Este miércoles la Comisión de Educación del Senado vota sobre la ley para derogar la prohibición para estudiantes y funcionarios de participar en los gobiernos universitarios (DFL2). Los rectores ya impulsan su política frente a los nuevos marcos regulatorios en educación superior.
Rafaella Ruilova Licenciada en historia y militante de Pan y Rosas
Martes 31 de marzo de 2015
El movimiento estudiantil ha cuestionado los pilares fundamentales de la educación de mercado: acceso, financiamiento y gobiernos de las instituciones educacionales. Así, una de las demandas históricas además de la gratuidad fue la eliminación del decreto que prohíbe la participación de estudiantes y funcionarios en los gobiernos de universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica.
El año pasado en un marco de profundas críticas desde el movimiento estudiantil hacia la reforma educacional y el Ministro de Educación, a causa de las letras chicas, la Presidenta firmó el proyecto de ley que deroga el DFL2 buscando así respaldar la reforma educacional.
Este miércoles se vota en la Comisión Educacional del Senado este proyecto, que protege el derecho a asociarse aunque la entrega de derecho a voto a estudiantes depende de cada casa de estudios. Es decir, de aprobarse el proyecto ya no será prohibido por ley la participación de estudiantes y funcionarios, pero tampoco será asegurada, porque cada casa de estudio velará por eso en función de las atribuciones que les entreguen sus estatutos vigentes.
Los rectores se preparan ante la exigencia de democratización
La exigencia de democratización viene del profundo descontento provocado por el autoritarismo universitario. Gobiernos al servicio de la educación de mercado y no en función de las necesidades de la comunidad universitaria. La potestad de los rectores, autoridades máximas de las casas de estudios, son un fiel reflejo de ello y su soberanía es casi absoluta. Así lo refleja el DFL2 y los estatutos internos.
Frente a esta situación los rectores se vienen preparando para que no se ponga en jaque sus gobiernos universitarios. Y es que con sólo mencionar participación de estudiantes y funcionarios a muchos les viene a la memoria el proceso de reforma universitaria vivido en Chile desde el 67 y con ello el fantasma del co-gobierno aparece.
Algunos rechazan abiertamente la derogación y muestran su temor al cogobierno como Rubén Covarrubias, rector de la Universidad Mayor “este es un alto riesgo, se abre la puerta a conflictos artificiales al interior de las universidades con el objeto de pedir este régimen de administración, que es un absurdo y ha sido muy nefasto para nuestro país”.
Otros se muestran abiertos y a favor de la participación estudiantil como Ennio Vivaldi, Zolezzi y Aldo Valles rectores de la Universidades de Chile, de Santiago y de Valparaíso respectivamente y que ya impulsaron o lo vienen haciendo cambios a los estatutos internos, eso sí como medida de contención a mayores cuestionamientos, intentando así cerrar por arriba que se abran procesos que exijan co-gobierno.
Es que la derogación no implica necesariamente una democratización, depende de las casas de estudios que hoy son administradas por un semi monarca amparado por la ley (aún) y los estatutos internos. Entonces, el paso clave después de la derogación sería el cambio de los estatutos y eso o es guiado por el actual gobierno universitario para sólo cambiar sus aspectos más desagradables pero no el fondo: el autoritarismo; o es guiado de manera triestamental para transformar y democratizar no sólo de manera formal, sino también en los hechos.
Así hemos visto la ofensiva de los rectores que se muestran “democráticos y abiertos”, pero que de fondo siguen cuidando su poder universitario, como lo expresa el proceso de referéndum de Estatutos en la Universidad de Chile, donde si bien se plantea votación triestamental con un porcentaje de 60, 25 y 15% académicos, estudiantes y funcionarios, de las autoridades unipersonales como el rector y decanos, pero siguen habiendo facultades de primera y de segunda, sigue existiendo el subcontrato y la participación se reduce al vota cada ciertos años. Porque el rector sigue teniendo las máximas atribuciones.
Porque a diferencia de lo que dijo el presidente del Consorcio de Universidades Estatales (CUECh) y rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi (ex militante PS), cuando fue preguntado por Emol sobre la crisis institucional a raíz de Penta, SQM y Caval “nos enorgullece que en ese contexto (…) hay instituciones que pueden verse con absoluta confianza, precisamente por su condición de no estar defendiendo un interés pecuniario, personal o individual y son las universidades estatales". Sí hay intereses personales dentro de las universidades estatales, la comunidad tiene sus intereses como por ejemplo acabar con el subcontrato expresado en campañas, pero no es el mismo interés y voluntad del rector.
Aldo Valles, rector de la Universidad de Valparaíso asumió como viceprensidente del Cruch este jueves 26 en la tradicional asamblea de fin de mes que realiza dijo organismo y donde dejó en claro que “Necesitamos tener una nueva institucionalidad y un nuevo marco regulatorio en educación superior”. Ese marco regulatorio es el que Cruch viene elaborando, y que es una de sus políticas centrales que viene de la mano con su ofensiva para guiar y así contener los procesos de cambios de estatutos.
