La noticia sorprendió a muchos. Desde la muerte del ex fiscal de la causa AMIA, la jueza venía sosteniendo junto al Partido Judicial y al Gobierno, que su muerte fue producto de un homicidio.
Mirta Pacheco @mirtapacheco1
Sábado 22 de diciembre de 2018 00:00
Imagen/Enfoque Rojo
La jueza de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, madre de las hijas de Alberto Nisman envió un escrito ante el juez Julián Ercolini “vengo a desistir de manera expresa de continuar ejerciendo el rol de querellante en los autos de referencia”.
Ercolini sigue la investigación por la muerte del fiscal ocurrida el 18 de enero de 2015. Nisman iba a denunciar ante el Congreso Nacional, a instancias de la entonces oposición de Cambiemos, a la entonces presidenta Cristina Kirchner por el memorándum de entendimiento con Irán.
La causa por la firma del memorándun con el país persa, que sigue el inefable juez Claudio Bonadío, es parte de la judicialización de la política que pretendió llevar adelante el gobierno de Macri.
Porque como hemos dicho muchas veces desde este diario, ese acuerdo -que preservaba la impunidad del Estado argentino con respecto al atentado de la AMIA- es una cuestión política y no judicializable. Esta es una de las causas por las que Bonadío le dictó prisión preventiva a CFK.
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Ese punto es importante porque basados en esa presentación que iba a hacer Nisman, se valió toda la oposición de derecha para afirmar que al ex fiscal lo habían asesinado y que el gobierno kirchnerista estaba involucrado.
La misma jueza, desde un primer momento avaló esa teoría. Casi cuatro años después renuncia a la querella en la causa que investiga ese deceso.
Mucha tinta de periódicos, ahora oficialistas, se gastó en mostrar a Nisman como un “héroe de la Nación”, un fiscal probo que sólo quería justicia.
Cuando el ex fiscal no solo que durante 10 años en los que estuvo al frente de la investigación de la voladura de la mutual judía (puesto para el que fue nombrado por Néstor Kirchner y que luego CFK continuó avalando), no avanzó un ápice en la búsqueda de justicia, sino que era un fiscal que solía “comprar” todo lo que le decían los servicios de inteligencia no solo locales, sino de la CIA y el Mossad (israelíes).
Más tarde habían salido a la luz mails de intercambios entre Nisman y la embajada norteamericana en nuestro país, donde prácticamente la representación yanky le indicaba los pasos a seguir.
Recordemos que la casta judicial, los partidos patronales en aquel entonces opositores y parte de lo que sería el núcleo duro de la base electoral de Cambiemos se habían movilizado el 18 de febrero de ese mismo año, a un mes de que Nisman fuera encontrado muerto en el baño de su lujoso departamento de Puerto Madero.
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El Gobierno de Cambiemos continuó insistiendo con la hipótesis del asesinato, cuestión que era funcional a la polarización que buscaba instaurar entre Macri y Cristina Kirchner, de la cual la ex presidenta también se vale con fines electorales.
La abanderada de que esa era la línea de investigación que debía seguirse siempre fue la ministra de Seguridad Patricia Bulrrich, quien el día anterior a la muerte del fiscal, había hablado por teléfono con él para asegurar su presencia en la Comisión de Legislación Penal.
Tiempo antes Nisman le había entregado a ella y a Laura Alonso (la directora del PRO de la oficina anticorrupción), las supuestas pruebas que iba a presentar.
Pero había trascendido que el ex fiscal pidió declarar en la Comisión a puertas cerradas, sin que estuvieran presentes los acusados. La primera pregunta que surge es ¿porqué?
La muerte de Nisman abrió en su momento una crisis de dimensiones y salió a la luz la mafia de los servicios de inteligencia, o para decirlo en otras palabras: la cloaca del Estado capitalista.
Mafia de los servicios de la que se valen todos y cada uno de los gobiernos de turno, ordenando carpetazos o lo que es más grave aún, enviando a espiar a organizaciones populares, políticas –sobre todo de izquierda-, movilizaciones, etc.
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El “adalid de la justicia” como quiso presentarlo después de muerto la entonces oposición, era un hombre que no reparaba en el uso de esos servicios, y no podemos descartar tampoco que él mismo fuera “operado” por ellos, como puede ser en el caso del espía más famoso: Jaime Stiuso.
Alberto Nisman cuando era Secretario del juzgado de Morón, durante la investigación de los hechos de La Tablada, le hizo firmar una declaración falsa al militar César Ariel Quiroga. El objetivo era que Quiroga afirmara cosas que nunca vio. Hace pocos días este militar se quebró y relató la verdad.
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Ese era el hombre “intachable” que levantó como estandarte la derecha judicial y gubernamental. Pero antes, como ya dijimos, había sido el elegido por el kirchnerismo.
Hasta que éste entró en desgracia porque el gobierno anterior cambió su política con respecto al atentado de la AMIA y buscó ese acuerdo con Irán, adelantándose al giro que realizaría el gobierno de Obama, en cuanto a abrir negociaciones con aquel país.
Su muerte aún hoy no se esclareció, sin haber haber pruebas suficientes de que fuera un asesinato.
Tal vez por eso, Arroyo Salgado más allá de las causas que alegó en su escrito de renuncia a seguir siendo querellante – cuestiones por demás atendibles como preservar a sus hijas-, decidiera no continuar al frente de una acusación por homicidio que nadie pudo probar.