La Gobernadora brindó una conferencia de prensa en la ciudad el lunes 14 de septiembre. A tono con el discurso del gobierno nacional la conferencia abundó sobre la “ilegalidad” de las tomas de tierras y arremetió contra el fallo del Juez Zapata que ordenó a la provincia a brindar una solución habitacional, clausurando la posibilidad de un desalojo de la toma ubicada en Cabeza de Indio/Loma del Medio. Algo que indignó a JSRN.
Ulises Crauchuk Corresponsal Comarca Andina | @ulisescrauchuk
Martes 15 de septiembre de 2020 17:08
“Es un error no desalojar” comenzó la gobernadora al tiempo que planteó que el fallo “es una muy mala señal para la población […] (ya que) alienta una forma de solución del problema habitacional no apropiada para la democracia”. Planteó que el fallo “significa un desconocimiento de las posibilidades materiales del Estado de dar respuesta”, cuando la provincia “tienen un fuerte compromiso” en materia habitacional que viene desde la administración de Alberto Weretilnek. Luego agregó que se han entregado 216 viviendas, que 1005 más se encuentran en construcción y 1700 en proyecto.
¿Dónde están las viviendas que anunció la gobernadora?
El pasado 18 de agosto se conoció que la provincia en lo que va del año ha entregado solo 25 viviendas (20 en Rio Colorado y 5 en Fernández Oro). Además, en Junio fueron tomadas 40 viviendas en construcción en Sierra Grande que llevaban seis años en construcción y estaban paralizadas desde 2015. 57 personas enfrentan causas judiciales por usurpación luego de hartarse de esperar una vivienda digna, y una orden de desalojo pende sobre ellos. Por estos días se anunció el “sorteo” de 86 viviendas aun no concluidas en Choele Choel para más de 400 inscriptos en el Instituto Provincial de vivienda (IPPV).
En Bariloche, donde el problema de la vivienda afecta a 10000 familias, un 25% de la población según un estudio de CIETES/UNRN, 75% de las cuales se encuentran en condiciones de hacinamiento, y las tomas de tierras expresan esta urgencia no resuelta hace décadas, están anunciadas 875 unidades aun no terminadas pero adjudicadas a gremios y cooperativas.
Meritocracia y “falta de tierras”
Por otro lado Carreras señaló que el fallo “es una muy mala señal para la población que hace años lucha por tener su casa o su tierra y que a lo mejor todos los ahorros de su vida no le han permitido todavía acceder a la tierra”. Una apelación a la lógica meritocrática muy afín a la administración nacional pasada, donde el derecho constitucional a la vivienda, lejos de ser una conquista y una garantía, estaría sometido al mérito individual en base al sacrificio.
Del porqué los ahorros de toda una vida no alcanzan para lograr la vivienda a millones, ni una palabra. Sobre regular la especulación del mercado inmobiliario que impone una restricción al acceso a la tierra para amplios sectores de la sociedad, nada.
Mientras parece que algunos ciudadanos deben seguir el camino fácil de la toma para tener una tierra o una vivienda, demostramos que este es el camino de la sociedad organizada, la que respeta el estado de derecho.
— Arabela Carreras (@ArabelaCarreras) September 15, 2020
Carreras declaró en un giro dramático que el fallo judicial “genera una situación de riesgo para toda la tierra que existe”, luego de asegurar que no hay suficiente tierra urbana disponible. Dijo estar trabajando en “nuevos modos de dar respuesta”, pero al momento de ser consultada sobre cuales no quiso “adelantar y generar expectativas”. Tan sólo esbozó un “fuerte trabajo en torno al fortalecimiento del banco de tierras, que no tiene tierras”. Sobre el problema de la enorme concentración de tierras en manos de un puñado de grandes terratenientes en su mayoría extranjeros que no aportan al fisco ni un centavo por sus enormes tierras adquiridas de formas muy cuestionadas, la Gobernadora no dijo absolutamente nada.
Planteando que no hay tierras urbanizables suficientes, Carreras declaró “fomentar la toma de tierras es condenar a las familias a muchos años de una vida en condiciones de una gran precariedad y una gran marginalidad. Porque en la tierra que se ocupa irregularmente, cuesta muchísimo lograr servicios y caminos”. Bueno, otro tanto podría decirse sobre los loteos “regulares” en los que demora años conseguir los servicios más elementales. Pero de cualquier modo, quienes desde 2011 habitan la toma en Loma del Medio, o hace años en El Alto de Bariloche, en las bardas de Fiske Menuco (Roca) o Cipolletti, conocen bien la incapacidad del Estado en brindar las más elementales soluciones en materia de urbanización y servicios. Hace décadas que sufren la marginalidad, el hacinamiento y la precariedad que hoy horroriza a la gobernadora.
Lo más llamativo fue que Carreras acusó al juez Zapata de no hacerse cargo de su rol como funcionario del Estado, al tiempo que amenazó con hacer una presentación ante el Consejo de la Magistratura. “Cuestiona el rol del Estado y no se hace cargo como parte del Estado”, dijo al tiempo que agregó “si el Estado pudiera dar respuesta en 15 días, hoy no tendríamos problemas de vivienda”. Claramente es la lectura que decenas de familias trabajadoras, empujadas a la miseria por la crisis abierta por la pandemia, hicieron al pasar a la acción directa buscando resolver este problema estructural que el Estado no quiere resolver, no ya en 15 días, sino en décadas. También la gobernadora acusó recibo de ello al declarar que el fallo “fomenta la ocupación de tierras como un camino rápido para que el Estado esté obligado a dar una respuesta.”
A confesión de partes, relevo de pruebas
