lector podrá preguntarse si sus salarios aumentaron en esos mismos porcentajes, y seguramente encontrará que no. Pero la cúpula millonaria de la CGT ha decidido no reclamar por este tema, mientras sí pide airosamente cargos en el nuevo Gobierno y el manejo millonario de los fondos de las obras sociales.

Nicolás del Caño se refirió este jueves al tema, denunciando que “para los burócratas sindicales como Daer o Andrés Rodríguez no hay que reclamar ni un bono de emergencia para recuperar lo perdido”.

En estos meses decisivos donde se juega en buena medida el futuro del país, distintos temas urgentes están en juego para la vida de las grandes mayorías.

¿Habrá aumentos de emergencia para todos los salarios, jubilaciones y planes sociales al nivel necesario para recuperar lo perdido con el macrismo, o los mismos quedarán condicionados por un plan fiscal para garantizar el pago de la deuda y los negocios de los empresarios?

¿Se retrotraerán los tarifazos a los niveles de 2017 como el actual oficialismo había votado en el Congreso Nacional cuando era oposición, pero que después quedó sin efecto por el veto de Macri?

¿Se investigará y auditará la deuda pública, plagada de irregularidades? ¿O se irá a una negociación de la misma legitimándola e hipotecando el futuro del país, comprometiendo a las actuales y futuras generaciones?

¿Se avanzará en la aprobación en el Congreso Nacional de derechos democráticos fundamentales como el del aborto libre, seguro y gratuito?

¿Qué rol jugarán la CGT y la CTA ante estos temas?