OPINIÓN. Apuntes sobre la reforma del Código Procesal Penal (I)

Finalmente y sin un real tiempo para el debate, el jueves 27 de noviembre se trató en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados la reforma del Código Procesal Penal de la Nación, que será aplicado por los juzgados federales de todo el país y para el juzgamiento de determinados delitos en la ciudad de Buenos Aires.

Este proyecto fue presentado por la propia Cristina Kirchner, con dos caballitos de batalla, la figura de la “conmoción social” como elemento para denegar la libertad durante el proceso -y que tuvo que ser retirada por su evidente origen dictatorial-, y el segundo, el artículo 35 que estigmatiza a los inmigrantes y que solo fue parcialmente modificado en el Senado. Eligió un discurso claramente derechista, con referencias a la “puerta giratoria” y otras expresiones que nada tienen que envidiarle a las de los sectores más rancios de la sociedad.

Más de conjunto, podemos decir que esta reforma viene siendo reclamada por diversos sectores para adaptar la legislación nacional a los llamados “estándares internacionales”, para terminar con el actual sistema inquisitivo que otorga exorbitantes facultades al juez penal.

No hay que ser un avezado jurista para darse cuenta que hoy los jueces federales tienen poderes casi monárquicos y que concentran una gran cantidad de funciones en su persona.

Con la llegada del sistema acusatorio que proponen, se repartirían esas funciones entre jueces y fiscales, dándole a su vez más participación a las víctimas de un delito. Pero nadie se confunda, Oyarbide seguirá siendo Oyarbide, aunque con un nuevo Código.

Otra cuestión a destacar es que en algunas provincias en las que se adoptó el sistema acusatorio/adversarial, se avanzó en la implementación de juicios por jurados, por ejemplo en Neuquén, algo que en el proyecto del Ejecutivo se patea para adelante dejándolo librado a una ley especial.

Desde la izquierda cuestionamos al conjunto de la corporación o casta judicial, una institución en la que la voluntad popular no tiene injerencia alguna. Todos los magistrados vitalicios que fueron elegidos a través de las servilletas del PJ o la UCR, y hasta por la propia dictadura genocida, deberían cesar en sus cargos. Sostenemos la elección popular de todos los jueces sin excepción, que ganen lo mismo que un docente y puedan ser revocados, y la implementación de juicios por jurados.

Una reforma orientada políticamente

Lanzar de urgencia esta reforma tiene un claro sentido político, el Gobierno intenta mostrarse más duro en las cuestiones penales, más “PROactivo” (¿tal vez por eso enterró la reforma del Código Penal de Zaffaroni y sacó esta al ruedo?).

Esta reforma fue lanzada mientras en las calles se daba una de las más persistentes y duras represiones de los últimos tiempos, teniendo como víctimas a los trabajadores despedidos de la empresa Lear Corporation. No es casualidad. Discurso, reforma y acciones intentan ponerse en línea en la disputa con tres candidatos conservadores como Scioli, Massa y Macri, como también con el objetivo de generar las condiciones para aplicar políticas económicas más duras sobre el pueblo trabajador.

Acusatorio o inquisitivo, ¿es la cuestión?

El proyecto introduce garantías de las que muchas ya estaban reconocidas en el ordenamiento jurídico, a través de los tratados de derechos humanos y la jurisprudencia.

El sistema acusatorio en sí mismo no implica una “suavidad” en el castigo penal, ni una disminución de un poder punitivo netamente clasista; los sectores criminalizados seguirán siendo los mismos.

El senador Pichetto, durante el debate del Código en el Senado, reconoció que al día de hoy –con el sistema inquisitivo– “en las cárceles federales, donde de cada diez privados de libertad seis están en situación de proceso y cuatro condenados…”. Lo que no dijo es que con el sistema acusatorio eso no se ha modificado, como ejemplo tenemos que el sistema acusatorio ya existe hace años en la provincia de Buenos Aires y nadie puede decir que hoy sea “más justa”: allí, más la mitad de los presos lo están sin condena.

Esto también es evidente en otros países, siendo el caso más paradigmático el de Estados Unidos, donde hay un sistema acusatorio, juicios por jurados, oralidad, justicia exprés, actividad de los fiscales en la investigación y, sin embargo, tiene una de las tasas más alta de presos y una fuerte estigmatización y criminalización basada en razones económicas e incluso raciales.

El sistema estadounidense es muy promocionado porque se muestra que rige el juicio por jurados, pero la realidad es que en ese país solamente el 2% de los casos se resuelve en juicios por jurados. Casi han desaparecido, cobrando más peso como forma de resolución la “negociación” sobre declaración de culpabilidad (plea bargaining).

Varios puntos para analizar

En los próximos días iremos analizando la reforma, el artículo 35 que estigmatiza a los inmigrantes, el instituto de la prisión preventiva, entre otros temas.

La oposición política centra sus planteos y propuestas de modificaciones en la crítica sobre el Ministerio Público Fiscal (a la que nos referiremos en un artículo posterior) y en los “delitos de corrupción”. Permanentemente proponen endurecimientos del sistema represivo, del Código Penal, del Código Procesal, con la excusa de combatir la corrupción. Sabemos que eso es irreal, que la corrupción, intrínseca al sistema capitalista, no se terminará con el endurecimiento de penas que nada casualmente siempre han sido de las más bajas del esquema penal y, en cambio, nos presentan el peligro de estar abriendo peligrosas puertas para que desde allí se avance a un endurecimiento del sistema represivo de conjunto que siempre, indefectiblemente, será aplicado contra el pueblo trabajador.

A modo de colofón, solo queremos decir que para terminar con el sistema inquisitivo actual en serio, hay que modificar de raíz el sistema mismo, cuestión que excede claramente a quién determina la culpabilidad o inocencia de una persona, sino que eso forma parte de un engranaje mayor. Ese engranaje sostiene la dominación de una minoría, la burguesía, por sobre las grandes mayorías del pueblo trabajador. La legislación represiva expresa los intereses de las clases dominantes, con un sistema o con otro.

Por eso para ir al fondo de la cuestión no se puede reducir la discusión en el binomio sistema inquisitivo / sistema acusatorio pues ambos responden a mantener lo esencial del sistema judicial vigente. Y eso es lo que iremos analizando.