Trabajadores estatales. Arrancan reinstalación de despedidxs por causas políticas

Después de una jornada de lucha con movilizaciones a la Asamblea Legislativa de la Cdmx, bloqueos, una conferencia de prensa, un foro de denuncia y un plantón, la Coordinadora de Trabajadores y Trabajadoras Estatales, conformada por nueve organizaciones políticas y sindicales, arrancó algunos acuerdos.

Entre ellos, algunas conquistas muy significativas como la reinstalación de Montserrat Jiménez, despedida del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) e integrantes de #QueremosTrabajoDigno, y dos compañerxs docentes del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) e integrantes del comité ejecutivo del SUTIEMS. Todos despedidos por causas políticas, en una clara muestra de amedrentamiento por parte de las distintas autoridades que reconocieron la destitución como consecuencia de su actividad política en defensa de derechos laborales y del sindicato del IEMS.

Aún quedan distintos casos de despidos injustificados que deben revertirse, y la situación es más grave si nos detenemos en los más de 5 mil laudos favorables a trabajadores que demandaron por reconocimiento de la relación laboral, basificación o reinstalación y que no se han cumplido. Solo en el caso de las organizaciones que conforman la Coordinadora de Trabajadores y Trabajadoras Estatales se concentran más de 100 laudos que esperan su cumplimiento. Tan sólo una muestra de que la justicia se queda inmóvil y la lucha legal se vuelve un callejón sin salida cuando no se acompaña de la movilización independiente.

Otro mecanismo que utiliza la patronal para debilitar nuestra lucha es dividir y aislar a los sectores más combativos. En nuestro caso, los y las compañeras organizadas en la agrupación Queremos Trabajó Digno fuimos señaladas por el secretario particular de Batres, Rodrigo Ávila de "confrontativas y estridentes" por no quedarnos calladas y denunciar el verdadero rostro de la política laboral de la 4t. Y mientras daban largas y se excusaban por no poder resolver nuestras demandas, ofrecían acelerar la mesa de diálogo con las autoridades del DIF que despidieron a nuestra compañera Montse, para confrontarnos y aislar a quienes consideran más "problemáticas" por el contenido político de nuestra denuncia.

Es por esto que, a pesar de los acuerdos con el Gobierno de la CDMX y de sus promesas, no confiamos en su supuesta buena voluntad y seguimos movilizados hasta la reinstalación efectiva de todas y todos nuestros compañeros despedidos y el cumplimiento de nuestras demandas.

La patronal también busca desgastar nuestra lucha con mesas de negociación que pocas, muy pocas veces, son fructíferas. Así vemos que tras la jornada de lucha, distintas mesas sostenidas con representantes de gobierno central y autoridades de dependencias solo han dado largas y desairado las demandas legítimas de las y los trabajadores estatales.

La austeridad de la 4T: precarización y despidos

La situación que enfrentan hoy las y los trabajadores estatales es crítica. El primer año de austeridad republicana significó más de 200 mil despidos en el sector y, a pesar de la retórica del gobierno, la precarización laboral se mantuvo. Lejos de garantizar basificación y estabilidad para el personal, o de acabar con el outsourcing como prometió el hoy jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, las figuras de contratación simulada, el no reconocimiento de relación laboral y la falta de prestaciones son la realidad de cientos de miles de trabajadores y trabajadoras.

Además, el gobierno ha creado nuevas formas de precarización laboral con los programas sociales, que significan un apoyo importante para miles de habitantes y una oportunidad laboral para miles de beneficiarios o becarios, sobre todo jóvenes, mujeres y adultos mayores, pero que distan mucho de poder resolver de fondo la desocupación y la demanda de empleo digno. Como vimos recientemente en protestas de trabajadores de los programas como Servidores de la Nación, PILARES, del Banco del Bienestar o del IMSS Bienestar, el personal laboral jornadas extenuantes, es obligado a hacer proselitismo a favor de los partidos que financian dichos programas y es perseguido y hostigado políticamente si intenta exigir derechos laborales.

Dinero para basificación y derechos, no para la Guardia Nacional

Por si fuera poco, el gobierno sostiene que no hay presupuesto para la creación de plazas para otorgar bases y estabilidad a quienes laboran en depedencias públicas. Pero ha destinado durante este sexenio miles de millones a las fuerzas armadas y a la Guardia Nacional, demostrando que más que falta de presupuestos, lo que falta es un proyecto que privilegie la creación de trabajos dignos y estables por sobre la política represiva.

Desde el 2006 vimos el fracaso de la militarización con el aumento de los feminicidios, los juvenicidios y las desapariciones forzadas. Hoy las violaciones a derechos humanos se cuentan por decenas en casos encabezados por la Guardia Nacional y el reciente escándalo sobre el rol de la policía y el ejército en el caso Ayotzinapa devela que para resolver las demandas de la población pobre y trabajadora la militarización no es la respuesta.

Otro caso de evidente fracaso de esta política es el de la población migrante, que hoy enfrenta una crisis humanitaria en ambas fronteras de México. Sin papeles y sin derechos, encara violaciones a derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales a manos de fuerzas armadas, policías y de la Guardia Nacional, y lidia con los violencia de los cárteles del crimen organizado, haciendo más urgente que nunca la necesidad de que las organizaciones sindicales y el conjunto de la clase trabajadora abrace la causa migrante.

Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden

En este panorama no está todo perdido. La jornada de movilización impulsada por la Coordinadora de Trabajadores y Trabajadoras Estatales fue un gran aliciente para empujar la coordinación entre distintos sectores de trabajadores en lucha. Nuevos sectores y sindicatos se unieron al espacio de coordinación en busca de una plataforma que fortalezca la pelea por arrancar sus demandas. Al compartir patronal, en este caso el gobierno, la unidad es una necesidad obligada para poder torcer el brazo a las autoridades y mostrar que nadie enfrenta en soledad sus políticas de precarización y despidos. Desde la defensa del bosque y los mantos acuíferos, pasando por la defensa de la educación, la salud, o de la organización sindical, la precarización laboral es una realidad que atraviesa a todos estos sectores.

Por eso saludamos a la Coordinadora de Trabajadores y Trabajadoras Estatales y buscamos su ampliación y fortalecimiento. Pues en esta coyuntura electoral, nuestros derechos no son negociables ni son botín político para los partidos del Congreso. Una mujer candidata no garantiza el respeto a los derechos de las miles de trabajadoras al servicio del Gobierno de la Ciudad y del Estado.

En estás elecciones necesitamos una alternativa política independiente a los intereses de los grandes empresarios y del imperialismo, los cuales son preservados por todos los partidos del régimen político por la vía de implementar las políticas de precarización, despojo y de militarización del país. Para construir esa alternativa, es que buscamos agrupar a sectores que hoy enfrentan los efectos de la continuidad de políticas neoliberales impulsadas por el gobierno y la oposición conservadora, como los que confluimos en esta Coordinadora, pues solo con la movilización independente al gobierno y a la derecha, podremos defender nuestros derechos y arrancar los que nos faltan.

¡Reinstalación de lxs despedidxs y alto al hostigamiento laboral!
¡Basificación de todo el personal estatal!
¡Dinero para educación, salud y vivienda no para la Guardia Nacional ni el Ejército!