ORGANIZACIONES OBRERAS. Ataque antiobrero: Cambiemos dará de baja a 552 sindicatos

A comienzos de noviembre se conoció la noticia de que el Gobierno tenía en mente dar de baja entre 600 y 800 sindicatos. Ayer finalmente, se supo que el plan del Ministerio de Trabajo se propone hacer desaparecer 552 gremios.

El argumento del Ejecutivo para tomar esta medida, que fue publicada en el boletín oficial del jueves, es que dichos sindicatos no cumplirían con los requisitos previstos en la ley de asociaciones gremiales, 23.551.

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"Actualícese el Registro Especial de Asociaciones Sindicales que registra las inscripciones gremiales en el ámbito de esta Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, excluyéndose del mismo a aquellas entidades sindicales que no hayan acreditado en el plazo de tres años a la fecha de publicación de la presente, su actividad operativa y el cumplimiento de sus obligaciones legales periódicas establecidas en la ley 23.551", sostiene la disposición de la cartera conducida por Jorge Triaca.

De acuerdo al sitio Infobae, la decisión fue ordenada directamente por el presidente Mauricio Macri. En el discurso que brindó hace más de un mes, en ocasión de presentar el plan de reformas que traía entre manos y que ahora intenta implementar, el presidente se detuvo en la cuestión de los sindicatos. “Hay 3000 sindicatos en el país” aseguró. En la cosmovisión que trata de instaurar Cambiemos, la cantidad de sindicatos o cualquier otra forma de organización de los trabajadores, es un elemento que atenta contra el desarrollo de la "Argentina del futuro", así como un palo en la rueda para los consensos y acuerdos tan necesarios para construir la "Argentina del diálogo".

La decisión de eliminar estas organizaciones, constituye un enorme favor a la dirigencia de los sindicatos más importantes, partícipes necesarios para que la agenda oficial de contrarreformas siga adelante. Innumerables veces se ha denunciado desde este medio la tregua de la burocracia sindical, encarnada en el triunvirato que conduce la CGT, como máxima expresión de la traición a los intereses de la clase trabajadora en la actualidad. El Gobierno paga los favores a los burócratas amigos con este tipo de ataque.

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Algunas de las asociaciones que serán excluidas son los Trabajadores del Trote; Sindicato de Trabajadores Jaboneros Santa Fe; Sindicato de Energía Atómica; Sindicato de Músicos y Artistas de Chaco; Asociación obreros y empleados de maltería Hudson; Sindicato de Turf Córdoba; Profesionales del Instituto de Microbiología; Municipales de Brinkman; Docentes del Pellegrini; Municipales de Tupungato; Guardavidas de Buenos Aires y Músicos de Paraná.

Si hoy existe una enorme cantidad de organizaciones sindicales, esto se debe en parte, a la necesidad de los trabajadores de organizarse por fuera de los gremios burocráticos, conducidos sin ningún tipo de participación de las bases y por autoridades atornilladas desde hace décadas a la butacas de la sedes gremiales.

Según plantea el Gobierno, la idea es depurar la lista de sindicatos, que se pobló de nuevas organizaciones durante la administración anterior. La "depuración", que se plantea el oficialismo ataca fundamentalmente a los sindicatos simplemente inscriptos. Supuestamente, para no ser expulsados de la lista, deben cumplir con obligaciones como la presentación de balances, memorias, la celebración de asambleas para la elección de autoridades, el mantenimiento de la sede social y la actualización del registro de afiliados, entre otras. ¿Es que acaso los sindicatos que conducen los Moyano, los Daer, Schmid y Acuña, entre muchos otros burócratas, cumplen con todos esos parámetros de transparencia y funcionamiento democrático?

Tira y afloje

Para avanzar en su plan de ajuste y contrarreformas, el oficialismo debe contar con el gigantesco favor de la dirigencia gremial y por otro lado, cercenar el poder de fuego de los sindicatos. A poco de asumir el poder, Cambiemos sentó las bases fundamentales para el sostenimiento de la tregua que sabía que iba a necesitar, otorgando a la dirigencia de los sindicatos los fondos de las obras sociales, nada más y nada menos que $2704 millones, sumados a $30.000 millones en bonos. Semejante favor fue devuelto con creces. Los tarifazos, los despidos, el "achicamiento" y reducción de personal en el Estado, entre otros ataques, fueron las primeras medidas que la CGT dejó pasar sin más que amenazas, amagues de paro y medidas de lucha. En la relación entre Cambiemos y la CGT siempre primó el "diálogo".

Sin embargo, ante la bronca y el descontento popular que se expresaba por abajo, entre las bases, la cúpula sindical tuvo que tomar algunas medidas para amainar la situación. Tal bronca y la crisis de la CGT se expresó en la movilización que convocó el 7 de marzo, mes caliente en el que el Gobierno tuvo que hacer frente a una sucesión de movilizaciones. En el palco de la CGT aquel día, volaron piñas y hasta el atril con la sigla de la organización fue removido de su lugar. Los dirigentes de la central tuvieron que escuchar el reclamo de paro general.

Finalmente, ante la situación, la conducción de la CGT tuvo que llamar a un paro nacional que se llevó adelante el día 6 de abril. Ninguna de estas medidas tuvo continuidad ni formó parte de un plan de lucha serio, sino que se realizaron con la intención de, como la misma CGT aseguró, descomprimir la situación.

En agosto el Gobierno respondió a las tibias medidas de la CGT con el pedido de renuncia de Luis Sceverino, el Superintendente de Servicios de Salud. Este es el cargo más importante que tienen los sindicatos en la estructura estatal, desde el cual se controlan las obras sociales. En la frase "así como te doy, te quito", podría resumirse la posición del Gobierno con respecto a la plata de las obras sociales.

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Otra forma de mantener a raya a los sindicatos, se evidenció en la detención del referente de la Uocra platense, "Pata" Medina. Ningún burócrata sindical está limpio y por otro lado, el Gobierno los necesita para contener el descontento obrero. Para personajes como los Moyano o quienes conforman la conducción de la CGT, la amenaza de terminar como el "Pata" no es algo que se avizore en un futuro inmediato, o por lo menos, en un futuro que convenga al Gobierno ni a la dirigencia gremial. Sin embargo, el aleccionamiento público, presentado en los medios como la gran cruzada del Gobierno contra la "mafia sindical" ejemplificada en Medina, sí buscaba sentar antecedentes para desprestigiar al conjunto de las organizaciones y formas de lucha de la clase obrera. El show de la detención del "Pata", buscaba justificar los ataques por venir.

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En el contexto de este tira y afloje permanente, de amenazas que van y vienen, hay que entender la decisión de desaparecer 552 organizaciones de la lista de asociaciones gremiales. Mientras, el Gobierno y la dirigencia de los principales gremios negocian para garantizar que las medidas del ajuste y las contrarreformas pasen. La regimentación de los sindicatos por parte del Estado ha sido históricamente una traba para el desarrollo de la organización independiente de los trabajadores y trabajadoras. En tiempos de ajuste y represión, tal como se ha presentado la situación en los últimos meses, el mayor cercenamiento a la libertad de organización obrera es una tarea de primer orden para el Gobierno y los dirigentes gremiales traidores, que bregan por sus propios privilegios y los intereses de los empresarios.