Días antes que estalle la crisis política que terminó con la disolución del Congreso, la mayoría fujimorista en el parlamento junto al ejecutivo encabezado por el presidente Martín Vizcarra, aprobaron medidas que garantizan beneficios -hasta el 2031- a los grandes empresarios del agronegocio.
Miércoles 2 de octubre de 2019 10:02
Foto: redes
Antes que estalle la crisis política que terminó con la disolución del congreso, la mayoría fujimorista en el parlamento y el ejecutivo encabezado por el presidente Martín Vizcarra, concretaron medidas en el terreno económico que benefician a los grandes empresarios, como la ampliación de los beneficios tributarios y laborales a los agroexportadores.
Esto quedó claramente evidenciado el pasado jueves 19 de septiembre, cuando en el pleno del congreso, se aprobó la ampliación de la ley 27360 denominada ley de Promoción Agraria, que incluye la exoneración del Impuesto a la Renta (IR) y más precarización laboral para los miles de trabajadores de este rubro.
Esta polémica iniciativa legislativa se venía discutiendo desde mayo del 2018. En esa oportunidad, grupos empresariales como la Asociación de Exportadores (ADEX), la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP) y la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), habían pedido reiteradamente reunirse con Martín Vizcarra para conversar sobre la ampliación de esta ley. Es así que en marzo de 2019, durante la reunión anual de ADEX, la entonces ministra de Agricultura y Riego, Fabiola Muñoz, expresó que el dictamen del proyecto de la nueva ley de Promoción Agraria, que en ese momento se encontraba en el Congreso, era positivo. Ello llevó a que la iniciativa legal en cuestión se termine aprobando el pasado jueves 19 de septiembre contando con la votación a favor de la mayoría parlamentaria fujimorista.
Este hecho, por vulnerar los derechos de los trabajadores, fue cuestionado en su momento por diferentes representantes de los gremios de trabajadores como la CGTP, FENTAGRO, entre otros sindicatos, sin embargo, en la práctica jamás movieron un dedo ni hicieron absolutamente nada para movilizar a los trabajadores agrarios contra esta medida ya que a la fecha los principales dirigentes de estas centrales sindicales vienen apoyando al gobierno de Martín Vizcarra aduciendo que de esa manera confrontan al fujimorismo. Lo paradójico para estos sectores es que esta ley – como ya lo dijimos - la presentó al pleno del congreso de la República una ministra del ejecutivo encabezado por Vizcarra y terminó siendo aprobada por el voto mayoritario de los congresistas fujimoristas.
Recordemos que esta ley fue promulgada por primera vez en el gobierno de Alberto Fujimori, por el ministro de agricultura de aquel entonces, José Chlimper, conocido empresario agro exportador, quien era parte del directorio de una de las empresas agroexportadoras más reconocidas y más importantes del país, nos referimos a la “Sociedad Agrícola Agrokasa”. Posteriormente, esta ley fue ampliada en el gobierno de Alejandro Toledo, hasta el 2021.
Esta ley establece, desde entonces, un sin número de beneficios tributarios para un grupo de grandes empresas agroexportadoras. Entre estos beneficios destacan la reducción del impuesto a la renta (15%), así como también la reducción del pago de impuestos a las importaciones, fertilizantes, agroquímicos y equipos de riego tecnificado. Además, depreciación acelerada de equipos, devolución acelerada del IGV (Impuesto General a las Ventas), un descuento adicional si invertían en zonas eriazas y para los agroexportadores de la costa, un subsidio adicional de 4% de lo que exporten.
Así mismo, esta norma contempla un recorte brutal de los derechos de los trabajadores del rubro agrario, que según estimaciones estadísticas serían más de 350 mil los que se verían afectados directamente por esta medida. En este régimen, derechos sociales importantes se verán limitados, como por ejemplo, las vacaciones de los trabajadores se reducen de 30 a 15 días, el aporte a Essalud se reduce de 8% a 4%, y en el caso de las gratificaciones y las CTS (compensación por el tiempo de servicio), ambas se licuan y se mezclan con el pago del jornal del día, el cual no supera los 35 soles (12 dólares aproximadamente) que sumado al mes no supera los 750 soles mensuales (250 dólares aproximadamente), ello condena a la pobreza a este sector importante de la clase trabajadora.
Recordemos que las y los trabajadores agrarios, generalmente son los que realizan las jornadas más largas de trabajo, ya que en la mayoría de los casos estos trabajadores son transportados desde las primeras horas del día (3 o 4 am), iniciando su jornada laboral a las 6am, hasta las 4pm o más. Después de acabar su jornada laboral, vuelven a ser transportados para llegar a sus hogares a las 6 o 7 pm, lo cual les arrebata un tiempo considerable de sus vidas que no es remunerado por los empleadores. Además, es importante mencionar los riesgos a los cuales están expuestos los trabajadores del agro, debido al uso de contaminantes y maquinaria de riesgo. Así mismo, este sector del proletariado termina sufriendo enfermedades laborales como dolores lumbares por las condiciones del trabajo y también son muy susceptibles a enfermedades por el clima, las cuales van desde insolación hasta enfermedades respiratorias.
Por eso, para las y los trabajadores del campo, el presidente Martín Vizcarra no es garantía de nada, sino todo lo contrario, por su orientación política neoliberal y su vinculación estrecha a los grandes empresarios nacionales y extranjeros, se ha convertido en el principal escollo que tenemos para ganar derechos y mejorar nuestras condiciones de vida.
