Se modifica la Ley de Desarrollo de la Industria Satelital, asignándole a las grandes operadoras de telecomunicaciones privadas las bandas de espectro radioeléctrico para servicios de telefonía móvil.
Viernes 25 de enero de 2019 13:43
Se modifica la Ley de Desarrollo de la Industria Satelital, asignándole a las grandes operadoras de telecomunicaciones privadas las bandas de espectro radioeléctrico para servicios de telefonía móvil. Las empresas de telecomunicaciones siguen incrementando sus ganancias, mientras las tarifas aumentan y se ven afectadas las condiciones laborales y de vida.
¿Cuál es la salida para los trabajadores y usuarios?
El Boletín Oficial publicó el DNU 58/2019 que modifica la Ley de Desarrollo de la Industria Satelital vigente (27.208 de 2015) por el que asignará a las grandes operadoras de telecomunicaciones privadas las bandas de espectro radioeléctrico para servicios de telefonía móvil reservadas hasta ahora a la empresa estatal ARSAT.
El Gobierno viene de aprobar hace poco tiempo atrás, mediante un trámite express, la megafusión de Telecom con Cablevisión-Grupo Clarín. Además, la discusión ya estaba planteada en el Senado con la“Ley corta” donde obtuvo media sanción. Entonces, resulta al menos sospechoso los intereses detrás del DNU publicado. ¿La necesidad y la urgencia de quién?
Está claro que el decreto es a favor de las telefónicas, las frecuencias para ser explotadas necesitan de la infraestructura privada, la cual el Gobierno ni Arsat tienen, como así tampoco poseen un plan de inversión estatal. Tampoco la tenía el grupo Vila-Manzano que participó, por impulso del kirchnerismo, de la licitación del lanzamiento del 4G en Argentina en 2014 para que se convierta en un tercer operador privado.
Luego de que este grupo económico se ausente de dicha licitación por no tener la millonada de dólares necesarios para invertir, el entonces gobierno kirchnerista intentó crear una empresa estatal-privada llamada Libre.Ar, radicada en Arsat. Pero esto no fue que más que humo y hasta el día de hoy esas frecuencias no están explotadas y representan una pérdida de más de 500 millones de dólares a las arcas del estado.
Arsat no tiene la infraestructura técnica para explotar esas frecuencias. La modificación del uso “preferencial” de cualquier bien de la empresa estatal que se nombra en la Ley, debe ser discutida en el Congreso de la Nación. Por lo que este decreto se torna inconstitucional.
Otro interrogante que se abre ahora es cómo será la licitación de las frecuencias. Se sabe que será para las telcos pero este decreto prevé una pequeña porción para que cooperativas y pymes del interior puedan participar. ¿Qué cantidad del espectro? ¿Cuánto recibirá el Estado? ¿Por cuánto tiempo será la concesión?. Muchas preguntas para repartir un recurso finito del Estado que las grandes compañías de telecomunicaciones se disputarán pese a que ya cuentan con una extrema concentración del mercado.
Esto se da un contexto de desinversión en Arsat en el que se discontinuaron los diversos proyectos que tiene la empresa, tal como el ARSAT-3, el despliegue de la TDA y la conectividad a Internet a través de fibra óptica a distintas ciudades y pueblos del país.
En este marco es que inescrupulosamente las empresas de telecomunicaciones no tuvieron ningún inconveniente en realizar continuos tarifazos pese a que el servicio nunca mejora ya que no realizan las inversiones correspondientes, dándose un empeoramiento progresivo de las prestaciones brindadas a los usuarios.
Trabajadores y usuarios son los que se llevan la peor parte. Mientras estas empresas planifican cómo incrementar sus ganancias millonarias, los trabajadores de Arsat en el último tiempo vienen sufriendo despidos con la excusa de “reestructuración”, al mismo tiempo que incorporan dotación de trabajadores más flexibilizados que provienen de otros ministerios como el de Modernización.
Además de generar un clima de miedo frente a la posible pérdida de sus puestos de trabajo, los últimos acuerdos salariales fueron a la baja deteriorándose las condiciones de vida de los trabajadores.
Se hace imprescindible que Foetra y los sindicatos de las telecomunicaciones se pongan a la cabeza para discutir esta situación que tanto afecta a los trabajadores. Por eso es que desde la Agrupación Violeta proponemos que se convoquen y organicen asambleas en todos los edificios y plenarios de delegados con mandatos para definir un plan de lucha.
Son los trabajadores y usuarios los únicos interesados en alcanzar un buen servicio público en lugar de perseguir el lucro empresario.
Por ello es que además proponemos la nacionalización de todas las empresas de telecomunicaciones bajo gestión de los trabajadores junto con comités de usuarios y técnicos especialistas, ya que son quienes realmente conocen el funcionamiento y quienes pueden poner este servicio -hoy prácticamente esencial- a disposición de las necesidades de las mayorías populares.
