CORRUPCIÓN Y POLÍTICA. “Auditar” la obra pública, un mal chiste capitalista

“Le voy a plantear al juez de la causa que haga una auditoría de la obra pública, hecha por consultoras públicas y privadas”, dijo el domingo a la noche la expresidente Cristina Fernández por televisión en su primera entrevista periodística tras dejar el gobierno.

La frase no parece haber salido de boca de quien durante doce años encabezó, junto a su esposo, el Poder Ejecutivo. Doce años en los que, precisamente, la obra pública contó con todos y cada uno de los beneficios del secretismo estatal.

“Esto de decir alegremente que hubo sobreprecios en la obra pública es disparatado”, afirmó la jefa de Julio de Vido y José López. “Estamos hablando de un plan de obra pública de miles de millones de dólares ejecutada por el Gobierno nacional, pero también por gobernadores e intendentes”, sentenció en la charla telefónica con el periodista ultra k Roberto Navarro por C5N.

Sobre precios

Desde el gobierno de Mauricio Macri las respuestas no tardaron en llegar. Javier Iguacel, director de Vialidad Nacional, dijo que desde su organismo presentaron ya “varias auditorías” a la Justicia, en obvia respuesta a la expresidente. “Con la información que hay, es más que suficiente para que la Justicia trabaje. Y gracias a Dios hoy está sin cepo y puede trabajar libremente”, dijo con una sonrisa de oreja a oreja por Radio Nacional.

Iguacel remarcó que “en cada auditoría que se abre por pedido de la Justicia se ve más o menos lo mismo: sobreprecios que van desde el 30 al 70 %, con un promedio del 50 %”. Entre las empresas privilegiadas nombró a Austral, la nave insignia de Lázaro Báez. Y como si no perteneciera al gobierno de la ceocracia, dijo que “aunque el sobreprecio sea del 1 %, está mal y hay que desterrarlo”.

Sin embargo pareció tener una coincidencia casi filosófica con Cristina cuando dijo con gesto adusto que “si hay un vivo, que ese vivo sea llevado a la Justicia y juzgado”.

Alejandro Nieva, miembro de la Auditoría General de la Nación, dijo que esa oficina hizo muchas inspecciones sobre la obra pública durante el kirchnerismo. Incluso dijo que le habían advertido a la expresidente “en numerosos informes sobre la matriz de la realización de la obra pública” que daba lugar al pago “de los sobreprecios y la discrecionalidad que llevó a la corrupción que se está viendo”. Pero como al parecer nadie le dio cabida, definió al funcionamiento conducido por Julio de Vido y José López como “un sistema pergeñado desde arriba para abajo” cuyo primer mentor fue Néstor Kirchner.

Santo chamuyo

La diputada nacional Elisa Carrió, desde uno de los bordes de Cambiemos, prefirió responder haciendo su propio juego. Para ella la cosa pasa por el exministro de Planificación de Néstor y Cristina, Julio de Vido, más que por la propia exmandataria. “De Vido daba la obra con la condición de que ponía la empresa y ponía el precio”, dijo Carrió y agregó que “el punto central es que de De Vido nadie habla. Yo no creo que haya que investigar a todas las empresas, pero sí a las que hicieron grandes negocios. Y acá hay una presión muy grande de todo el establishment para no tocar a De Vido”.

Carrió lanza sus dardos hacia la gestión anterior y al mismo tiempo se ubica como “crítica” de ciertos aspectos del actual gobierno. Según ella Macri tiene la “voluntad de avanzar” pero “hay otros sectores del Gobierno que quieren dos o tres presos para tranquilizar a la sociedad” y mantener lo grueso del sistema de corrupción.

La diputada hizo estas declaraciones en un tema muy resbaladizo. Justamente Macri, el que tendría “voluntad de avanzar”, es un ejemplo claro de empresario protagónico de la trama de negocios privados vinculados a los contratos de obra pública con el Estado.

Como dijo a este diario el periodista de La Nación Carlos Pagni, “los Macri han estado instalados toda su vida” en la obra pública, área en la que se destapó el caso más escandaloso de los últimos tiempos tras la detención de José López.

“Trasparencia” y “buenas prácticas”

Ayer trascendió que el gobierno de Macri estaría por enviar al Congreso el proyecto de Ley de Transparencia y Buenas Prácticas en Obras Públicas. Un texto que, según el ministro del Interior Rogelio Frigerio, “apunta a generar un modelo más claro que el actual”.

El proyecto tendría seis capítulos dedicados al ámbito de aplicación, la publicidad de las licitaciones y adjudicaciones, el control, la unidad de criterios, las incompatibilidades y las sanciones.

Eso sí, según el texto al que accedieron algunos medios, “la máxima autoridad” del organismo estatal que realice las licitaciones para las obras públicas “podrá declarar por razones fundadas la confidencialidad por un período máximo de 5 años”. Al igual que lo hecho por el kirchnerismo, por ejemplo, en el caso de Chevron con la decisión de no dar a conocer los detalles del acuerdo con YPF por Vaca Muerta, el macrismo quiere reservarse el “derecho” a mantener en secreto lo que crea conveniente.

Las buenas prácticas y la transparencia, en todo caso, siempre pueden esperar.

“La obra pública no puede ser sinónimo de corrupción”, dijo Frigerio, como si no fuera ministro del accionista de uno de los grupos económicos crecidos al calor de la dictadura militar y dueño de empresas offshore como las descubiertas por los Panama Papers.

Dicen que faltan ideas

Hace pocos días Myriam Bregman lo planteó con claridad. “Los López, los Jaimes y los De Vidos no podrían existir sin el concurso de los empresarios de la construcción y de todos los capitalistas que vivieron del Estado durante todos estos años, como los Rocca, los Lázaro Báez, los Eurnekian, los Calcaterra y tantos otros empresarios que hace décadas se enriquecen a costa de la obra pública del Estado”.

Ángelo Calcaterra, por caso, es primo de Mauricio Macri y también uno de los grandes beneficiarios de la obra pública durante los últimos años. Se quedó en 2006 con el control de las empresas Iecsa y Creaurban del Grupo Macri y en 2007 creó la compañía ODS. Con conocimiento de causa, hace algunas semanas el mismo De Vido (ensayando una extraña defensa) dijo que Calcaterra integró un consorcio con Lázaro Báez y otros empresarios para construir las represas Kirchner-Cepernic en Santa Cruz, por la módica suma de U$S 5.000 millones. “Les fue muy bien en los 12 años que pasaron”, dijo el exjefe, exsocio y examigo de José López.

En otro ejemplo de íntima relación económica entre adversarios políticos, el gobierno de Macri le quitó hace pocas semanas algunas obras al caído en desgracia Báez para entregárselas nada menos que al magnate del juego, el petróleo y los medios Cristóbal López, socio político y empresarial de a familia Kirchner.

Durante la campaña electoral del año pasado el Frente de Izquierda proponía un Plan de Obras Públicas, infraestructura y viviendas populares basado en impuestos progresivos a las grandes fortunas y bajo gestión de los trabajadores y las organizaciones barriales. A su vez planteaba la derogación de los códigos urbanos que sirven al capital financiero e inmobiliario, la prohibición de desalojos y que el alquiler de viviendas no superara el 20 % del salario mínimo. Y también la urbanización de las villas y asentamientos en base a un plan de emergencia controlado por los vecinos.

“Yo creo que están faltando ideas”, dijo el domingo por televisión Cristina Fernández. Evidentemente no se refería a cómo terminar con la corrupción en la obra pública y mucho menos con los negociados empresariales que se tejen al calor del financiamiento estatal.